
Diez personas fueron acusadas formalmente en Filadelfia por integrar una organización de narcotráfico que se coordinaba con un cártel de drogas mexicano para transportar cocaína hacia territorio estadounidense. El operativo, liderado por el FBI, derivó en la incautación local de más de 8 millones de dólares en cocaína y varias armas de fuego, además de 17 millones de dólares en droga en total junto con colaboradores de otros distritos.
El fiscal federal David Metcalf anunció el desmantelamiento durante una conferencia de prensa esta mañana. Según la acusación, la organización introducía cocaína por un valor de entre 5 y 10 millones de dólares cada mes en las calles de la ciudad.
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La coordinación con el cártel mexicano
La organización, identificada en la causa como la DTO Jones-Basley, se coordinaba con un cártel de drogas mexicano para transportar cientos de kilogramos de cocaína desde México hasta Filadelfia. Ese vínculo internacional es el elemento que llevó a encuadrar el caso dentro de una iniciativa federal de mayor alcance.
Según la acusación formal, la red local dependía de ese cártel para el suministro constante de cocaína, que luego distribuía en la ciudad por un valor mensual de entre 5 y 10 millones de dólares. Esa dependencia del abastecimiento transnacional convirtió el caso en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden federales.
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El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Según se informó, el HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Filadelfia está codirigido por Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI. Entre los organismos asociados se incluyen la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
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Los líderes de la organización
La acusación señala a Gregory Jones, alias “Smallz”, de 48 años y residente de Filadelfia, y a Edward Basley, alias “Beeb”, de 47 años y residente de Wayne, Pensilvania, como líderes de la organización. Ambos enfrentan cargos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y de posesión con intención de distribuir la misma cantidad.

Jones enfrenta además un cargo adicional por posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a menos de 305 metros de una escuela primaria. Basley, por su parte, fue acusado de posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico.
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Magnitud del operativo y las incautaciones
El fiscal Metcalf detalló que la investigación resultó en la incautación local de más de 8 millones de dólares en cocaína y varias armas de fuego. En total, junto con colaboradores de otros distritos, se incautaron más de 17 millones de dólares en cocaína durante el transcurso de la pesquisa.
“Como resultado de este caso, se han incautado camiones cargados de cocaína, evitando así que inunden nuestra ciudad”, declaró Metcalf. Agregó que la investigación continúa y que se esperan más arrestos.
Los coacusados y los arrestos
Ocho personas fueron señaladas como coacusadas de Jones y Basley: Shawn Bell, de 54 años, de Cheltenham, Pensilvania; Jabari Savage, de 46 años; Renard Brown, de 43 años; Jermaine Singleton, de 52 años; Farid Haddad, de 48 años; y David McField, de 43 años, todos de Filadelfia; Orenthial Bailey, de 50 años, de Temple, Texas; y Eduard Amador, de 38 años, de Manassas, Virginia.
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Todos ellos fueron acusados de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. La acusación formal alega que son miembros activos o asociados de la organización Jones-Basley.
Cinco de los acusados fueron arrestados ayer por el FBI en operaciones coordinadas. Los otros cinco ya se encontraban bajo custodia estatal o federal al momento de la acusación.
Declaraciones de las autoridades
El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, señaló que el narcotráfico no se limita a la transacción y que su impacto puede extenderse mucho más allá de quienes participan en la actividad delictiva, poniendo en riesgo a familias y comunidades. “Ninguna agencia puede realizar este trabajo sola”, afirmó Jacobs, quien agradeció a la Policía de Filadelfia y a la Fiscalía de los Estados Unidos por su colaboración.
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El comisionado de policía de Filadelfia, Kevin Bethel, calificó la investigación como un ejemplo de lo que se logra cuando las fuerzas del orden locales y federales trabajan juntas. Señaló que las organizaciones de este tipo fomentan la violencia, desestabilizan los barrios y causan un daño tremendo en las comunidades, y expresó reconocimiento a los miembros de su departamento asignados al grupo de trabajo.
Marco legal e institucional
De ser declarados culpables, todos los acusados se enfrentan a penas máximas de cadena perpetua. Los cargos y alegaciones que figuran en la acusación formal son meras acusaciones: todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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El caso fue investigado por el FBI y el Departamento de Policía de Filadelfia, con la colaboración de la DEA, la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania, la Oficina de Investigación de Narcóticos de la Fiscalía General de Pensilvania, la Patrulla de Carreteras de Tennessee, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee, la Policía Estatal de Delaware, la Policía Estatal de Maryland y la Policía Estatal de Virginia.
Los fiscales federales adjuntos Lauren Stram y Christopher Parisi están a cargo del caso, que se tramita ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.
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