UIF investiga a empresas vinculadas al Cártel del Noreste, afirma Claudia Sheinbaum: gobiernos de Tamaulipas y NL les otorgaron contratos

La mañana de este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro personas físicas y 11 empresas mexicanas por presunto lavado de dinero y de supuestamente estar vinculados al Cártel del Noreste, también acusaron de “influir en elecciones”, además Infobae México comprobó que los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas otorgaron contratos a estas empresas, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró al respecto:

“La OFAC, que depende del departamento de tesoro de los Estados Unidos, tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos y recientemente han hecho algunas sanciones. En algunos casos los acompañamos, cuando se informa la UIF y la UIF detecta que hay irregularidades se acompaña este congelamiento de cuentas o está inmovilización de cuentas en otros casos cuando la UIF no encuentra pruebas no se acompaña sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos”, declaró la mandataria.

“Muchas veces plantean que hay vínculo con organizaciones delictivas lo que hemos dicho siempre, ‘dennos las pruebas de porqué dicen que están involucrados con organizaciones delictivas’ porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada y en general esa información no la proveé, entonces en el momento en que la provean se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía, si no hay esa información de que hay muchas irregularidades la UIF tienen la obligación de presentar la denuncia a la fiscalía general de la república y la fiscalía pues hacer las investigaciones correspondientes. Hasta donde me han informado la Secretaría de Hacienda no hay un vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, añadió.

Contratos en Nuevo León desde 2022

CEGESA, empresa sancionada por Estados Unidos y vinculada por sus autoridades al Cártel del Noreste, recibió al menos 109,963,858 pesos en contratos de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León para obras en Anáhuac, durante la administración del gobernador Samuel García. La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que la constructora habría servido para canalizar recursos del grupo criminal hacia campañas políticas.

Los tres contratos otorgados entre 2022 y 2026 correspondieron a trabajos en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional y el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo. La empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. acumuló adjudicaciones para infraestructura de acceso, desarrollo urbano y habilitación de instalaciones fronterizas.

La primera adjudicación ocurrió el 18 de julio de 2022. CODEFRONT asignó a CEGESA 14,984,498 pesos para construir y habilitar el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, conocido como CEFACIL, en el municipio de Anáhuac.

En febrero de 2023, la compañía recibió otros 24,989,586 pesos para el mejoramiento urbano del Parador Turístico del Puerto Fronterizo Colombia. Seis meses después obtuvo 69,989,773 pesos para construir casetas y carriles de acceso en el CEFACIL.

Los contratos fueron firmados por el titular de CODEFRONT

Marco Antonio González Valdez dirigió CODEFRONT desde el inicio de la administración estatal, en octubre de 2021, y firmó los tres contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. El funcionario también encabezó la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León dentro del gabinete de Samuel García.

En esos documentos apareció Gamaliel G. G. como representante y administrador único de CEGESA. Fue accionista mayoritario de la constructora, mientras que su hijo Gamaliel G. E. participó como socio minoritario, de acuerdo con actas del Registro Público de Comercio.

CEGESA fue constituida en marzo de 2016 en Villaldama, Nuevo León, y registró su domicilio en Anáhuac. Para obtener los contratos públicos, declaró ante CODEFRONT como domicilio fiscal una dirección en la colonia Revolución de ese municipio; G. G. y su hijo registraron sus domicilios personales en la misma calle, según el acta constitutiva mercantil.

La OFAC incluyó a CEGESA, a sus propietarios y a otras nueve empresas dentro de un paquete de sanciones contra una red que, según la autoridad estadounidense, estaba bajo control del Cártel del Noreste. Las sociedades abarcaban actividades como construcción, transporte de carga, gasolineras, desarrollos inmobiliarios, venta de materiales y carreras de caballos.

La OFAC describió una red de constructoras y empresas de gas

El informe estadounidense sostuvo que la red operaba como un circuito cerrado: CEGESA obtenía contratos públicos y habría subcontratado a integrantes del Cártel del Noreste para ejecutar las obras. La filial Concretos y Productos Asfálticos del Norte, identificada como COPASA, suministraba materiales de construcción.

También en Tamulipas

COPASA también obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por 1,227,458 pesos en junio de 2025, para suministrar carpeta asfáltica. Inova NLD y Construaceros del Fuerte figuraron en el esquema descrito por la OFAC por sus actividades en desarrollos inmobiliarios e insumos de madera.

El 11 de marzo de 2025 fueron constituidas en un solo acto cuatro de las 11 empresas sancionadas: Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. Las cuatro sociedades estaban enfocadas en Gas L.P., y Garza García aparecía como administrador único en las 11 compañías, de acuerdo con documentos del Registro Público.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló: “La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV, CEGESA, ha sido utilizada por CDN para canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos”. El documento también indicó que G. y su padre habrían entregado dinero en efectivo para financiar a candidatos respaldados por la organización criminal en la región.

G. G. fue identificado por su participación en carreras de caballos en México y Estados Unidos. El empresario controlaba la Cuadra San Dibanh, un establo ubicado en Anáhuac, cuyos caballos competían en el hipódromo La Molienda, en Nuevo Laredo, también sancionado por la OFAC por presuntamente generar ingresos para el cártel mediante cobros a jinetes y espectadores.