México evalúa impuesto al sodio en alimentos: buscan recaudar $12 mil millones y reducir enfermedades

La eventual ampliación del IEPS a alimentos con sodio abrió una discusión sobre salud pública, recaudación y regulación alimentaria en México. La propuesta busca gravar productos industriales con altos niveles de sal, entre ellos embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos.

Los legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizan la iniciativa dentro de la discusión del Paquete Económico 2027. La bancada de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México planteó que la medida aportaría cerca de 12 mil millones de pesos adicionales.

De acuerdo con alianza por la salud alimentaria, el debate parte de un problema ya presente en el país: el consumo cotidiano de sodio rebasa los parámetros internacionales y se relaciona con enfermedades que causan miles de muertes. La iniciativa apunta a elevar el precio de ciertos artículos para reducir su ingesta y, a la vez, obtener recursos públicos.

Consumo de sodio supera la recomendación de la OMS en México

La población adulta mexicana consume en promedio 3.3 gramos de sodio al día, una cantidad superior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja no superar los dos gramos diarios.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en México, a ello se suma que 29.9% de las personas mayores vive con hipertensión, uno de los factores vinculados con el consumo excesivo de sal.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública calculó que el cumplimiento de las metas regionales de reducción de sodio de la Organización Panamericana de la Salud podría evitar 12.866 fallecimientos anuales por enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica y cáncer gástrico.

El Poder del Consumidor, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, respaldó que el Congreso analice el gravamen. La organización considera que la medida responde a recomendaciones internacionales que llevan años sobre la mesa.

“Que México considere finalmente un impuesto al sodio es una noticia positiva”, afirmó el doctor Jorge Vargas, investigador de El Poder del Consumidor, sosteniendo que la aprobación por sí sola no garantiza resultados.

Asimismo, indicó que el diseño técnico será determinante para definir si el impuesto modifica los hábitos de consumo y empuja a las empresas a reducir la sal en sus productos. También pidió que los legisladores revisen los resultados obtenidos en otros países antes de votar la iniciativa.

México ya cuenta con un criterio para gravar productos salados

Desde 2014, México utiliza un parámetro de 1.200 miligramos de sodio por cada 100 gramos para establecer qué galletas saladas pagan el IEPS.

Ese antecedente coincide con el esquema que Colombia aplica desde noviembre de 2023 a productos ultraprocesados. El modelo colombiano contempla aumentos escalonados de 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% desde 2025.

En ese país, el tributo se activa cuando un alimento supera los límites establecidos para sodio, azúcar o grasas saturadas. La sal constituye uno de los tres criterios objetivos que definen la aplicación de la carga fiscal.

La discusión tiene impacto sobre productos de consumo frecuente: una porción de 100 gramos de jamón puede contener hasta 1.255 miligramos de sodio, más de la mitad del límite diario sugerido por la OMS.

El tocino alcanza 1.027 miligramos por cada 100 gramos. Los embutidos, como grupo, registran un promedio de 884 miligramos en la misma cantidad, por lo que figuran entre las categorías alcanzadas por la iniciativa.

Actualmente, 41 países aplican impuestos a alimentos no saludables que consideran el sodio entre sus parámetros. La actualización 2026 del marco SHAKE de la OMS incorporó por primera vez la tributación como componente central de la estrategia para bajar el consumo de sal.

Chile y Hungría muestran resultados distintos a Dinamarca

La experiencia internacional ofrece modelos con desenlaces diversos. Dinamarca creó en 2011 un impuesto de cuota fija sobre las grasas saturadas, pero lo eliminó un año después tras una cobertura mediática negativa y dificultades para comunicar sus beneficios.

Hungría mantiene desde 2011 una carga fija de 250 forintos por kilogramo para productos que superan determinados límites de sal, azúcar o cafeína. Las evaluaciones posteriores señalaron que hasta 73% de los consumidores informó una reducción sostenida de su consumo.

Chile no estableció un gravamen específico al sodio, aunque el etiquetado frontal produjo cambios en el mercado. Los productos identificados como “altos en sodio” pasaron de representar 74% a 27% entre 2016 y 2023.

La compra per cápita de esos alimentos cayó 36.7% durante el mismo período. Un panel de especialistas chilenos propuso en 2017 cobrar 23 pesos chilenos por cada gramo de sodio añadido, aunque esa iniciativa no se convirtió en ley.