CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una puntuación ubicada en el rango rojo o bajo de la escala utilizada por el organismo.

La evaluación cobra relevancia luego de la riña armada registrada en el penal este jueves 8 de octubre, que, de acuerdo con reportes de autoridades estatales, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 lesionadas. Entre las víctimas mortales fueron reportadas nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en una visita familiar.

El diagnóstico de la CNDH, publicado esta semana, se basa en la supervisión realizada durante 2025. El informe no precisa la fecha exacta en que fue comunicado formalmente a las autoridades estatales para atender las fallas.

Sin embargo, el documento sí expone un conjunto de deficiencias relacionadas con la seguridad, la gobernabilidad, la prevención de incidentes violentos, los servicios de salud y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

El Castillo recibió 5.25 de calificación

En el apartado correspondiente a Sinaloa, el DNSP 2025 reportó una calificación estatal de 5.02 puntos. De los dos centros supervisados en la entidad, el Centro Penitenciario El Castillo obtuvo 5.25, mientras que el Centro Penitenciario Goros II registró una puntuación de 4.79.

La escala del diagnóstico de la CNDH clasifica las evaluaciones de la siguiente forma:

• De 0 a 5.9: rango bajo, identificado en rojo.
• De 6 a 7.9: rango intermedio, identificado en amarillo.
• De 8 a 10: rango alto, identificado en verde.

Por ello, la calificación de 5.25 colocó a El Castillo dentro del nivel más bajo de la evaluación nacional.

Durante la supervisión, la CNDH reportó que el penal tenía capacidad para 1,699 hombres y 142 mujeres, mientras que su población era de 1,247 hombres y 42 mujeres. Es decir, el organismo no lo clasificó con sobrepoblación.

El reporte también registró que en El Castillo había cinco mujeres que vivían con cinco hijas o hijos dentro del centro penitenciario.

Falta de custodios, actividades ilícitas y prevención insuficiente de violencia

Entre las principales observaciones de la CNDH está la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, una deficiencia vinculada directamente con las condiciones de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios.

El diagnóstico también señaló la presencia de actividades ilícitas en el penal, sin especificar en ese apartado la naturaleza de dichas conductas ni atribuir responsabilidades individuales.

En materia de prevención, el organismo identificó una insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos. Además, registró una falta de prevención de posibles violaciones a derechos humanos y deficiencias en los mecanismos para atenderlas una vez detectadas.

El documento incluyó como área de atención prioritaria la insuficiencia de vías para presentar quejas por probables violaciones a derechos humanos. Esto significa que la CNDH observó limitaciones en los canales institucionales disponibles para que las personas privadas de la libertad denunciaran hechos o condiciones que consideraran violatorias de sus derechos.

La evaluación añadió deficiencias en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario y carencias o desactualización en reglamentos, manuales, lineamientos y demás disposiciones internas que rigen el funcionamiento del centro.

Estos factores fueron clasificados por la CNDH dentro del rubro de condiciones de gobernabilidad, que contempla aspectos relacionados con el control institucional, la seguridad, el personal de custodia, la normatividad y el respeto a los derechos de la población penitenciaria.

Problemas de salud, alimentación e instalaciones del penal

El informe de la CNDH también documentó fallas en las condiciones de estancia digna dentro de El Castillo.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran los servicios de salud, así como condiciones materiales e higiene deficientes en los espacios destinados al alojamiento de las personas privadas de la libertad.

La CNDH enlistó problemas en los siguientes rubros:

• Deficiencias en los servicios de salud.
• Deficiencias en la alimentación.
• Condiciones materiales e higiene deficientes en dormitorios.
• Instalaciones insuficientes o deterioradas para la comunicación con el exterior.
• Deficiencias en cocina y comedores.
• Condiciones deficientes en el área médica.
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del penal.

El reporte no detalla, en ese apartado, el estado físico específico de cada módulo ni precisa qué reparaciones o inversiones requería cada área.

Clasificación de internos y separación entre procesados y sentenciados

Otro de los hallazgos relevantes fue la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

La CNDH también detectó una separación deficiente entre personas procesadas y sentenciadas, una condición que el organismo considera relevante para la reinserción social, la seguridad institucional y el respeto al principio de presunción de inocencia.

Además, el diagnóstico reportó:

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico.
• Organización y registros inadecuados para el cumplimiento de los planes de actividades.
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.

La clasificación penitenciaria busca que las personas internas sean ubicadas de acuerdo con criterios como su situación jurídica, perfil, necesidades de atención, riesgos de seguridad y condiciones personales. Para la CNDH, las deficiencias en este proceso pueden afectar la convivencia interna, la seguridad y el acceso efectivo a programas de reinserción.

En el caso de El Castillo, el organismo sí reconoció como aspecto favorable la existencia de actividades laborales y de capacitación, así como programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

La riña en El Castillo y la investigación sobre el ingreso de armas

Tras los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo, autoridades estatales informaron que el enfrentamiento se originó entre personas privadas de la libertad y descartaron, en una primera versión oficial, que un grupo armado externo hubiera irrumpido en el penal.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que los disparos comenzaron en el módulo cuatro y posteriormente se extendieron al módulo cinco. Según la versión oficial, la situación fue controlada con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal.

La autoridad reportó el aseguramiento de al menos dos armas cortas calibre nueve milímetros, aunque el origen de las armas y la manera en que ingresaron al penal forman parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado.

Las visitas familiares fueron suspendidas de manera preventiva tras la riña, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.