Anabel Hernández responde a Sheinbaum: rechaza haber obstruido justicia en caso Ayotzinapa por asilo a exjuez

La periodista Anabel Hernández rechazó haber obstruido la justicia en el caso Ayotzinapa al responder a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la señaló como responsable de que el exjuez de Barandilla, Ulises Bernabé García, obtuviera asilo político en Estados Unidos.

La periodista sostuvo que su testimonio fue uno entre más de 60 pruebas documentales presentadas durante el proceso migratorio y que fueron cuatro jueces estadounidenses, en dos instancias distintas, quienes resolvieron el caso.

La confrontación comenzó el 28 de septiembre, cuando el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa afirmó en conferencia de prensa que un “testigo experto” —sin mencionar su nombre— fue determinante en el proceso que derivó en el asilo de Bernabé García, atribuyéndole con ello la imposibilidad del gobierno mexicano para lograr su extradición. Un día después, Sheinbaum retomó el mismo señalamiento en su conferencia matutina, pero esta vez lo relacionó directamente con Hernández.

“Recuerden que hay una línea de investigación dicha por los propios estudiantes que quedaron vivos, que estuvieron en la Barandilla. El principal juez de la Barandilla se fue a Estados Unidos, estamos pidiendo su extradición. ¿Quién fue quien utilizaron como testigo, lo voy a decir, en Estados Unidos para decir que los estudiantes no estuvieron en la Barandilla? Anabel Hernández”, dijo la mandataria.

La periodista respondió calificando la acusación de “equivocada” y atribuyéndola a la frustración del gobierno por no resolver el caso.

“Me parece que la presidenta de México está canalizando de manera equivocada su frustración, su falta de pericia de su equipo de gobierno para poder resolver un caso tan sensible como es el caso Ayotzinapa. Y me parece que en esta frustración y en el fracaso de su gobierno para encontrar a los estudiantes y poder dar con la verdad de lo que pasó ahí, prefiere cargarle la responsabilidad a una periodista, no al Ejército que estuvo en esas calles, no a la Policía Federal, no a la Policía Ministerial, no a la PGR, sino a una periodista”, señaló Hernández García.

El testimonio sólo fue una prueba entre 61 documentos presentados

Anabel Hernández explicó que su participación en el juicio migratorio ocurrió a solicitud de la abogada Margo Cowan, quien representó de manera pro bono a Bernabé García ante las autoridades de inmigración estadounidenses. Según la periodista, Cowan presentó 61 pruebas para sustentar la solicitud de asilo, entre ellas informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, artículos de Proceso, documentos de Interpol, su libro La verdadera noche de Iguala y materiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Adjudicarme que es esta la responsabilidad se equivoca, porque incluso en el fallo judicial la propia jueza determinó que no era por mi testimonio, sino por todo el cúmulo de pruebas y elementos, dados incluso por el gobierno de México”, afirmó.

La periodista detalló que la resolución inicial a favor de Bernabé García se emitió en enero de 2020 y fue ratificada en junio del mismo año. Tras esa primera determinación, el Departamento de Seguridad Nacional impugnó el fallo y llevó el caso ante una instancia superior. En ese segundo procedimiento ella no fue convocada como testigo, y aun así tres jueces ratificaron de manera unánime la determinación original.

“Estamos diciendo que cuatro jueces de Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un tema tan sensible [...] determinaron darle el asilo político a Ulises Bernabé García”, sostuvo Hernández, quien subrayó que los trámites de asilo son prolongados y que son contados los casos en que se conceden.

Cuestionó que el gobierno no detuviera al exjuez en siete meses

Hernández documentó que Bernabé García acudió a declarar ante autoridades mexicanas en dos ocasiones distintas antes de salir del país: el 27 de septiembre de 2014, junto con otros policías municipales, y en noviembre del mismo año ante oficinas de la entonces Procuraduría General de la República en Iguala. En ninguna de esas dos ocasiones fue detenido.

De acuerdo con el expediente del juicio migratorio en una corte de Texas, el exjuez ingresó a Estados Unidos hasta abril de 2015, siete meses después de los hechos de Iguala. Para Hernández, ese margen de tiempo desmintió la versión de que su intervención como testigo impidió la detención del funcionario.

“Si el gobierno de México hubiera querido detenerlo, tuvo dos oportunidades y después pudo haberlo hecho en cualquier otro momento antes de que él se moviera”, sostuvo.

La periodista vinculó ese hallazgo con la investigación que publicó junto con el periodista Steve Fisher, titulado La noche de Iguala, el derrumbe de la verdad histórica, en el que documentaron con registros del C4 la presencia del Ejército mexicano en las calles de Iguala esa noche, información que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, había negado de manera oficial.

Acusó a Sheinbaum de usar el caso como cortina de humo

Hernández sostuvo que el señalamiento presidencial buscó distraer la atención de otros temas que la involucran, en particular la publicación de su libro Narcocracia, en el que vincula al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, y un reportaje reciente del diario The New York Times sobre una investigación en Estados Unidos contra Andy López Beltrán por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Mientras mis investigaciones acuciosas, profesionales, que se realizan en los máximos estándares de periodismo internacional, se van confirmando, la presidenta se va enojando y es ahí donde viene el acoso”, declaró. Recordó que ya había publicado señalamientos contra López Beltrán en su libro Historia secreta.

