La aprobación de la manada

En septiembre, una exalumna de la Universidad Cornell, en el estado de Nueva York, demandó a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla drogado y violado en grupo en 2024. También demandó a la universidad por presunta negligencia. Ninguno de los siete ha sido condenado.

El fiscal del condado de Tompkins señaló que la primera declaración de la denunciante difiere de lo expuesto en la demanda y que el caso volverá ante un gran jurado. Según la querella, en un grupo de Snapchat con decenas de integrantes se hicieron comentarios sobre lo ocurrido, pero nadie intervino.

Más allá de lo que determinen los tribunales, el caso vuelve a plantear una pregunta incómoda que Francia enfrentó con Gisèle Pelicot: ¿qué lleva a hombres aparentemente comunes a participar juntos en una violación?

El juicio por uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de Francia dejó al descubierto una realidad difícil de aceptar: los agresores no siempre encajan en el estereotipo del monstruo.

Durante una década, Dominique Pelicot drogó a su esposa y convocó a decenas de hombres para que abusaran de ella, mientras él grababa las agresiones. Las edades de los acusados oscilaban entre los 21 y los 68 años. El 19 de diciembre de 2024, Dominique fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima prevista para ese delito en Francia, y otros 50 hombres fueron declarados culpables de violación o agresión sexual.

Gisèle rechazó que el juicio se celebrara a puerta cerrada y convirtió su decisión en una forma de denuncia pública. En sus memorias, publicadas en febrero de 2026, mantuvo una postura que ya había expresado durante el proceso: la vergüenza debe cambiar de bando. No debe recaer sobre las víctimas, sino sobre quienes ejercen la violencia y quienes la toleran.

La investigación académica lleva décadas cuestionando la idea de que la violencia sexual sea, ante todo, producto de una enfermedad mental. En los años ochenta, la socióloga Diana Scully entrevistó a 114 violadores encarcelados.

Sus hallazgos, publicados en Understanding Sexual Violence en 1990, mostraron que la mayoría no presentaba una enfermedad mental que explicara sus actos, sino que recurría a justificaciones aprendidas y reproducidas en su entorno cultural.

En 2002, los investigadores estadounidenses David Lisak y Paul Miller encuestaron a cerca de mil 900 universitarios mediante preguntas sobre conductas concretas, sin utilizar directamente la palabra violación.

Alrededor del 6 por ciento describió comportamientos que podían constituir delitos sexuales, y la mayoría de ese grupo reconoció haberlos cometido más de una vez. El resultado cuestionó la idea de que estos delitos son necesariamente episodios aislados perpetrados por desconocidos o individuos fácilmente identificables como peligrosos.

Por su parte, el psicólogo estadounidense Neil Malamuth ha investigado desde la década de 1980 las actitudes y los factores asociados con la agresión sexual masculina. Sus estudios contribuyeron a documentar la existencia de hombres que reconocen una disposición hipotética a cometer una violación bajo determinadas condiciones, como la percepción de que no enfrentarían consecuencias. La impunidad, real o imaginada, también importa.

Pero ¿por qué la violencia sexual puede adquirir una dimensión colectiva?

Una parte de la respuesta está en la presión por obtener la aprobación de otros hombres. En Fraternity Gang Rape (1990), la antropóloga Peggy Reeves Sanday examinó la cultura de las fraternidades universitarias y describió cómo, en determinados entornos, la violación colectiva puede operar como un ritual de pertenencia, reforzado por la complicidad y el silencio.

Cuando la masculinidad se construye sobre la necesidad de demostrar dureza, dominio y ausencia de vulnerabilidad, la pertenencia al grupo puede convertirse en una prueba constante. La aprobación de los compañeros adquiere un peso desproporcionado y la transgresión puede presentarse como una demostración de poder. En ese contexto, participar en la violencia o guardar silencio puede funcionar como una forma de asegurar un lugar dentro de la manada.

No se trata de atribuir estos actos a un supuesto deseo homosexual reprimido ni de relacionar la diversidad sexual con la violencia. Esa interpretación desvía la atención del problema: el ejercicio del poder, el desprecio por el consentimiento y la necesidad de obtener reconocimiento mediante la dominación de una mujer. La complicidad masculina no se explica por la orientación sexual, sino por normas de género y dinámicas grupales que pueden legitimar la agresión.

Los estudios sobre los campus universitarios también han identificado factores preocupantes. Una investigación de Jacqueline Chevalier Minow y Christopher Einolf, publicada en 2009 y basada en 779 estudiantes, examinó la relación entre los espacios universitarios y las agresiones sexuales, incluidas las ocurridas en viviendas de fraternidades.

Por su parte, Taylor Martínez y sus colaboradores estudiaron en 2018 las creencias sobre la violación y las actitudes hacia los agresores en contextos universitarios. Este tipo de investigaciones permite analizar cómo los mitos sobre la violencia sexual pueden dificultar que se reconozcan las conductas abusivas y se cuestione a quienes las cometen.

Uno de esos mitos es que los violadores son siempre individuos excepcionales, fácilmente distinguibles del resto. Si se acepta esa idea, los hombres que estudian, conviven y mantienen relaciones sociales ordinarias quedan fuera de toda sospecha. La violencia se atribuye entonces a un grupo marginal, mientras se minimizan las conductas, las justificaciones y los silencios que pueden sostenerla dentro de comunidades aparentemente respetables.

En el caso de Cornell, según el abogado de la denunciante, solo dos de los siete señalados fueron expulsados. La universidad, por su parte, sostiene que investigó el caso y aplicó sanciones, y rechaza que las consecuencias se limitaran a la elaboración de ensayos. Estas versiones deberán contrastarse con los elementos del procedimiento. La responsabilidad penal de los acusados y la posible responsabilidad institucional corresponden a las instancias competentes.

Nada de esto significa que todos los hombres sean agresores ni que la pertenencia a una fraternidad conduzca inevitablemente a la violencia. Significa que las agresiones sexuales no pueden entenderse únicamente como el resultado de decisiones individuales desvinculadas de su entorno. También es necesario examinar las normas sociales que las justifican, la presión del grupo que las facilita y los mecanismos de silencio que impiden denunciarlas.

La pregunta de fondo, por tanto, no es qué hay de extraordinario en la mente de un violador, sino qué enseñamos a los hombres sobre el valor de pertenecer a un grupo y los límites que deben respetar para formar parte de él.

Si la aceptación de la manada pesa más que la autonomía y la integridad de una mujer, la complicidad seguirá encontrando terreno fértil. Romper ese ciclo exige cuestionar los códigos que convierten la dominación en una prueba de masculinidad, intervenir ante la violencia y dejar de proteger la reputación de los grupos por encima de quienes sufren sus abusos.

La vergüenza, como reclamó Gisèle Pelicot, tiene que cambiar de bando.