Denuncian sueldos extraordinarios a docentes externos de la UACM y poca inversión en planteles

Alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) han manifestado su desacuerdo a contrataciones de tres personas que rebasan los 50 mil pesos mientras que los maestros que más ganan son 30 mil pesos, sin embargo su reclamo principal es la falta de insumos en diversas áreas de los planteles.

El Consejo Universitario de la UACM aprobó el 10 de julio de 2026 la contratación excepcional de tres especialistas para el Plan Específico Sistematizado de Obras, con pagos que alcanzaron $52,721.13 mensuales, pese al tope de $30 mil establecido por la propia institución. La decisión buscó evitar la interrupción de licitaciones y trabajos de infraestructura financiados con un presupuesto superior a 125 millones de pesos.

La autorización se discutió durante más de cuatro horas en la primera parte de la Séptima Sesión Extraordinaria del Octavo Consejo Universitario, realizada de manera virtual. El punto sometido al Pleno fue una iniciativa sobre la contratación de tres servicios profesionales especializados para la Coordinación de Obras y Conservación.

El acuerdo incluyó una moratoria para nuevas excepciones presupuestarias en servicios profesionales. La Comisión de Hacienda recibió un plazo máximo de 30 días para revisar y ajustar el Acuerdo UACM/CU-8/OR-02/014/26, que fijaba el límite de remuneraciones mensuales.

El Consejo también ordenó a la Comisión Temporal de Obras auditar la plantilla orgánica de la Coordinación de Obras y Conservación. La revisión buscó corregir la dependencia de consultores externos para funciones vinculadas con la ejecución de proyectos universitarios.

El esquema dividió los pagos para rebasar el tope institucional

La controversia surgió porque los perfiles requeridos para licitaciones, costos, proyectos electromecánicos y control presupuestal solicitaban honorarios por encima del máximo autorizado. La propuesta de contratación fue rechazada inicialmente en la Comisión de Planeación, donde la votación terminó empatada.

Después del empate, los promotores llevaron el asunto directamente al Pleno del Consejo Universitario. Durante el debate se cuestionó que la iniciativa no hubiera seguido otras instancias normativas, entre ellas el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

El mecanismo aprobado dividió los pagos en dos periodos. Del 16 de julio al 15 de agosto de 2026, los tres prestadores de servicios recibirían $30 mil, el límite previsto en el Acuerdo 014.

A partir del 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre, el Consejo autorizó una excepción expresa para repartir el monto restante. Esa fórmula elevó los ingresos efectivos durante los siguientes cuatro meses y medio, sin establecer un pago retroactivo directo por labores realizadas antes de la formalización de los contratos.

Rafael Martínez recibió la remuneración más alta de los tres asesores

El arquitecto Rafael Martínez Escobar, propuesto para Licitaciones y Costos, recibió una autorización total de $267,245.10. Su pago mensual efectivo entre el segundo periodo y el cierre de diciembre quedó en $52,721.13, un incremento de 75.7% respecto al tope institucional.

El ingeniero Jesús Ricardo Pérez Callejas, encargado de Proyectos Electromecánicos, obtuvo un monto total autorizado de $245,302.90. La distribución aprobada fijó un pago mensual efectivo de $47,845.08 durante la etapa de excepción, 59.5% por encima del límite de $30 mil.

El ingeniero Genaro Almeida Delgado, considerado para Control Presupuestal, tuvo las mismas condiciones económicas que Pérez Callejas. Su contratación sumó $245,302.90 y contempló remuneraciones mensuales efectivas de $47,845.08 en los últimos cuatro meses y medio del año.

La consejera académica María de la Luz Elena Jiménez Lara promovió la iniciativa desde la Comisión Temporal de Obras. Junto con el consejero académico José Juan Hernández, sostuvo que el conocimiento técnico de los especialistas era necesario para mantener en operación el programa de infraestructura y que perfiles similares cotizaban por encima de $60 mil mensuales.

Un ingeniero acudió a San Lorenzo Tezonco sin contrato vigente

Durante la sesión se expuso que personal técnico había ingresado a instalaciones de la UACM después de que venciera su vínculo contractual. El caso señalado correspondió a Jesús Ricardo Pérez Callejas, cuyo contrato anterior concluyó el 30 de junio de 2026.

Hernández indicó que Pérez Callejas acudió a principios de julio al plantel San Lorenzo Tezonco para coordinar visitas técnicas. Trabajadores de base y representantes sindicales lo encararon, lo fotografiaron y lograron que se retirara de las instalaciones.

El episodio derivó en un citatorio de la Contraloría Interna. Isaac Rodríguez Olivares, coordinador de Obras y Conservación, sostuvo durante la discusión que el ingeniero únicamente entregaba planos pendientes.

Consejeros que objetaron la contratación señalaron que el acceso de una persona externa sin contrato vigente podía constituir una prestación de servicios de hecho. También alertaron sobre posibles consecuencias administrativas y penales por permitir la realización de funciones sin un vínculo legal formalizado.

El Pleno aprobó el paquete con 24 votos a favor

El secretario del Consejo Universitario, Gabriel Medina Carrasco, y el académico Mariano Andrade cuestionaron que el órgano colegiado flexibilizara un acuerdo que el propio Consejo había aprobado. Andrade advirtió que la renovación constante de los mismos asesores podía generar pasivos laborales permanentes para la universidad.

“Pretender pagar retroactivamente o mediante artificios servicios no contratados formalmente es una simulación que burla la fiscalización”, afirmó Mariano Andrade Butzonich durante el debate. Los cuestionamientos se centraron en la posibilidad de que los pagos diferidos encubrieran servicios prestados antes de la contratación formal.

El análisis presentado sobre la sesión ubicó posibles faltas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Entre los supuestos mencionados estuvieron el abuso de funciones, previsto en el artículo 57; la contratación indebida, contemplada en el artículo 59; y el desvío de recursos públicos, referido en los artículos 54 y 56.

Tras un receso para modificar la redacción de los resolutivos y evitar que el Consejo asumiera atribuciones ejecutivas, el paquete fue aprobado con 24 votos a favor. La autorización permitió continuar el Plan de Obras 2026, mientras la Comisión de Hacienda quedó encargada de revisar las reglas que hicieron posible las excepciones presupuestarias.