Ley de IA avanza en México mientras enfrenta el reto de invertir en tecnología propia

La discusión sobre una ley general para regular la inteligencia artificial (IA) avanza en México con la meta de concretarse hacia finales de 2026, ante esto especialistas advirtieron que el país aún enfrenta desafíos para definir una visión nacional y desarrollar capacidades tecnológicas propias.

Durante la mesa de análisis “Regulación de la IA en México”, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, legisladores y expertos coincidieron en la necesidad de establecer un marco general que permita atender los riesgos de esta herramienta sin frenar su desarrollo, destacando la propuesta sobre la creación de una estrategia nacional que articule a los distintos sectores.

El debate también puso sobre la mesa un desafío que va más allá de establecer reglas: determinar qué papel busca desempeñar el país ante la transformación tecnológica, ya que para los participantes, la regulación debe acompañarse de inversión, infraestructura, información aprovechable y capacidades nacionales que permitan al país participar en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de IA.

¿Qué plantea la ley general de IA?

El senador Rolando Zapata Bello defendió una iniciativa basada en principios, flexible y construida con la participación de los sectores público, privado, social y académico. También propuso que la norma establezca la obligación del Estado mexicano de expedir una estrategia nacional sobre inteligencia artificial.

Su planteamiento contempla diferenciar entre sistemas considerados de riesgo y aquellos que puedan sujetarse a esquemas de autorregulación. Por su parte, el diputado Hugo Luna Vázquez coincidió en la necesidad de una ley general, aunque planteó que sea breve y funcione como un “plan de vuelo”.

Bajo esta perspectiva, los desafíos particulares podrían abordarse mediante modificaciones específicas en ámbitos como salud, educación, sistema financiero y propiedad intelectual. Pablo Pruneda Gross consideró que el país llegó tarde al debate regulatorio y planteó aprovechar las experiencias de los modelos europeo, estadounidense y chino, sin reproducirlos de manera directa.

México enfrenta el reto de desarrollar tecnología propia

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, centró la discusión en una pregunta sobre el papel que México pretende desempeñar ante esta transformación, y a su vez, advirtió sobre la falta de inversión, infraestructura y capacidades para crear tecnología propia.

Además, cuestionó la posibilidad de establecer reglas antes de comprender a profundidad los sistemas, modelos y algoritmos que se busca regular. “El Estado no es el gobierno, somos todos”, señaló al destacar la importancia de integrar al diálogo a autoridades, empresas, sociedad civil, especialistas y usuarios.

Alberto Farca, también de Centro México Digital, aseguró que se necesita una visión nacional acompañada de estrategias específicas para ámbitos como salud y educación, así como una política industrial.

La transformación de la información

“Datos, datos, datos”, resumió Farca al llamar a transformar los registros disponibles en información utilizable, en lugar de mantenerlos únicamente en documentos sin capacidad de explotación.

Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM, planteó que antes de aprobar una reforma es necesario definir para qué se quiere regular, quién aplicará las disposiciones y con qué recursos. También señaló la necesidad de construir capacidades y una gobernanza en la que participen empresas, usuarios y especialistas.

Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, consideró que la regulación de IA también representa una cuestión de estrategia industrial y llamó a identificar qué capacidades debe desarrollar México y cuáles puede complementar mediante socios. Daniel Mancilla, del Consejo de Expertos en la ANIA, agregó que las iniciativas legislativas reflejan la falta de una visión común, mientras otros participantes señalaron la dispersión normativa y la necesidad de incluir la protección de datos personales en la discusión.