
La activista Norma Romero Cortés pidió que su caso sea atendido y pueda acceder a la justicia sin enfrentar, como señala, un proceso de revictimización en el estado de Puebla, tras varios años de litigio donde no ve avance en su caso.
La denunciante mantiene una disputa jurídica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con sede en la capital poblana, derivada de señalamientos contra un exdelegado regional de la institución.
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Romero Cortés sostiene que, después de varios años de procedimientos administrativos y judiciales, no ha recibido una respuesta que considere suficiente frente a los hechos denunciados.
Por ello, solicitó a a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revisen su caso con perspectiva de género, garanticen el debido proceso y atiendan las condiciones de protección que ha reclamado.
No hay avance en la investigación por el alto costo
Uno de los principales puntos de controversia son los más de 73 millones de pesos que, según la denunciante, el Infonavit plantea como posible repercusión económica para solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La notaria aclaró que esa cantidad no corresponde a una indemnización que ella haya solicitado, sino al impacto financiero que el Instituto considera que podría derivarse de la confirmación de una sentencia favorable a su causa.
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«Pesa más en la balanza de sus operadores un argumento económico que la vida y la integridad de una mujer», expresó Romero Cortés al cuestionar la actuación institucional.
Norma Romero denuncia revictimización tras años de litigio

La activista describió su trayectoria jurídica como un “tsunami legal”, debido a la sucesión de denuncias, procedimientos administrativos y recursos judiciales que, afirma, han prolongado el conflicto.
La queja administrativa contra quien se desempeñaba como delegado regional del Infonavit quedó registrada con el número 114/2020. Ante la respuesta de la dependencia, Romero Cortés llevó su exigencia al Congreso de la Unión y solicitó que el asunto se atendiera con perspectiva de género y respeto a sus derechos.
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También acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde su expediente quedó identificado con la clave CNDH/4/2021/917/Q. Asimismo, los hechos dieron lugar a una investigación ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, registrada como FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/0000084/2021.
En el ámbito judicial, el caso incluyó el amparo 657/2021. Posteriormente, el litigio continuó con el amparo 1497/2025, cuya sentencia fue dictada el 26 de febrero de 2026 y, de acuerdo con los antecedentes expuestos por la denunciante, impugnada por el tercero interesado y por la autoridad del Instituto.
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Romero Cortés cuestiona que las posibles consecuencias económicas de esa resolución sean utilizadas para impulsar nuevas actuaciones judiciales. Su exigencia es que el litigio se resuelva conforme a derecho y que las implicaciones financieras para la institución no desplacen el análisis de los hechos denunciados.
Pide protección ante los riesgos que afirma enfrentar

La denunciante asegura que las consecuencias del conflicto han trascendido el ámbito profesional y jurídico. Ha señalado presuntos riesgos para ella, sus colaboradores y familiares, además de denunciar hechos que califica como detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración, cuyo esclarecimiento exige.
También refiere que cuenta con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el expediente MEC/CEN/062/D/0/2022.
En este contexto, pidió que las autoridades investiguen los hechos denunciados, revisen las actuaciones correspondientes y garanticen condiciones efectivas de seguridad. Sus señalamientos forman parte de su versión del caso y corresponde a las instancias competentes determinar las responsabilidades que procedan.
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Advierte que podría acudir al sistema interamericano
Romero Cortés considera que la prolongación de los procedimientos y la falta de una solución satisfactoria pueden desalentar a otras mujeres que buscan denunciar y defender sus derechos. Por ello, insistió en la necesidad de que la igualdad sustantiva se traduzca en respuestas concretas, investigaciones diligentes y mecanismos de protección efectivos.
«¿Qué se necesita en México para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, que la igualdad sustantiva se haga parte de lo cotidiano?», cuestionó.
La activista convocó a organizaciones de mujeres y la sociedad civil a dar seguimiento al caso y exigir rendición de cuentas. También advirtió que contempla acudir al sistema interamericano de derechos humanos si persisten los obstáculos que, desde su perspectiva, enfrenta para acceder a la justicia.
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Para Romero Cortés, su reclamo busca una respuesta que coloque en el centro el acceso a la justicia, la integridad personal y la prevención de la revictimización.
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