“Queremos vivir en paz”: convocan a marcha en Culiacán tras dos años de guerra entre Chapitos y Mayos

A dos años del inicio de la guerra entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa, ciudadanos, empresarios, colectivos y organizaciones religiosas convocaron a una nueva Marcha Ciudadana por la Paz en Culiacán para exigir seguridad, libertad y gobernabilidad en la entidad.

La movilización está programada para el próximo domingo 13 de septiembre y reunirá a más de 60 organismos, colectivos ciudadanos y agrupaciones de jóvenes, en una protesta que busca colocar nuevamente en el centro del debate la crisis de violencia que ha golpeado a Sinaloa desde septiembre de 2024.

Los asistentes fueron convocados a acudir vestidos de blanco.

La jornada comenzará a las 7:00 horas con una misa en La Lomita, mientras que la marcha iniciará a las 8:00 horas y recorrerá la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Catedral de Culiacán.

Entre los convocantes se encuentran Coparmex, la Alianza Mexicana de Abogados, la Diócesis de Culiacán, colectivos de la sociedad civil, así como representantes del sector comercial, restaurantero y diversas cámaras empresariales.

La movilización ocurre justo cuando se cumplen dos años del inicio de una de las etapas más violentas de la historia reciente de Sinaloa.

Dos años de una guerra que partió a Sinaloa

La escalada de violencia comenzó el 9 de septiembre de 2024, semanas después de la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores y líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un episodio que profundizó las tensiones entre las estructuras criminales que durante años habían coexistido dentro de la organización.

A partir de septiembre de aquel año, la disputa entre los grupos identificados como Los Chapitos o La Chapiza, encabezados por los hijos de El Chapo, y La Mayiza, vinculada a la estructura de Zambada, se transformó en una confrontación abierta por territorios, rutas y estructuras de poder.

Culiacán se convirtió en uno de los principales escenarios del conflicto, aunque la violencia se extendió a otras regiones de Sinaloa.

Balaceras, homicidios, desapariciones, robo de vehículos, ataques armados y desplazamientos de comunidades comenzaron a formar parte de la vida cotidiana de miles de sinaloenses.

De acuerdo con cifras difundidas este 9 de septiembre, en los 24 meses de conflicto se han registrado 3 mil 181 asesinatos en Sinaloa, según datos de la Fiscalía estatal citados en el balance de la crisis.

Otros balances recientes contabilizan 3 mil 724 homicidios dolosos desde septiembre de 2024, además de miles de personas desaparecidas, empresas cerradas y empleos perdidos, lo que refleja la dimensión de una crisis que ha trascendido el ámbito de la seguridad pública.

“Seguimos soñando” con recuperar las calles

Los organizadores de la Marcha Ciudadana por la Paz denunciaron lo que calificaron como indolencia institucional y falta de gobernabilidad durante los dos años de crisis.

También cuestionaron la falta de voluntad política, la impunidad, el cinismo gubernamental y la ausencia, según su postura, de coordinación y estrategias efectivas para contener la violencia pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la entidad.

“Seguimos soñando para que no asesinen más niñas, para que no asesinen más niños, para que no asesinen más mujeres, para que no asesinen más hombres. Hoy seguimos soñando para poder transitar libremente por las calles de Culiacán y de todos los municipios de Sinaloa”, señalaron.

El impacto del conflicto ha alcanzado particularmente a niñas, niños y adolescentes.

Datos recientes difundidos sobre los dos años de violencia señalan que al menos 250 menores de edad han sido asesinados durante este periodo, mientras la población continúa enfrentando ataques armados en zonas urbanas y rurales.

El caso más reciente ocurrió apenas durante los primeros días de septiembre, cuando un bebé de un año y cuatro meses murió después de resultar herido durante un ataque armado en Culiacán, un hecho que provocó indignación y volvió a evidenciar cómo la violencia ha alcanzado a la población civil.

Empresarios, Iglesia y sociedad civil se suman

La convocatoria cuenta con el respaldo de sectores empresariales y religiosos que también han advertido sobre las consecuencias económicas y sociales del conflicto.

La Diócesis de Culiacán llamó a sacerdotes, familias, organizaciones y feligreses a participar en la movilización pacífica, al señalar que los dos años de violencia han dejado profundas heridas en familias y comunidades y han afectado actividades económicas y educativas.

El deterioro económico se ha convertido en otra de las principales preocupaciones.

Cifras atribuidas a organismos empresariales y de seguridad indican que la guerra ha provocado el cierre de miles de negocios, la pérdida de empleos y una disminución de la actividad económica en distintas regiones de Sinaloa.

A pesar de los operativos federales y estatales, el conflicto continúa generando episodios de violencia.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció recientemente que el Cártel de Sinaloa ha sido afectado por las acciones de las autoridades, pero señaló que la organización todavía conserva capacidad económica y de fuego.

Dos años después de que los primeros enfrentamientos alteraran la vida cotidiana de Culiacán, la convocatoria del 13 de septiembre busca reunir nuevamente a la sociedad sinaloense bajo una misma exigencia: recuperar la seguridad y la posibilidad de vivir sin miedo.

La marcha partirá de La Lomita y concluirá frente a la Catedral, en una movilización con la que ciudadanos, empresarios, jóvenes y organizaciones civiles buscarán exigir respuestas ante una guerra que, dos años después, sigue dejando consecuencias en prácticamente todos los ámbitos de la vida en Sinaloa.