
Al menos 2.6 millones de hogares en México enfrentaron alguna restricción en el acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato corresponde a 6.5% de los hogares incluidos en el levantamiento, realizado en poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas. La encuesta fue levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con el 15 de octubre como fecha de referencia.
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El indicador no se limita a preguntar si una familia tenía comida disponible, sino que identifica situaciones de restricción alimentaria asociadas específicamente con la falta de dinero o recursos. Entre las variables que se utilizan para medir este tipo de condiciones están la reducción de alimentos, comer menos de lo necesario, sentir hambre y no comer o, en casos más severos, dejar de comer durante todo un día.
Tabasco y Oaxaca, entre las entidades con mayores restricciones
Las diferencias territoriales son amplias. Tabasco presentó la proporción más elevada del país, con 15.3% de los hogares, seguido de Oaxaca, con 10.1%.
La concentración también aparece cuando los resultados se observan a escala municipal. Entre los 753 municipios para los que la encuesta permite este tipo de estimaciones, San Martín Peras, Oaxaca, registró 47% de los hogares con alguna restricción alimentaria, la proporción más alta reportada.
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En segundo lugar se ubicó Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, con 41.6%.
El comportamiento regional coincide con problemas alimentarios que ya habían sido identificados por mediciones anteriores. En su diagnóstico sobre el derecho a la alimentación, el entonces Coneval reportó que en 2022 18.2% de la población mexicana presentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Tabasco registraba 38.9%, Guerrero 31.5% y Oaxaca 28.6%, entre las proporciones más elevadas.
Aunque las mediciones no son idénticas —la EIC 2025 reporta hogares con restricciones alimentarias y el indicador de Coneval incorpora dimensiones adicionales de seguridad y calidad de la alimentación—, ambas muestran que las mayores dificultades se concentran de manera importante en entidades del sur del país.
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Menores, otro foco de la falta de recursos
La Encuesta Intercensal también encontró situaciones de hambre entre hogares donde viven menores de edad.
3.9% de los hogares reportó que algún integrante menor de 18 años sintió hambre, pero no comió por falta de dinero o recursos. Tabasco volvió a registrar la proporción más alta, con 9.5%, seguido de Guerrero, con 6.1%.
La medición contempla además situaciones como que los menores coman menos de lo necesario, que se reduzca la cantidad servida o que tengan una alimentación basada en una variedad limitada de alimentos.
El problema ocurre en un contexto donde los ingresos provenientes de programas gubernamentales tienen una presencia creciente en los hogares. La EIC 2025 reportó que 41.4% de los hogares recibió recursos monetarios de programas sociales federales o estatales, frente a 25% en 2020. Guerrero, Oaxaca y Chiapas registraron las mayores proporciones.
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Especialistas piden focalizar los apoyos
Para Carlos Hernández García, director de Análisis en Vardez Capital, las cifras reflejan un problema relacionado con el poder adquisitivo: la existencia de alimentos no garantiza que las familias puedan comprarlos si sus ingresos son insuficientes o inestables.
El especialista planteó, en declaraciones a El Universal, que se requieren apoyos dirigidos a los hogares más vulnerables, además de medidas de mayor alcance relacionadas con empleo formal, mejores ingresos y productividad.
Por su parte, Clemente Ruiz Durán, investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, consideró necesario revisar los programas de alimentación existentes y vincularlos con la información generada por el Inegi para identificar las zonas con mayores necesidades.
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La propia Encuesta Intercensal fue diseñada, entre otros objetivos, para aportar información que permita orientar la planeación y ejecución de políticas públicas hasta el nivel municipal. Además, los programas federales de alimentación contemplan la identificación de localidades con carencias para ampliar el abasto social.
El panorama deja así una diferencia marcada entre entidades y municipios: mientras el promedio nacional de hogares con restricciones alimentarias fue de 6.5%, en algunos municipios del sur la proporción llegó a representar casi la mitad de las viviendas.
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