Emilio Montero, ligado al alcalde de Juchitán, renuncia al Instituto de Educación Pública de Oaxaca

La tarde de este 25 de septiembre de 2026 ha trascendido en medios de corte nacional y local la renuncia del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, quien fue el antecesor del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y con quien tendría una relación cercana tras haberse lanzado como funcionario en el gobierno de Salomón Jara Cruz.

El exfuncionario llevaba ejerciendo el cargo desde 2022, cuando decidió dejar la alcaldía de Juchitán y trabajar en la administración de Salomón Cruz. Su salida se da en medio del escándalo que ha roto la confianza ciudadana en el gobierno local, ya que Sánchez Altamirano es acusado por extorsión agravada y el delito contra la Seguridad del Estado.

Emilio Montero, un perfil cercano a Miguel Sánchez y Salomón Jara

Montero Pérez solicitó licencia al cargo como edil de Juchitán de Zaragoza tras aceptar incorporarse a la dependencia de Educación Pública de Oaxaca, su última aparición en funciones fue el pasado 23 de septiembre, cuando encabezó un evento en la Secundaria Técnica No. 252 de Santa María Coyotepec, frente a decenas de estudiantes y padres de familia.

Cabe recordar que, la mañana de ese miércoles fue detenido el alcalde Miguel Sánchez Altamirano cuando se encontraba en un evento para entregar una obra de la Secretaría de Marina. El político acusado fue quien sucedió a Montero Pérez en 2022, posteriormente, contendió para el periodo de 2025-2027, donde ganó la elección y continuó su mandato.

Medios locales y la agencia Quadratín Oaxaca precisaron que la renuncia llegó este viernes, tras la presión generada al interior del gobierno de Salomón Jara, ya que los señalamientos de corrupción, alcanzan a Emilio Montero, quien es identificado como el operador político del alcalde recluido en el Altiplano.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por la dependencia educativa, sin embargo, periodistas de la región citaron un mensaje de despedida enviado por Montero Pérez tras presentar el documento que lo deja fuera de la administración estatal.

Montero Pérez dobletea en la administración pública

El 24 de septiembre se dio a conocer que el funcionario del IEEPO también tenía nómina activa en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, el monto cobrado supera los 18 mil pesos.

Lo anterior, también habría sumado presión a Montero Pérez, razón por la que decidió presentar su renuncia. Al cierre de esta nota ninguna dependencia ha señalado al exalcalde de estar coludido con Miguel Sánchez Altamirano, sin embargo, sí lo pone en al centro del escrutinio público debido a su cercanía.

En 2025, medios locales calificaban el actuar del extitular del Instituto de Educación como “si fuera el presidente municipal”, además, ya pesaban los señalamientos de “desestabilización del gobierno local” contra el “Quetu”.

Gobierno de Juchitán podría desaparecer tras solicitud de Salomón Jara

Ante la desestabilización que ha generado el actuar de el Quetu, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, instruyó al secretario de Gobierno estatal para que solicite al Congreso local la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. La medida busca abrir paso al nombramiento de un encargado de la administración municipal que conduzca temporalmente los asuntos públicos del municipio.

El vacío de poder se agravó porque el suplente Mariano Rosado López no se presentó a asumir el cargo tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, capturado el 23 de septiembre por presuntos nexos con Los Cromos, célula del CJNG. Un juez le dictó prisión preventiva en el penal del Altiplano, junto con Carlos Alberto de la Paz, alias “La Parka”, tras calificar de legal su detención.

La crisis institucional también derivó en la aprehensión del excomisionado de seguridad municipal, John Keny Moreno, y en el retiro de 28 armas largas, 27 cortas y más de 2 mil cartuchos de la Policía Municipal por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ante la falta de condiciones jurídicas para su resguardo.