Guardia Nacional clasifica a la diputada Paola Gárate con “riesgo medio” y plantea trasladar su protección a Sinaloa

La Guardia Nacional clasificó a la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, con un nivel de “riesgo medio” y consideró que requiere continuar con medidas de seguridad, de acuerdo con una evaluación realizada por la corporación.

Pese a ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitó que el esquema que actualmente mantiene la legisladora deje de estar a cargo de autoridades federales y pase al Gobierno de Sinaloa.

La solicitud de la dependencia federal fue presentada el 27 de agosto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Sinaloa, dentro del juicio de amparo 895/2026. La petición buscaba modificar las medidas que habían permitido que Gárate contara con protección de la Guardia Nacional desde junio.

Sin embargo, la jueza Mariana Arámburo Rojo rechazó por ahora la solicitud de la SSPC, por lo que el esquema federal se mantiene mientras continúa el proceso judicial. La controversia se centra en quién debe hacerse cargo de la seguridad de la legisladora y bajo qué condiciones.

La evaluación de la Guardia Nacional mantiene la necesidad de protección

De acuerdo con los documentos difundidos por la representación legal de Gárate, la evaluación de riesgo fue realizada por la Guardia Nacional y concluyó que la diputada requiere un esquema de seguridad personal. La corporación, sin embargo, planteó que la protección pudiera ser proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa debido a que Gárate ocupa un cargo de carácter local.

La defensa de la legisladora cuestionó esta alternativa porque, según sus abogados, las medidas que las autoridades estatales habían proporcionado previamente consistían en rondines aleatorios en las inmediaciones de su domicilio. A su juicio, esas acciones no equivalen a un dispositivo permanente de protección personal.

La solicitud de la SSPC se produjo después de que la Guardia Nacional analizara los antecedentes de seguridad expuestos por Gárate. Entre ellos se encuentra la amenaza que recibió en junio, además de otros episodios de violencia que la legisladora incorporó a su evaluación de riesgo.

Una corona fúnebre detonó la solicitud de protección federal

La noche del 10 de junio, Gárate encontró frente a su domicilio, ubicado en Culiacán, una corona fúnebre con un listón que llevaba el apellido de su familia. La legisladora reportó el hecho a las autoridades y solicitó protección ante lo que consideró una amenaza de muerte.

La aparición de la corona llevó a un juez federal a ordenar medidas para proteger a Gárate y a sus familiares. En un primer momento, la legisladora señaló que el esquema no consistía en una vigilancia permanente y que la Guardia Nacional únicamente la acompañaba en determinados traslados o cuando se identificaba una situación específica de riesgo.

La discusión sobre su protección también ocurrió después de otros episodios que Gárate reportó ante las autoridades. En octubre de 2025 denunció el robo de su vehículo a manos de civiles armados y señaló ante la Guardia Nacional que en 2021 había sido privada de la libertad durante aproximadamente nueve horas en el contexto de las elecciones de ese año.

Durante la evaluación de riesgo, la diputada también mencionó el ambiente de violencia que prevalece en Sinaloa y expresó temor de sufrir una agresión por sus declaraciones contra el gobierno estatal y por los señalamientos que ha realizado sobre presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

La SSPC busca que el gobierno estatal asuma el resguardo

La controversia actual no plantea eliminar toda medida de seguridad para Gárate. La propuesta de la SSPC consiste en retirar el esquema federal y que la protección quede bajo responsabilidad de las autoridades de Sinaloa. La propia evaluación de riesgo, según los documentos difundidos por la defensa, mantiene la necesidad de que la legisladora cuente con medidas de protección.

La defensa de Gárate sostiene que existe una diferencia entre reconocer la necesidad de protección y trasladar el dispositivo a autoridades estatales. Los abogados argumentaron que los rondines ofrecidos por el estado no representan una protección personal permanente acorde con el nivel de riesgo identificado en la evaluación.

Por ahora, la decisión judicial impide retirar las medidas federales. La petición de la SSPC permanece dentro del juicio de amparo, mientras que la legisladora conserva el esquema de seguridad otorgado después de la amenaza recibida en junio.