Organizaciones acusan falta de presupuesto en Nuevo León desde 2025, advierten afectaciones a comunidades indígenas y grupos vulnerables

Organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León acusan que la falta de presupuesto desde 2025 mantiene pendientes recursos comprometidos y amenaza servicios dirigidos a comunidades indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, según denunciaron un total de 55 asociaciones, quienes pidieron al Gobierno estatal concluir los pagos y publicar los resultados de las convocatorias de 2026.

De acuerdo con un comunicado del Consejo Cívico, las organizaciones se reunieron el pasado 4 de septiembre en Monterrey, un mes después de una primera rueda de prensa en la que solicitaron regularizar los recursos de 2025 y dar certeza sobre los fondos de este año.

El colectivo sostuvo que la incertidumbre no se limita a pagos atrasados. También señala que los resultados de las convocatorias de 2026 permanecen sin publicarse, pese a que las organizaciones requieren planear sus programas, contratar personal y sostener la atención cotidiana a las comunidades.

Las organizaciones documentan retrasos desde diciembre de 2024

Tatiana Fraga, directora de Consejo Cívico, presentó una línea del tiempo sobre el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. La cronología registra convocatorias suspendidas, recursos anunciados y entregados de forma parcial, pagos pendientes y espacios de diálogo institucional que dejaron de sesionar con regularidad.

Consejo Cívico comenzó el seguimiento en octubre de 2025, cuando realizó llamadas a organizaciones para conocer el estado de los apoyos. El diagnóstico identificó que los recursos comprometidos no habían llegado de manera completa a las asociaciones beneficiarias.

El 13 de agosto, 83 organizaciones, cámaras empresariales y universidades suscribieron un desplegado público para exigir una respuesta de las autoridades estatales.

Las asociaciones participantes plantean que el conflicto no corresponde a una solicitud de apoyos nuevos. Sostienen que existen compromisos previos que el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, de cumplir conforme a la legislación y las reglas aplicables.

Advierten riesgos para la atención de personas con parálisis cerebral

Hugo Ramírez, director de recaudación de fondos y relaciones públicas de Nuevo Amanecer, expuso que el retraso afecta la capacidad operativa de la institución, dedicada a atender a niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, así como a sus familias.

“Al final del día, es el 30% de darle servicios, en el caso de Nuevo Amanecer, a niños y niñas con parálisis cerebral, que son de Nuevo León”, dijo Ramírez durante el encuentro, según el boletín de Consejo Cívico.

El representante de la organización sostuvo que el caso debe entenderse como una exigencia de derechos. “Tenemos que pensar en lo colectivo, no podemos permitir que este sea el primer año donde se quede esta situación en donde gobierno diga: ‘Pues no, no se va a poder otorgar un derecho’”, señaló.

Las organizaciones reunidas señalaron que han mantenido sus actividades y el acompañamiento a sus comunidades mientras esperan los recursos. El retraso, afirmaron, obliga a enfrentar gastos de operación sin certeza sobre las fechas de pago.

Comunidades indígenas también esperan recursos comprometidos

Carmen Farías, fundadora de Zihuame Mochilla A.C., afirmó que su organización enfrenta por primera vez el incumplimiento de un compromiso firmado después de realizar el trabajo acordado. La asociación desarrolla proyectos con personas y comunidades indígenas.

“Desde 2003 hemos tenido el apoyo de muchísimas personas, instancias y gobiernos y es la primera vez [que hay] compromiso firmado, trabajo realizado [y] alguien no cumple su compromiso”, dijo Farías.

La fundadora cuestionó que resultados vinculados con 2025 sigan sin traducirse en pagos. “No estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho, un derecho adquirido, un compromiso cumplido. Ahora al gobierno le toca cumplir”, expresó durante la sesión.

Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual A.C., conocida como GESSAC, resumió la preocupación de las asociaciones al señalar que los derechos reconocidos en la ley no siempre se garantizan en la práctica.

Consejo Cívico pedirá una audiencia con Igualdad e Inclusión y Tesorería

El 27 de agosto, Consejo Cívico envió un oficio y una carta a la subsecretaria Yireth Mendoza Zamora, representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, para invitarla a un diálogo conjunto con las organizaciones.

Según el boletín, la oficina de la funcionaria informó que existe disposición para reuniones individuales con cada asociación. La invitación a participar en un encuentro colectivo fue rechazada.

La Subsecretaría comunicó a Consejo Cívico que abrirá un enlace específico para dar seguimiento uno a uno a los casos. Las organizaciones solicitarán una audiencia pública con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y la Tesorería para revisar de manera conjunta los compromisos pendientes.

Consejo Cívico informó que entregará a la Subsecretaría una relatoría con la información y los testimonios expuestos por las 55 organizaciones durante el encuentro.