Conductor ebrio chocó, abandonó a su esposa herida y quiso huir en transporte público en Querétaro

Un hombre de la tercera edad, presuntamente alcoholizado, chocó su auto contra la pared de un casa en la colonia Juárez, en San Juan del Río, Querétaro, y posteriormente intentó escapar en transporte público.

Tras el choque, el hombre abandonó a su esposa y a su automóvil, ella viajaba como copiloto y sufrió diversas lesiones en todo el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil municipal le proporcionaron atención prehospitalaria a la mujer.

El accidente ocurrió sobre la calle Palma, cerca de las vías del ferrocarril. De acuerdo con reportes de medios locales el automovilista circulaba a exceso de velocidad, habría perdido el control de la unidad y se impactó de frente contra el muro de una vivienda.

Según narraron testigos del accidente, el conductor caminó hacia la avenida Juárez y abordó un camión urbano. Sin embargo, policías municipales desplegaron un operativo tras recibir las características de la unidad en la que pretendía escapar, hasta dar con él.

Los agentes interceptaron el transporte público en el cruce con la calle Pino Suárez y detuvieron al presunto responsable, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente. El vehículo accidentado fue trasladado al corralón.

Del 14 al 20 de septiembre de 2026, la Dirección de Justicia Cívica aplicó 812 pruebas de alcoholemia, detectó 41 casos positivos y remitió a 37 personas al CIMA.

Las autoridades municipales y estatales reportan un incremento en sanciones y en la vigilancia mediante alcoholimetría para contener los percances viales relacionados con el consumo de alcohol.

El INEGI documentó previamente que Querétaro acumulaba cerca de 393 accidentes anuales vinculados al alcohol (un promedio de más de uno por día) en zonas urbanas.

112 muertes diarias por incidentes derivados del alcohol

De acuerdo con la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), cada 24 horas, 112 personas en México mueren por causas asociadas al consumo de alcohol. Se estima que los costos directos e indirectos provocados por el consumo de alcohol ascienden a 552 mil millones de pesos y los impuestos cubiertos por la industria representan menos del 10% de estos. A pesar de esta tragedia, nuestro país mantiene prácticamente sin cambios, desde hace más de una década, el marco fiscal y regulatorio de las bebidas alcohólicas.

Desde 2015, la regulación mexicana ha permanecido estancada, sin ningún cambio de fondo. La Ley General de Salud¹ fue reformada en dicho año, mientras que el Reglamento sobre publicidad de alcohol² ha permanecido sin cambios desde su publicación en el año 2000. La Norma Oficial Mexicana de etiquetado de bebidas alcohólicas,³ publicada en 2016, sigue vigente pese a que dichas normas deben actualizarse cada cinco años.

Vidal Ochoa, de Salud Justa MX, declaró: “La publicidad de bebidas alcohólicas en México no debe entenderse únicamente como una actividad comercial, sino como un determinante comercial de la salud. Este entorno comercial pesa de manera especial sobre los más jóvenes: de acuerdo con la ENCODAT 2025, 17.8% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió alcohol en el último año. La magnitud económica de esta industria permite dimensionar su capacidad de promoción”.

El mayor rezago —y también la mayor oportunidad— es fiscal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica que aumentar el precio del alcohol mediante impuestos es la intervención más costo-efectiva para reducir sus daños.

Las organizaciones no proponen un gravamen nuevo, sino reforzar el que ya existe: transformar el IEPS de un esquema basado en el precio (ad valorem) a uno basado en el contenido de alcohol puro (ad quantum). Este esquema grava el daño, no la marca. No se erosiona con descuentos ni promociones y se actualiza automáticamente cada año al menos conforme a la inflación.

La evidencia nacional respalda la medida: un incremento del 10% en el precio reduce en más de 12% el consumo de cerveza. Además, fortalecer el IEPS generaría más de $28 mil millones de pesos anuales adicionales que podrían etiquetarse al Servicio Universal de Salud, formalizado por decreto en 2026.

Hoy la ecuación es inequitativa: el costo social y económico del alcohol representa el 2.1% del PIB —más de $552 mil millones de pesos al año—, mientras la recaudación por IEPS apenas cubre una fracción de esa factura. El resto lo paga la sociedad. La discusión del Paquete Económico 2027 abre una ventana concreta para corregirlo.

Los estudios disponibles destacan que no existe un nivel completamente exento de riesgo para la salud, ya que incluso cantidades bajas de alcohol incrementan el riesgo de determinadas enfermedades, particularmente algunos tipos de cáncer.^{4, 5} Cada día que pasa sin una reforma fiscal y jurídica integral se está dejando pasar una oportunidad para prevenir miles de enfermedades, lesiones y muertes evitables, advierten científicos y organizaciones de la sociedad civil.

La doctora Verónica Lozano, directora del Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación a las Adicciones (CEPRA) Metepec, lo resume claramente: “El alcohol es una sustancia psicoactiva, tóxica y con capacidad de producir dependencia. Actualmente, se reconoce como un factor causal de más de 200 enfermedades, traumatismos y otros problemas de salud, entre ellos, ocho tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, violencia interpersonal, suicidio y lesiones por siniestros viales.”

Detrás de cada una de estas muertes hay una historia, una familia que enfrenta una pérdida irreparable y una comunidad que experimenta las consecuencias sociales, económicas y emocionales derivadas de una enfermedad prevenible.