La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras incorporarlo a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) este 29 de septiembre. La medida fue confirmada por autoridades mexicanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como operador político vinculado al Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que Carlos Torres usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger sus operaciones de la intervención de las autoridades en Baja California. El empresario mantuvo, según la designación estadounidense, una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que controla la plaza de Mexicali para Los Mayos.
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La OFAC acusó a Torres de recibir sobornos mensuales para proteger al cártel
El Tesoro estadounidense afirmó que Calos Torres recibió pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Ese esquema de sobornos se convirtió en el eje de la red de narcocorrupción que la autoridad estadounidense documentó en Baja California.
El hermano del empresario, Luis Alfonso Torres Torres, fue señalado como el responsable de recibir esos sobornos y de blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. La OFAC sancionó cinco empresas vinculadas a Luis Torres: Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
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El comunicado del Tesoro precisó que el Departamento de Estado ya le había revocado la visa a Carlos Torres en mayo de 2025, medida que en ese momento citó su afiliación al cártel. La designación de este 29 de septiembre se sustentó en la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a la proliferación de drogas ilícitas, y en la 13224 enmendada, que apuntó a terroristas y sus patrocinadores.
La UIF confirmó el bloqueo inmediato de las cuentas de Torres
El comunicado oficial emitido por la Secretaría de Hacienda no mencionó a Carlos Torres en específico, pero detalló que, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos, la UIF identificó entre los 46 sujetos designados operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Torres formó parte de esa designación estadounidense, por lo que quedó comprendido en la medida.
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Ese hallazgo motivó la incorporación de los 46 sujetos -personas y empresas-, entre ellos Carlos Torres, a la Lista de Personas Bloqueadas.
Una infografía de la UIF consultada por Infobae México precisó en qué consiste exactamente esa medida: la lista “suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras” con los clientes incorporados a ella. El documento amplió, con ese material técnico, lo que el comunicado oficial había anunciado en términos generales.
La misma infografía explicó además el mecanismo de integración a la lista: parte de reportes financieros y avisos de actividades vulnerables, y requiere “indicios suficientes” de una presunta cooperación con recursos de procedencia ilícita para incorporar a una persona. El documento precisa también que la lista mantiene carácter confidencial.
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Hacienda subrayó en su comunicado que la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implicó la acreditación de responsabilidad alguna. La dependencia calificó la medida como una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación estadounidense.
En Estados Unidos, la designación de la OFAC implicó consecuencias adicionales para Carlos Torres: todos sus bienes e intereses patrimoniales en ese país, o en posesión de personas estadounidenses, quedaron bloqueados. Las regulaciones de la OFAC prohíben además cualquier transacción de personas estadounidenses que involucre sus activos, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones a su nombre podrían enfrentar sanciones secundarias.
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Carlos Torres y el resto de los señalados cuentan con 10 días hábiles para presentar su defensa ante la UIF
El comunicado oficial de Hacienda estableció que las personas incorporadas a la lista, entre ellas Carlos Torres, cuentan con los medios de defensa previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales. El documento no precisó el plazo exacto de ese mecanismo.
La infografía de la UIF consultada por Infobae México sí detalló el plazo: la ley establece la garantía de audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a que la institución financiera notifica al cliente su inclusión en la lista. El procedimiento debe presentarse mediante escrito ante la Oficialía de Partes de la unidad.
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El exesposo de la gobernadora negó vínculos con el crimen organizado
Este mismo martes 29 de septiembre, Carlos Torres respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro con un comunicado público en el que rechazó de forma tajante cualquier nexo con el crimen organizado. “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, afirmó, y anunció que iniciará gestiones ante la OFAC para revertir la designación.
El exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda acotó su participación empresarial a un solo negocio de los señalados por el Tesoro estadounidense: posee el 30% de las acciones de Vida Orgánica Tijuana, empresa que opera el mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico” en la colonia Lomas de Agua Caliente. El negocio reporta, según sus propias cifras, ventas mensuales cercanas a los 570 mil pesos.
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Torres atribuyó el origen de las acusaciones a denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República desde 2025, y reclamó que ninguna autoridad lo ha citado a comparecer para desmentir lo que calificó de mentiras. Se dijo el principal interesado en que las diligencias avancen, con el objetivo de demostrar que no tiene relación con los hechos que investiga el gobierno estadounidense.
El exfuncionario ocupó hasta el año pasado el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, un puesto sin sueldo al que llegó en octubre de 2024. Militó en el PAN antes de integrarse a Morena en 2019, año en el que también contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda, unión que la gobernadora dio por disuelta en octubre de 2025.
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