Morena rumbo al examen electoral de 2027: gubernaturas y diputaciones federales lo que más preocupa a la 4T

Morena llega al inicio del Proceso Electoral entre escándalos de gobernadores, el retiro de la visa estadounidense de algunos políticos y con un proceso interno calificado por la oposición como “campañas anticipadas”, aunque el oficialismo presenta otros datos.

En las últimas encuestas emitidas, la intención del voto pone a Morena como el partido “favorito”, dándole una ventaja “muy marcada” frente a sus oponentes. Incluso, varios sondeos dejan en último lugar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), situación que genera mayor disgusto entre la oposición.

Encuestas que no tienen la misma lectura en los estados

El próximo año se elegirán 17 gubernaturas, pese a que Morena mantiene el control de doce de ellas, el panorama para 2027 no pinta igual que los comicios anteriores, hay un factor importante que repercute en la imagen del partido: la ausencia pública de su fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque a nivel nacional, el electorado ve al partido oficialista como “el menos peor” y esto genera que encabece las encuestas, es claro que va en retroceso, tan solo en la intención del voto para diputaciones la encuesta Buendía & Márquez bajó al 48%, diez puntos menos que en 2025.

Sin embargo, un punto de ventaja que se ha convertido en una constante desde que Morena llegó a la presidencia en 2018, se centra en que la oposición no despega, por tanto, se han quedado atrás en la preferencia del electorado.

El disgusto de la ciudadanía en algunos estados surge a partir de los múltiples escándalos de sus gobernantes, donde Estados Unidos también juega un papel fundamental por los severos señalamientos “sin pruebas”, un hecho que ha sido señalado como “injerencia extranjera” por parte del gobierno federal.

Morena adelantó el nombramiento de candidatos virtuales en cinco estados

Que Morena tenga el de mejor puntaje a nivel nacional no lo acerca a un gane total o mayoritario en los cargos a disputarse el 6 de junio de 2027.

El inicio del proceso interno hace unos meses es el claro ejemplo de cómo el guinda busca ganar tiempo ante la oposición, incluso, yendo en contra de los lineamientos electorales, pero con la certeza de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se quedó estoico tras el adelanto de los partidos en las pre-precampañas.

La situación, ha valido críticas de la oposición, quienes secundaron al oficialismo para no quedarse en el olvido del electorado. Pero Ariadna Montiel y Citlalli Hernández —la dirigente nacional de Morena y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, respectivamente— dieron un paso más 15 días antes del inicio del proceso electoral, catapultando su estrategia buscando parar los escándalos de otros morenistas.

A finales de agosto, se llevó a cabo en el World Trade Center (WTC) de Ciudad de México un evento donde el partido oficialista nombró a cinco de sus llamados Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que a partir del 4 de enero de 2027 se convertirán en las y los candidatos, pero quienes llevan meses recorriendo los estados bajo la frase que también usa el gobierno federal “casa por casa”.

Ante la cisma que provocó el regreso y la posterior licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las líderes morenistas junto al Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) dieron a conocer el nombre de sus candidatos virtuales:

• Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez.
• Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus.
• Colima: Rosa Bayardo Cabrera.
• Querétaro: Santiago Nieto Castillo.
• Sinaloa: Imelda Castro Castro.

La segunda parte que incluye 12 nombramientos aún se mantiene en suspenso, ya que la dirigencia decidió aguardar y esperar a los siguientes meses. Cabe destacar que este anunció causó mayor disgusto y Movimiento Ciudadano (MC) denunció a Morena, sin mayor trascendencia.

El retiro de la visa estadounidense golpea a políticos de alto perfil

Meses antes de que el proceso electoral diera inicio, el partido ha estado envuelto en diversos escándalos que involucran a gobernadores, pues la operación en materia de seguridad implementada por el gobierno de Donald Trump ya no solo apunta a los grupos del crimen organizado, sino a altos perfiles de políticos mexicanos, sin importar el cargo que ostentan.

Uno de los episodios más recientes es el de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, cuya visa estadounidense fue cancelada, quien acusó al secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber estado detrás de la decisión.

El caso cimbró a Morena y llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum acusará al gobierno estadounidense de injerencia política, dándole mayor relevancia por tratarse del hijo del exmandatario y un alto perfil en las filas del partido que fundó el exmandatario tabasqueño.

Pero el retiro de visas no es una noticia nueva para el oficialismo, ya que desde abril del año pasado la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrentó la cancelación de su visa junto con la de su entonces esposo, Carlos Torres. En un inicio, la morenista lo negó, tras la presión, meses más tarde, salió a confirmar lo ocurrido, esto sería solo la punta del iceberg.

Un año después, la controversia regresó con la difusión de un audio sobre contactos que presuntamente podían resolver el problema migratorio, Ávila Olmeda salió a confirmar las filtraciones donde ofrecía información de las mesas de seguridad a presuntas autoridades estadounidenses, sin que la noticia ejerciera mayor presión sobre la gobernadora.

A los dos casos anteriores se le suma el de Sonora, donde reportes periodísticos de junio señalaron que Estados Unidos retiró las visas al gobernador Alfonso Durazo y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, además de referir presuntas investigaciones estadounidenses. Ambos gobiernos rechazaron las versiones, mientras la presidenta pidió que los mandatarios aclararan su situación.

El caso de Durazo tiene un peso adicional, ya que en noviembre de 2025 también circuló información sobre la cancelación de la visa de su hijo, Alfonso Durazo Chávez, en un contexto de investigaciones sobre presunto lavado de dinero y contrabando de combustible.

Se suman las acusaciones de EEUU en contra de Rocha Moya

En Sinaloa, la crisis alcanzó directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos, acusación que el mandatario ha rechazado, en este caso, la presión del gobierno federal llevó a la solicitud de licencia.

