Sinaloa suma más de 10 mil huérfanos por la narcoguerra sin un solo registro estatal

Un estimado de 10 mil 126 niñas, niños y adolescentes quedaron vinculados a personas desaparecidas en Sinaloa hasta agosto de este año, según documentó la organización Tejiendo Redes Infancia. Esa cifra, la más alta disponible sobre la infancia golpeada por la narcoguerra, no proviene de ninguna dependencia estatal, sino de organizaciones que han seguido el conflicto en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el Gobierno de Sinaloa no cuenta con un registro oficial de menores que perdieron a su madre, padre o tutor por el conflicto armado que enfrenta a facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024. Esa ausencia salió a la luz tras una investigación del semanario Ríodoce, que solicitó cifras a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

Sinaloa no tiene registro oficial de huérfanos por la narcoguerra

La diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela denunció la omisión ante el Congreso del Estado el 6 de octubre, en el que exigió que el DIF Sinaloa y el Ejecutivo estatal diseñen una política pública específica para esos menores.

“La violencia también deja huérfanos. Y lo más grave es que hoy ni siquiera sabemos cuántos son”, cuestionó la legisladora ante el pleno legislativo.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes admitió ante Ríodoce que no posee ningún registro sobre esa población. Sin embargo reconoció la existencia de casos donde el padre, la madre o ambos fueron asesinados por el crimen organizado.

De acuerdo con el reportaje, los menores que quedaron bajo tutela de familiares tras el asesinato de sus padres no reciben ningún acompañamiento institucional, por lo que la familia extensa absorbe esa responsabilidad sin apoyo estatal.

Una respuesta similar obtuvo el medio en Ciudad de los Niños, institución conocida como Casa Paloma Culiacán, que trabaja en coordinación con el DIF estatal. Sus responsables explicaron que no han recibido menores ingresados por la pérdida violenta de sus padres, porque la familia extensa asume la custodia.

Los responsables de Casa Paloma señalaron que corresponde al DIF Sinaloa llevar ese registro. La falta de ese conteo impide dimensionar cuántos niños, niñas y adolescentes enfrentan hoy esa pérdida.

Juan Martín Pérez García habla de “omisión dolosa”

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, explicó al semanario que la Procuraduría tiene la obligación legal de identificar de forma activa a los menores víctimas de la violencia. “Institucionalmente hay obligaciones que se tendrían que instrumentar por parte del DIF Nacional y del DIF Sinaloa. Por ello es que señalo la omisión dolosa, porque se sabe cuál es la obligación legal y se decide evadir esta responsabilidad”, dijo Pérez García a Ríodoce.

El especialista aclaró ante el medio que el objetivo del DIF no es separar a los menores de sus familias, sino acompañarlos para garantizar derechos como educación, salud y acceso a programas sociales. El entorno familiar extenso es el espacio idóneo para el desarrollo de un menor, mientras que el albergue solo debe considerarse como última alternativa.

Asumir que la tutela de un familiar elimina la necesidad de intervención estatal constituye, según el coordinador, un incumplimiento de las obligaciones legales del DIF. Las familias extensas suelen asumir ese cuidado en condiciones de precariedad económica.

La precariedad agrava la vulnerabilidad de esos menores

La pérdida abrupta de un padre o una madre reduce el ingreso del hogar y altera los esquemas de cuidado. Pérez García explicó al semanario que esa acumulación de carencias empuja a la niñez y la adolescencia hacia estrategias de subsistencia como el trabajo a temprana edad.

La orfandad y la desprotección también incrementan el riesgo de bajo rendimiento escolar y de contacto con grupos criminales que operan en las comunidades, advirtió el coordinador. La falta de registro revela un vacío institucional que deja sin cobertura médica, psicológica y educativa a menores que perdieron a su principal sostén.

La ley sinaloense obliga a atender la orfandad

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece en su artículo 45 que la orfandad y el abandono son condiciones de marginación y vulnerabilidad social. Los artículos 44 y 46 obligan a cualquier autoridad que detecte un caso así a solicitar intervención inmediata para aplicar medidas de protección.

Esa misma legislación exige a los gobiernos estatal y municipales implementar programas interinstitucionales de atención integral. Gárate Valenzuela planteó ante el Congreso la creación de un registro estatal protegido, con mecanismos de confidencialidad y protección de datos.

