
El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, confirmó este 8 de septiembre la existencia de tres auditorías y dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Dirección de Pensiones del municipio.
El funcionario ofreció los detalles en dos momentos distintos durante la jornada; primero en la conferencia de prensa matutina encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, y después en un acercamiento con medios de comunicación.
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Durante la conferencia oficial en el salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, Chagoya Villanueva relató que sostuvo reuniones diarias con los seis sindicatos del municipio para atender el caso, y precisó que se había reunido con ellos incluso el domingo previo para explicarles el estado del proceso.
Ahí detalló que las auditorías correspondieron a los ejercicios 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, y que el Órgano de Control municipal ya había presentado las dos denuncias penales.
El alcalde atribuyó las irregularidades al manejo de directores anteriores
En su intervención ante el gobernador y medios de comunicación, Chagoya Villanueva señaló que el problema no afectó los recursos del fondo de pensiones como tal, sino las aportaciones municipales que se transferían mes con mes a la Dirección de Pensiones.
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El presidente municipal reconoció que existió un faltante en esos recursos y atribuyó las irregularidades no solo al director inmediato anterior, sino también a la gestión de quien ocupó el cargo antes de él.

El funcionario explicó que la Junta Directiva de Pensiones detectó que los documentos que se le entregaban no coincidían con los registros reales del banco. Para confirmar esta discrepancia, el municipio solicitó todos los comprobantes SPEI certificados por el Banco de México, además de los estados de cuenta oficiales de cada transferencia realizada. Fue precisamente ese cruce de información el que reveló, según el alcalde, que los estados financieros habían sido alterados.
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Las denuncias en la Fiscalía General del Estado se centraron en la alteración de información
Horas más tarde, en un encuentro con medios de comunicación, un reportero cuestionó directamente a Chagoya Villanueva sobre una acusación de 35 millones de pesos presuntamente desviados por el exdirector del área. El alcalde respondió que todavía no contaba con montos precisos, ya que estos se conocerían una vez que concluyeran las auditorías en curso. Añadió que el tema se había revisado en conjunto con la síndica municipal y con integrantes de la propia Junta de Pensiones.

En ese mismo encuentro, el presidente municipal reiteró la existencia de las tres auditorías y confirmó que las dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se relacionaron específicamente con un intento de borrar información. Reiteró también que se detectó la entrega de documentos falsos a la Junta, que no correspondían con los estados de cuenta certificados por el banco ni con los registros del Banco de México.
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Ante la pregunta de si había informado al gobernador Jara Cruz sobre el caso, y de si el señalado como exdirector responsable respondía al nombre de Rey Morales, Chagoya Villanueva evitó pronunciarse sobre personas concretas. El alcalde se limitó a señalar que el gobierno municipal avanzaba en el tema y que se trataba de un asunto delicado.
El municipio garantizó que el patrimonio de los trabajadores no corrió riesgo
Durante la conferencia matutina, Chagoya Villanueva buscó dar certeza a los trabajadores sindicalizados sobre la seguridad de sus recursos. Afirmó que el presidente municipal actuaba como garante del fondo de pensiones y que el patrimonio de los colaboradores no se encontraba en riesgo, independientemente del resultado de las investigaciones en curso. En el acercamiento posterior con medios, reiteró esa misma garantía y señaló que los recursos de los trabajadores sindicalizados no corrían ningún peligro.
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El alcalde adelantó que, en caso de confirmarse un monto específico del faltante una vez concluidas las tres auditorías, existían obligaciones patrimoniales que tendrían que cubrirse y que el municipio asumiría la responsabilidad de reponer esos recursos. Añadió que se aplicarían sanciones severas tanto por la falsificación de documentos como por el uso indebido de fondos públicos, una vez que las investigaciones lo determinaran con precisión.
El presidente municipal estimó que el proceso de auditoría concluiría entre finales de septiembre y principios de octubre, un plazo considerablemente menor a los nueve o doce meses que normalmente requieren este tipo de revisiones. Justificó la aceleración del proceso por tratarse de un tema que consideró especialmente sensible para los trabajadores del municipio.
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En ese mismo contexto, Chagoya Villanueva informó que su administración avanzaba también en una propuesta de ley de pensiones dirigida específicamente a los elementos de la policía municipal, la cual planeaba presentar próximamente como parte de un esfuerzo más amplio por sanear el sistema de pensiones del municipio.
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