Doble nacionalidad en México: esta es la ley de EEUU que permite expatriar a sus ciudadanos por ejercer cargos en el extranjero

Mientras el Congreso de la Unión establece la renuncia a la doble ciudadanía como condición para ser candidato a la Presidencia y gubernaturas en México, la legislación de Estados Unidos prevé que ejercer funciones en un gobierno extranjero puede llevar a la expatriación, pero señalando algunas condicionantes.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla que aceptar, ejercer o desempeñar un cargo en el gobierno de otro país puede ser un acto que lleve a la expatriación de un ciudadano estadounidense, aunque esa consecuencia solo procede si la persona actúa voluntariamente y con la intención de renunciar a esa ciudadanía.

La regla está contenida en la Sección 349(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en esta, el Departamento de Estado precisa que la disposición aplica a ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que trabajen para el gobierno de un Estado extranjero o una subdivisión política de éste, cuando además sean ciudadanos de ese país o rindan un juramento de lealtad relacionado con el empleo.

La norma cobra atención en México tras la aprobación de la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que el Senado avaló el dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra.

El Departamento de Estado exige intención de renunciar a la ciudadanía

El Departamento de Estado señala que aceptar un cargo extranjero no provoca por sí mismo la pérdida de la ciudadanía estadounidense.

Para que exista expatriación, la persona debe haber aceptado, ejercido o desempeñado el puesto de forma voluntaria y con la intención de renunciar a su nacionalidad.

La dependencia estadounidense también distingue entre postularse y asumir el cargo. Competir por un puesto en otro país, incluso por la jefatura de Estado, no constituye un acto que pueda llevar a la expatriación. La posibilidad aparece únicamente al aceptar, ejercer o cumplir las funciones del cargo.

El Departamento adopta una presunción administrativa: los ciudadanos estadounidenses pretenden conservar su nacionalidad cuando se naturalizan en un país extranjero, declaran lealtad a otro Estado o aceptan un empleo en un gobierno extranjero que no implique decisiones políticas.

Las personas estadounidenses que ocupen puestos sin funciones de decisión política en gobiernos extranjeros no deben realizar trámites para conservar su ciudadanía.

Quien busque un Certificado de Pérdida de Nacionalidad Estadounidense bajo la Sección 349(a)(4) debe demostrar de manera clara y fehaciente que tuvo la intención de renunciar a ella.

Estados Unidos revisa cargos de jefe de Estado, jefe de gobierno o canciller

En los casos de ciudadanos estadounidenses que ocupen puestos de responsabilidad política, el Departamento de Estado puede preguntar por sus intenciones respecto de su nacionalidad.

De manera general, la dependencia revisa activamente los casos de quienes sean electos o designados como jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores de otro país.

El Departamento indica que esos puestos plantean cuestiones de derecho internacional, entre ellas el grado de inmunidad ante la jurisdicción estadounidense que podría corresponder a la persona que desempeñe el cargo.

Quien ejerza una de esas funciones y no pretenda renunciar a la ciudadanía estadounidense puede presentar voluntariamente una declaración ante el Departamento de Estado o hacerla pública.

Si desea perder la nacionalidad, puede solicitar un Certificado de Pérdida de Nacionalidad en una embajada o consulado de Estados Unidos.

La reforma mexicana exige nacionalidad única para cargos ejecutivos

La reforma aprobada en el Senado modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Las personas que ya tengan otra ciudadanía deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas, bajo los términos que definan las leyes secundarias. La modificación también contempla el uso de pasaporte o documentos extranjeros, el ejercicio de derechos políticos de otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro Estado.

Durante la discusión, el oficialismo sostuvo que se trata de un requisito para responsabilidades vinculadas con conducción política, seguridad nacional y relaciones internacionales.

En respuesta, políticos de oposición acusaron que la medida limita derechos políticos de personas mexicanas con doble nacionalidad.

La American Society of Mexico, presidida por Larry Rubin, expresó que la doble nacionalidad no debe considerarse una presunción de falta de lealtad hacia México.

La disposición comenzaría con el proceso electoral de 2028

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó hoy que la reforma será aplicable a partir del proceso electoral de 2028 y tendría efectos en los comicios de 2030.

Alcalde explica que el decreto ya cuenta con la aprobación de ambas cámaras y de 20 entidades federativas. Añadió que un artículo transitorio establece que “lo dispuesto en este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al 2028”.

La funcionaria sostuvo que la reforma no puede aplicarse al proceso electoral inmediato porque la legislación impide modificar reglas que rijan una elección próxima.

“La ley establece que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego en una elección que ya viene”, dijo.

La precisión ocurre después de la polémica por la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín, designada por Morena como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit. Bugarín nació en California, Estados Unidos, y después se naturalizó mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum señala el 30 de septiembre que debía revisarse la Constitución de Nayarit para determinar si Bugarín podría participar en una candidatura estatal.

La legisladora emitió después un comunicado en el que sostiene que su lealtad está con México y que realizó trámites ante la SRE para renunciar a la nacionalidad estadounidense.