La periodista comparó el trato que recibió con el que, según ella, tuvo el caso de Rocha Moya, al que Sheinbaum exigió pruebas suficientes para proceder con una extradición sin presentarlas públicamente. Hernández llamó a la presidenta “encubridora” por lo que consideró un patrón de exoneraciones y acusaciones sin sustento judicial verificable.

Señaló que las nuevas líneas de investigación ya eran conocidas

La periodista cuestionó que varias de las líneas presentadas como hallazgos recientes por la FGR ya hubieran sido documentadas con anterioridad. Mencionó el análisis de comunicaciones telefónicas vinculadas con el estudiante Julio César Mondragón y con una funeraria de Iguala, elementos que, según ella, fueron expuestos desde 2015 y 2016 por el GIEI y por la comisión que encabezó Encinas.

Afirmó que el actual titular de la comisión utilizó de manera selectiva los mensajes recopilados durante la gestión de Encinas entre el capitán Martínez Crespo y el entonces titular del 27 Batallón de Infantería: retomó una parte de esas comunicaciones para sostener la tesis de una participación militar coordinada, pero descartó otras que no encajaban con esa narrativa.

“Esto ya lo dijo la propia Buitrago, esto lo ha dicho el propio abogado de los padres de los estudiantes. No hay nada nuevo en realidad, no hay nada nuevo en el caso”, declaró, en referencia a la exintegrante del GIEI Ángela Buitrago.

Hernández también negó la existencia de un estudiante sobreviviente que hubiera presenciado el traslado de normalistas a la base de la Policía Municipal de Iguala, versión que atribuyó a Sheinbaum. Explicó que la primera referencia a ese traslado provino de un dirigente estudiantil identificado como “La Parca”, quien en su declaración ministerial original aclaró que se trataba de información que le habían comunicado, no de un hecho presenciado directamente.

Respecto de los cuatro policías municipales y los dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos mencionados en las investigaciones actuales, la periodista aseguró que sus nombres y declaraciones ya figuraban en su libro publicado en 2016, y que todos ellos fueron sometidos a tortura según los peritajes correspondientes.

Cuestionó además una incongruencia entre los dos casos de teléfonos presentados por la fiscalía como prueba de que estudiantes fueron llevados a Barandilla: mientras que en un caso la persona vinculada permaneció detenida, en el otro no se informó de ninguna detención pese a tratarse de evidencia de peso similar. “A mí me surgen preguntas porque si fuera tan clara y tan contundente esa información, yo digo, estaría igual de detenido como los otros”, planteó.

“Lo que nos está diciendo la resolución del gobierno de Estados Unidos de no dar la extradición [...] es porque el gobierno de México no ha sido capaz de presentar pruebas”, afirmó.

La periodista insistió en que su función como reportera de investigación no consistía en determinar responsabilidades penales. “A una periodista no le toca decir quién es culpable o quién es inocente. A mí lo que me corresponde [...] es poner las piezas sobre la mesa, incluyendo las piezas que se contraponen”, concluyó.

La FGR presentó el hallazgo del teléfono de Barandilla como nueva prueba

En la misma semana, durante una conferencia de prensa sobre los avances del caso, la FGR presentó como hallazgo el uso posterior del teléfono celular del estudiante Israel Caballero Sánchez, equipo que, según las autoridades, fue utilizado por la esposa de un exservidor público adscrito a la comandancia de Barandilla el día de los hechos.

La fiscalía sostuvo que ese hallazgo contradijo la declaración de Bernabé García, quien afirmó que únicamente seis personas detenidas ingresaron a esa instalación la noche del 26 de septiembre de 2014. Para sustentar esa línea, las autoridades reunieron siete declaraciones: cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente.

El gobierno mexicano mantuvo pendiente ante el Departamento de Estado de Estados Unidos el procedimiento de extradición de Bernabé García. En septiembre de 2025, durante una visita a México del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Sheinbaum solicitó directamente su intervención para lograr la comparecencia del exjuez ante autoridades mexicanas.

La fiscalía detalló también los resultados de un reanálisis de registros telefónicos que llevó a cateos en la funeraria El Ángel, propiedad de la familia Rueda Mazón, la misma que operaba el servicio médico forense de Iguala. En el lugar se hallaron certificados de defunción firmados y sellados en blanco, un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un horno crematorio clandestino y restos óseos sin registrar.

Uno de los restos localizados coincidió genéticamente con un fragmento hallado en 2021 en Taxco, Guerrero, a 123 kilómetros de distancia. A partir de estos hallazgos, la fiscalía obtuvo siete órdenes de aprensión el 17 de junio de 2026 contra integrantes de la familia Rueda Mazón y contra tres exfuncionarios, entre ellos un médico legista que estaba adscrito a Barandilla el día de la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo con cifras oficiales, la unidad de investigación del caso mantuvo 162 expedientes abiertos —entre averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales— y 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 permanecían detenidas.