
La Clínica de Rehabilitación Jireh, ubicada en el Ejido Mariano Matamoros, en Tijuana, fue suspendida temporalmente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) la tarde del viernes 4 de septiembre, luego de una revisión realizada tras el homicidio de un hombre dentro de sus instalaciones el pasado 21 de agosto.
Alrededor de las 20:00 horas fueron colocados en el inmueble una lona y sellos de suspensión como medida temporal de seguridad sanitaria. De acuerdo con el Gobierno de Baja California, durante la verificación fueron detectadas deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internadas.
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Una fuente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comentó al semanario ZETA que el establecimiento cuenta con cinco días para regularizar su situación y retirar del lugar a las personas que se encuentren internadas sin su consentimiento o el de algún familiar.
El operativo fue realizado de manera interinstitucional con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) y COEPRIS.
Detienen a escolta durante operativo
Durante la diligencia fue detenido un hombre que fungía como escolta de Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, debido a que portaba un arma de fuego y no pudo acreditar que contaba con el permiso correspondiente, según informó el Gobierno del Estado.
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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
La intervención ocurrió después de que el 21 de agosto Richard Damián fuera asesinado dentro de la Clínica Jireh. La víctima murió por asfixia por estrangulamiento y, además, recibió 38 golpes.
El 3 de septiembre, dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio fueron vinculados a proceso y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Antes de que las autoridades ingresaran al centro, Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, quien es identificado como representante de la Patrulla Espiritual, realizó una transmisión en vivo en la que anticipó una posible clausura y señaló que se esperaba la presencia de autoridades estatales y federales.
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Osuna Torres afirmó que la orden para cerrar el centro habría sido emitida por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aunque sostuvo que la clínica contaba con la documentación necesaria para operar.

Durante la transmisión pidió a la mandataria estatal que las personas internadas, a quienes llamó “Tazos Dorados”, no fueran retiradas del establecimiento, al considerar que las personas responsables del homicidio ya habían sido detenidas.
“Estoy consciente que pasaron cosas, pero hay culpables y esos culpables van a cumplir su proceso en la cárcel. No saque a los Tazos Dorados de la clínica de rehabilitación. Deme la oportunidad o dele la oportunidad a los dueños de la clínica, que son el padrino Alexis y la madrina Sandra, de que tengan todo en línea”, expresó.
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Detectan irregularidades en consentimiento de internos
Posteriormente, el Gobierno del Estado confirmó la suspensión temporal y señaló que la medida derivó de los incumplimientos documentados por COEPRIS durante la inspección.
La autoridad estatal precisó que al momento de la intervención había personas internadas, por lo que el operativo se desarrolló priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.
El IPEBC ofreció trasladar a los internos a otros centros de atención; sin embargo, de acuerdo con el comunicado oficial, ninguna persona fue desalojada durante la diligencia.

Entre las irregularidades detectadas, el Gobierno estatal destacó deficiencias en las condiciones bajo las cuales se brindaba atención, incumplimientos de carácter sanitario y anomalías en los mecanismos empleados para demostrar que las personas habían consentido su internamiento.
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Estos hallazgos, indicó la autoridad, dieron lugar a la suspensión temporal del establecimiento conforme a las atribuciones de COEPRIS.
La medida se produce dos semanas después del homicidio de Richard Damián y un día después de que un juez resolviera vincular a proceso a dos de los presuntos responsables de su muerte.
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