No hay pruebas contra Osorio Chong por desvío de 65 mdd en Policía Federal, asegura Buen Gobierno

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, descartó que haya pruebas contra Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el gobierno del exprfesidente priista Enrique Peña Nieto, por el desvío de 65 millones de dólares en la entonces Policía Federal.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal explicó que las carpetas de investigación se realizan conforme a las pruebas, que en este caso son documentos firmados por alguna autoridad.

Sin embargo, precisó que al momento “no existe ningún documento que esté firmado por el secretario” o que lo vincule con el desvío de los recursos.

“Nosotros tenemos que armar las carpetas con pruebas y las pruebas son documentales y normalmente las pruebas documentales son documentos firmados por alguna autoridad.

“Entonces, cuando hay un documento firmado por una autoridad, pues está involucrado y se puede procesar y vincular a proceso. Cuando no hay nada que vincule, no tenemos pruebas que involucren al secretario”, dijo en Palacio Nacional.

Señaló que a esto se suma los niveles de autoridad dentro del organismo, en los que Osorio Chong figura en el sexto o séptimo nivel.

“Estaba el secretario, luego estaba el órgano desconcentrado de seguridad pública, luego estaba la Policía Federal. O sea, por lo menos había tres niveles. Y si luego a esos tres niveles le sumamos otros, que era el donde estaba la titular y luego la de Inteligencia, que todavía está más abajo. Entonces, son como casi seis niveles o siete niveles abajo del secretario de Estado”, añadió.

Inhabilitan a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 mdd

El 19 de mayo pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal por el desvío de más de 65 millones de dólares de recursos públicos.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que de acuerdo con las investiagciones, el caso se remonta a diciembre de 2015, cuando los entonces servidores públicos habrían desviado dinero federal destinado a cumplir obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

No obstante, los recursos no llegaron al destino previsto y como consecuencia, el TFJA dicta inhabilitaciones de hasta 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

Las resoluciones también contemplan indemnizaciones económicas por una cantidad equivalente al monto desviado, superior a 65 millones de dólares.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones administrativas no cierran el caso y que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, que mantiene una investigación penal en curso.

Esto abre la posibilidad de que los implicados enfrenten consecuencias adicionales si la autoridad ministerial determina que existen delitos que perseguir.

El caso ocurre en el contexto de las revisiones a operaciones realizadas durante los últimos años de la Policía Federal, institución que desaparece tras la creación de la Guardia Nacional.

La resolución del tribunal se basa en procedimientos administrativos derivados de las indagatorias sobre el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de contratos oficiales.

La dependencia federal sostuvo que el desvío de recursos afecta directamente al erario y a la confianza ciudadana en las instituciones.

Por ello, invitó a denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La información disponible no precisa en el texto consultado la identidad de los exfuncionarios sancionados ni el desglose individual de sus responsabilidades. La investigación penal de la FGR definirá si se presentan acusaciones formales y cuáles serían las sanciones adicionales.