La oposición se lanzó contra el oficialismo, solicitando la desaparición de poderes en el estado y haciendo un llamado para iniciar un juicio político. La prensa internacional hizo difusión del caso, por tratarse del primer mandatario estatal del mismo partido que la presidenta de México acusado por los estadounidenses.

El caso coloca a Morena ante el dilema de defender a uno de sus gobernadores mientras la presión estadounidense lo convierte en un asunto de seguridad bilateral, en un estado que además arrastra una crisis de violencia prolongada.

Los señalamientos crecieron cuando Rocha Moya decidió regresar al poder, acción que solo duró un día, tras el abandono de Sheinbaum y de todos los morenistas, quienes calificaron la decisión como “personal”. Arrinconado, el gobernador decidió pedir su segunda licencia.

Le sigue el tema de seguridad en Michoacán y Zacatecas

Michoacán y Zacatecas, dos entidades gobernadas por Morena que podrían ser objetivos de la oposición debido al costo político que ha generado la inseguridad y la violencia constante, mismas que ya surten efecto en la relación con Estados Unidos, sobre todo en materia comercial.

En agosto, el sector aguacatero en Michoacán sintió en mayor medida los efectos de la violencia, debido a la pausa temporal de las actividades de inspección de aguacate por parte de Estados Unidos, provocada por preocupaciones de seguridad para su personal.

Aunque las operaciones estadounidenses fueron reanudadas primero de manera parcial y posteriormente de forma completa, el episodio dejó una señal que exhibe al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, la inseguridad en el estado alcanza a las exportaciones, empleos, ingresos y confianza internacional.

Además, el oficialismo enfrenta un peso político mayor en Michoacán, la simpatía que genera Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo -quien fue asesinado en noviembre de 2025 y hasta la fecha se mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso-, a quien las fuerzas opositoras le han abierto las puertas para ir respaldada por los “viejos partidos” como candidata a la gubernatura, sin que hasta el momento haya una definición en concreto.

Por otro lado, se encuentra la administración de David Monreal en Zacatecas, donde recientemente la violencia ha alcanzado a empresarios y funcionarios, aún con los “buenos números” que el gobernador busca destacar en los indicadores de violencia. Lo que el próximo año podría traducirse en el llamado “voto de castigo”, debido al hartazgo que ha generado el monrealato.

Los escándalos rematan con las disputas internas de la coalición oficialista

Al inicio de la jornada interna para definir a los Coordinadores, Citlalli Hernández advirtió que descalificarían a las y los aspirantes que comenzarán una disputa por el poder, semanas más tarde, las diferencias fueron claras, haciendo “oídos sordos” a lo instruido por las dirigencias de la coalición oficialista.

En Chihuahua la disputa entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar por la candidatura estatal dejó de ser una competencia interna para volverse una prueba de fuerza entre grupos políticos, con el PT y el PVEM jugando cartas propias.

A nivel nacional, el Partido del Trabajo dijo apoyar a la senadora con licencia, impulsando su imagen y nombrándola Coordinadora Estatal de Afiliación, un mensaje que no cayó muy bien en la militancia de la entidad, y la diputada local América Aguilar Gil arremetió contra la indicación, destacando una mayor afinidad por Pérez Cuéllar.

Antes de ese episodio, el Verde fue el primero en lazar el “fuego amigo” contra Andrea Chávez, luego de que el coordinador estatal, Arturo Escobar, intentara condicionar la alianza en el estado, aunque su estrategia no rindió mayor fruto, hasta el momento, sí dejó ver posibles rupturas por desacuerdos internos entre los partidos aliados de Morena.

Las diferencias del oficialismo con quienes dice “son sus aliados políticos”, se pueden ver más claras en San Luis Potosí, donde el conflicto alrededor de la senadora Ruth González Silva ha generado que Morena le cierre la puerta a ir en alianza, por un asunto de “nepotismo”. Los señalamientos del guinda surgen por la relación familiar de la aspirante con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sin embargo, el Verde y los involucrados han descartado que se trate de una sucesión familiar, cambiando el significado del término.

Mientras llega el tiempo de las precampañas y un mayor debate político, Morena contra Morena es el “gran” obstáculo a vencer, entre apagar los egos de aspirantes como el hijo del expresidente y poner un freno a las diversas polémicas que dejan a la vista las grietas internas de la coalición, adicional a esto, se encuentra el tema de garantizar la gobernabilidad y seguridad para la ciudadanía en estados controlados por un partido que inicio movimientos con fines electorales desde hace tiempo.

Diputados federales, el otro frente a cubrir

El poder que hasta la fecha ha mantenido Morena, no se limita al control que tiene sobre 24 de las 32 gubernaturas, también se ve reflejado en los votos de la Cámara de Diputados donde con la suma de los grupos parlamentarios aliados tienen 364 curules de 500.

Eso les ha permitido tener la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, la relevancia de cada uno de los asientos ocupado no solo se centra en que sean parte de alguno de los tres partidos, sino a quién responden y de qué lado están, porque ocupar una diputación federal siendo parte del oficialismo no es un voto a favor asegurado, tal fue el caso del Plan A y el Plan B de la reforma electoral, donde los partidos aliados le dieron la espalda a Sheinbaum y se negaron su voto a favor de la reforma original enviada por la presidenta.

De perder espacios significativos en San Lázaro, Morena se vería impedido para aprobar reformas del gobierno como lo han venido haciendo de manera recurrente desde hace algunos años. Enfrentarían constantes negociaciones con los partidos de oposición que hasta el día de hoy, casi siempre, se han negado a votar a favor de las iniciativas enviadas por la titular del Ejecutivo Federal, lo que tendría un alto costo político.