La Secretaría de las Mujeres acordó con el gobierno de México fortalecer la cooperación bilateral en igualdad sustantiva, autonomía económica, cuidados y prevención de las violencias.
En un comunicado, la dependencia detalló quea propuesta plantea incorporar la perspectiva de género en los cuatro pilares de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá y abrir un espacio propio de diálogo sobre igualdad dentro del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, informó la dependencia en un comunicado.
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En este sentido, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, planteó que la igualdad tenga un espacio de diálogo propio dentro del mecanismo bilateral.
“Por eso quiero proponer que la igualdad tenga en ese mecanismo un espacio propio de diálogo y que pasemos de la coincidencia de principios a una agenda de trabajo compartida”, indicó durante el encuentro con la ministra de Mujeres e Igualdad de Género de Canadá, Rechie Valdez.
Castillo Juárez señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición para el crecimiento económico, el fortalecimiento de las democracias y la construcción de sociedades en paz.
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El mecanismo contempla cuatro pilares: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.
La reunión tuvo como objetivo avanzar en una agenda de cooperación sobre autonomía económica, sistemas de cuidados y prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
Valdez, quien también se desempeñaba como secretaria de Estado para Turismo y Pequeñas Empresas de Canadá, sostuvo que la participación plena de las mujeres es necesaria para construir economías sólidas y sociedades inclusivas.
La ministra compartió la experiencia de Canadá en políticas dirigidas a mujeres indígenas, prevención de la violencia digital y protección de niñas, niños y adolescentes ante riesgos en línea.
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También expuso los avances de su país en políticas de cuidados, cuya implementación, según la dependencia mexicana, contribuyó a ampliar la participación de las mujeres en la economía.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que la prevención permite que niñas y jóvenes conozcan sus derechos y ayuda a transformar las condiciones que generan violencia.
La directora de Políticas de Cuidados, Gracia Morales Alzaga, explicó que la Secretaría trabaja en cuatro áreas: derechos y dignificación de las mujeres, capacitación y certificación, seguimiento de instrumentos de igualdad y políticas de cuidado.
Alertan sobre recortes y falta de recursos
El documento Tejido migratorio: Mecanismos regionales para una gobernanza migratoria con enfoque de género en el Norte de Centroamérica y México, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, advirtió que la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en los mecanismos regionales de migración permanecía fragmentada, limitada al discurso y expuesta a recortes financieros y resistencias políticas.
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El diagnóstico analizó siete espacios regionales: la Conferencia Regional sobre Migración, el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, el Proceso de Quito, Cartagena+40, la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias.
De acuerdo con el informe, estos mecanismos carecían de canales formales de diálogo con espacios de gobernanza de género, como la Conferencia Regional de las Mujeres y la Comisión de la Mujer de la OEA.
La Red Mesoamericana consideró que esta fragmentación institucional reproducía la desatención a las poblaciones vulnerables mediante una “apropiación retórica de la interseccionalidad”.
El documento señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no contempló partidas específicas para mujeres en contextos de movilidad y reportó un recorte de 10% a la COMAR.
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Según el diagnóstico, la reducción presupuestal llevó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a depender entre 70% y 80% de fondos aportados por el ACNUR.
Mujeres migrantes enfrentan barreras en salud y refugios
La investigación sostuvo que los sistemas de protección contra la violencia basada en género subordinaban la atención al estatus migratorio.
En México, identificó barreras culturales, idiomáticas y de discriminación que restringían el acceso de mujeres migrantes a servicios de salud y refugios, pese a que las normas nacionales reconocían formalmente una atención universal.
El informe añadió que los recortes en la cooperación internacional provocaron en 2025 desabasto de insumos de salud sexual en centros fronterizos.
También señaló que la coordinación entre mecanismos regionales de migración y género ocurría de manera informal, con mediación de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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Aunque esa intervención aportaba estabilidad técnica, la Red Mesoamericana advirtió que la dependencia de organismos internacionales dejaba los mecanismos expuestos a reducciones en la cooperación externa.
Como ejemplo, citó la pérdida de bases de datos estatales sobre personas migrantes desaparecidas en Guatemala por falta de pago de una plataforma digital.
El estudio registró resistencias políticas en espacios multilaterales. Durante las negociaciones de Cartagena+40, en 2024, delegaciones de Argentina y El Salvador se opusieron al uso del término “género” en las declaraciones finales y buscaron eliminarlo o limitarlo a formulaciones neutras.
La Red Mesoamericana propuso fondos protegidos
La Red Mesoamericana recomendó elaborar planes de trabajo conjuntos, consolidar la Red de Puntos Focales de Género y desarrollar estrategias de incidencia con evidencia.
También propuso crear registros nacionales unificados sobre violencia basada en género en contextos de movilidad, con presupuestos estatales permanentes.
El documento planteó asignar fondos directos a municipios fronterizos, desplegar equipos consulares transnacionales especializados y establecer partidas presupuestarias nacionales protegidas, así como fondos de transición estatal ante recortes de recursos externos.
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El informe destacó modelos como Ciudad Mujer en Honduras, con 10 centros de atención integral; los lineamientos del Equipo Técnico del MIRPS para programas locales de violencia basada en género, aplicados en 16 municipios receptores; y una propuesta de protocolo contra la violencia sexual de la CIM/OEA en Panamá.
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