
Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA, volvió a pedir públicamente que el gobierno mexicano extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que enfrente cargos en Estados Unidos. En su más reciente mensaje en la red social X, Maltz solicitó a México “hacer lo correcto” y permitir que el mandatario sea juzgado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
No es la primera vez que el exfuncionario se pronuncia en este sentido. De acuerdo con publicaciones revisadas en su cuenta de X, Maltz ha insistido en el tema al menos en tres ocasiones distintas desde finales de agosto:
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- El 22 de agosto, pidió directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinar un operativo de detención y traslado internacional.
- El 28 de agosto, compartió una animación hecha con inteligencia artificial en la que Rocha Moya “decía” que pronto se vería en Estados Unidos.
- El 29 de agosto, difundió una imagen generada con IA que mostraba al gobernador con licencia escoltado por agentes de la DEA, el FBI y el HSI, acompañada de un mensaje en el que expresaba su deseo de verlo trasladado a Nueva York.

¿Qué dijo exactamente el ex funcionario de la DEA?
En su publicación, Maltz calificó los señalamientos contra el mandatario sinaloense como “extraordinariamente graves” y expresó confianza en el trabajo de los fiscales neoyorquinos, a quienes atribuyó experiencia en casos internacionales de crimen organizado.
El ex jefe de la agencia antidrogas sostuvo que los servidores públicos “encargados de proteger a los ciudadanos deben rendir cuentas cuando la evidencia respalda cargos criminales” y llamó a que, en caso de proceder, se respete el debido proceso para el gobernador.
Maltz también solicitó a México que “haga lo correcto” y permita que Rocha Moya sea juzgado bajo las leyes estadounidenses, en un mensaje acompañado de banderas de ambos países y hashtags relacionados con la aplicación de la ley.
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El contexto: una cooperación antidrogas que ya venía tensa
El pronunciamiento de Maltz llega en medio de un reacomodo en la relación entre México y la DEA, luego de años de distanciamiento durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el vínculo se ha reconstruido principalmente a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el actual administrador de la DEA, Terrance Cole.
Sin embargo, ese acercamiento no ha estado libre de fricciones. La propia presidenta Sheinbaum ha cuestionado en semanas recientes los elogios públicos de Cole hacia García Harfuch, a los que calificó como parte de posibles tácticas de injerencia para generar divisiones dentro del gabinete de seguridad mexicano.
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En ese mismo periodo, el director de la DEA aseguró en una entrevista que existían funcionarios mexicanos de alto nivel presuntamente vinculados con organizaciones criminales, sin identificarlos ni precisar a qué acusación del Departamento de Justicia se refería.
El regreso que tensó a Morena y generó controversia
El caso de Rocha Moya escaló en agosto, cuando el gobernador sorprendió al reincorporarse a sus funciones el 21 de agosto, tras 112 días de licencia solicitada en mayo para comparecer ante la FGR. El regreso duró apenas un día: horas después, ante la presión política, volvió a pedir licencia indefinida.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió públicamente que el movimiento le pareció “imprudente” y afirmó que se enteró del regreso “por la publicación del propio gobernador” en redes sociales, sin que mediara aviso institucional previo. La mandataria subrayó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”, aunque evitó mencionar directamente al gobernador en ese mensaje.
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La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado precisando que la decisión de Rocha Moya fue personal y no tuvo relación con el Gobierno federal. Dentro de Morena, 23 gobernadoras y gobernadores de la llamada Cuarta Transformación firmaron un pronunciamiento conjunto en el que marcaron distancia de la decisión y expresaron respaldo “absoluto y categórico” a Sheinbaum, llamando a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad”. Desde la oposición, el dirigente priista Alejandro Moreno acusó al gobernador de ser un “narcopolítico” protegido por Morena.
Tras la controversia, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia de Rocha Moya, abriendo paso a la designación de un gobernador o gobernadora interina que deberá mantenerse en el cargo hasta las elecciones de junio de 2027.
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Lo que sí hay, y lo que aún falta
A diferencia de lo que podría sugerir el llamado de Maltz, sí existe una solicitud formal de extradición contra Rocha Moya. El 28 de abril de 2026, la SRE confirmó haber recibido la petición de Estados Unidos, junto con la de otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la Ley de Extradición Internacional. La propia Cancillería señaló en su momento que la documentación estadounidense no incluía pruebas suficientes para determinar responsabilidad, por lo que solicitó información adicional mediante nota diplomática.
Lo que no se ha confirmado es que la FGR haya resuelto sobre la procedencia del trámite, ni que exista una fecha o mecanismo definido para una eventual detención. Tampoco hay, hasta el momento, una respuesta oficial de México al llamado más reciente de Maltz para que se ejecute un operativo de traslado. Las declaraciones del exfuncionario continúan circulando exclusivamente a través de su cuenta personal en redes sociales.
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