Un programa contra feminicidios aporta las únicas cifras oficiales

El programa Infancias con Futuro, de la Secretaría de las Mujeres, es la única dependencia que documenta menores víctimas indirectas de feminicidio. De acuerdo con su cifras, el organismo registró 56 infancias en orfandad durante 2025, 22 casos en 2024 y siete en el primer bimestre de este año.

Ante la falta de censos oficiales sobre la orfandad por violencia, Tejiendo Redes Infancia elaboró una estimación centrada en los hijos de personas desaparecidas. Esa población no se clasifica legalmente como huérfana, porque a sus familiares se les busca con vida mientras no se confirme su fallecimiento.

Pérez García señaló al medio que esos menores enfrentan condiciones de vulnerabilidad, estigmatización e impacto psicológico similares a las de quienes perdieron a un padre por un crimen violento. Sinaloa figura entre las entidades con mayores incrementos del país entre 2025 y este año, con 1.243 casos adicionales sobre un acumulado de 6.329 personas reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Ese dato se suma al balance de dos años de conflicto armado en el estado. En ese periodo, los registros de la Fiscalía General del Estado documentaron 3.181 homicidios dolosos y 166 feminicidios, cifras que constituyen el trasfondo directo de la orfandad que el DIF Sinaloa no logra contabilizar.

Los Chapitos y La Mayiza cumplieron dos años de guerra

El conflicto que originó la crisis de huérfanos estalló el 9 de septiembre de 2024 en la colonia La Campiña de Culiacán. La pugna enfrentó a dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, tras la entrega del capo Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

El diario Noroeste documentó un acumulado de 3.892 muertes violentas y 4.424 personas privadas de la libertad entre el 9 de septiembre de 2024 y el 23 de septiembre de este año. El mismo registro contabilizó 12.570 vehículos robados en ese período de dos años.

Las cifras oficiales muestran una violencia que no cede

Los homicidios dolosos pasaron de 534 casos en 2023, antes del estallido del conflicto, a 993 en 2024, según datos difundidos por Revista Espejo. La Fiscalía General del Estado registró 1.656 homicidios dolosos durante 2025, el año más violento desde el inicio de la crisis, de acuerdo con la misma publicación.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se duplicó entre 2023 y 2024: pasó de 16.05 a 32.81. La Fiscalía reconoce aproximadamente 4.000 personas desaparecidas desde el inicio del conflicto, mientras que el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. calcula alrededor de 6.500 casos en el mismo período.

La violencia feminicida también se disparó durante los dos años de conflicto. La Fiscalía contabilizó 23 mujeres asesinadas solo en agosto de este año, la cifra mensual más alta desde que existen registros de la dependencia, en 2005.

El Gobierno federal, en cambio, destacó una reducción en la violencia homicida de Sinaloa durante este año. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, reportó una caída de 26.1% en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar enero-agosto de este año con el mismo período de 2025.

Buscan rutas de atención y apoyos familiares

La diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela reclamó una ruta inmediata de atención médica y psicológica para los menores en orfandad, con acompañamiento especializado para el duelo y el trauma derivado de la pérdida violenta de un familiar. Propuso además garantizar becas y mecanismos de permanencia escolar para evitar que la crisis económica del hogar obligue al abandono de los estudios.

La legisladora también pidió crear apoyos específicos para las familias extensas que asumieron el cuidado de esos menores. Abuelas, abuelos y tíos quedaron, en muchos casos, a cargo del sostenimiento económico y emocional de los niños.

“No se puede proteger a quien ni siquiera se ha querido contar”, advirtió Gárate Valenzuela ante el Congreso de Sinaloa. La legisladora sostuvo que la desaparición o muerte de un padre, una madre o un tutor implica para un menor la pérdida simultánea de cuidados, ingresos, estabilidad, vivienda, continuidad escolar y seguridad emocional.

La iniciativa se presentó dos años después del inicio del conflicto armado que originó la crisis de huérfanos en la entidad. La ausencia de un registro estatal impidió, durante ese período, que las autoridades sinaloenses diseñaran programas de atención dirigidos a esa población infantil, y la propuesta de la diputada quedó bajo análisis del Congreso del Estado tras su presentación ante el pleno legislativo.