
Mientras millones de personas siguieron los partidos del Mundial FIFA 2026, organizaciones civiles documentaron 21 episodios de contención y represión contra movilizaciones sociales en México. El registro expuso que el torneo aceleró prácticas de exclusión, desalojos, vigilancia y restricciones al derecho a protestar.
El informe Gritar GOL y gritar ¡JUSTICIA! Afectaciones a los derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026 señaló que el evento deportivo, realizado en junio de este año, no creó estos problemas, pero sí profundizó dinámicas que ya afectaban a sectores vulnerables.
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El documento fue elaborado por El Caracol, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” y el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), El Poder del Consumidor y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”.
Las organizaciones plantearon que las autoridades debían atender los hechos registrados durante el torneo y establecer medidas para evitar que futuros megaeventos implicaran desalojos, censura, uso excesivo de la fuerza o criminalización de personas que ejercían sus derechos.
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Dieciocho operativos ocurrieron en rutas hacia el Estadio Azteca
El monitoreo identificó 21 episodios de contención y represión contra movilizaciones sociales durante el Mundial. Dieciocho sucedieron en la Ciudad de México, principalmente en el corredor de Calzada de Tlalpan, una de las rutas de acceso al Estadio Azteca.
De acuerdo con el informe, las tácticas de contención se volvieron más frecuentes conforme avanzó el torneo. Los momentos con más intervenciones policiales coincidieron con los días de partido en la capital del país. El protocolo reportado incluyó zonas de exclusión, vallas, vehículos oficiales y barreras formadas por agentes. El encapsulamiento fue el recurso más utilizado para impedir el avance de las movilizaciones.
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Después aparecieron los actos de fuerza física, las amenazas y otras formas de intimidación. Las organizaciones señalaron que estos mecanismos restringieron la presencia de manifestantes en áreas cercanas a los recintos deportivos y en vialidades vinculadas con la operación del torneo.
Fueron dos las principales movilizaciones que salieron durante el Mundial y que fueron agredidas por las autoridades: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las madres buscadoras, pero también estuvieron presentes movilizaciones por desalojo y agresiones a periodistas.
El uso de gas lacrimógeno, balas de goma, petardos y explosivos se concentró durante la huelga nacional de la CNTE del 1 de junio y en la jornada inaugural del Mundial, según el estudio. De igual modo, estos hechos fueron cubiertos por la prensa y además difundidos en redes sociales.
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Los colectivos de familias buscadoras fueron el grupo que enfrentó con más frecuencia estas medidas de contención. Por su parte, el magisterio agrupado en la CNTE ocupó el segundo lugar en los registros.
El informe señaló una actuación diferenciada. Contra las familias buscadoras predominó la violencia para cercar o impedir el paso de las movilizaciones. En las acciones dirigidas a integrantes de la CNTE se documentó el uso de gas y proyectiles, además de robo de pertenencias y persecución.

El aumento de rentas acompañó la preparación de las sedes
La transformación urbana relacionada con las sedes mexicanas del Mundial también alcanzó a comerciantes informales, personas en situación de calle, niñez trabajadora y personas con discapacidad. En la Ciudad de México, la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la IBERO registró que 85% de los casos atendidos entre enero y junio de 2026 tuvo como antecedente un aumento de renta ligado a una amenaza de desalojo.
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Los casos se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Estas demarcaciones reunieron una parte amplia de la oferta de alojamientos temporales para visitantes. El reporte indicó que la oferta de inmuebles en plataformas digitales se duplicó entre 2020 y 2026 en toda la ciudad. En el perímetro del Estadio Azteca, el aumento llegó a 150% un día antes del partido inaugural.
En Guadalajara, el CEPAD documentó operativos para trasladar a personas en situación de calle desde sitios como el Palacio Federal y el Mercado Corona hacia zonas con menor exposición pública. El documento también refirió que durante 2025 fueron asesinadas al menos 15 personas en situación de calle en esa ciudad. En los primeros meses de 2026 se reportaron otros ocho homicidios, sin avances sustanciales en las investigaciones.
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Mujeres periodistas reportaron agresiones durante coberturas
Las organizaciones incluyeron en su balance agresiones físicas, detenciones arbitrarias, obstáculos para cubrir protestas y despojo de equipo contra periodistas y personas que documentaban las movilizaciones. El registro de CIMAC identificó 11 agresiones contra mujeres periodistas: nueve en la Ciudad de México y dos en Jalisco. Ocho de los casos fueron atribuidos a personas funcionarias públicas, principalmente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
Del total de agresiones, 54.55% sucedió durante manifestaciones. Otro 27.27% ocurrió en partidos y 18.18% durante operativos policiales, según el informe. El documento registró al menos seis casos con afectaciones directas al trabajo periodístico durante los despliegues de seguridad. También señaló la presencia de elementos antimotines sin identificadores visibles y de personas vestidas de civil que habrían actuado bajo instrucciones policiales.
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FIFA recibió exenciones fiscales sin información pública sobre beneficiarios
El informe cuestionó la orientación del gasto y los beneficios fiscales asociados con la organización del torneo. Las agrupaciones sostuvieron que esas decisiones no se alinearon con la Resolución Núm. 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre distribución equitativa de cargas fiscales y uso del presupuesto para garantizar derechos.
México fue el único de los tres países sede que concedió un régimen de exenciones fiscales de alcance nacional a la FIFA, sus subsidiarias y empresas vinculadas con el Mundial, de acuerdo con el reporte.
A la fecha considerada por el informe, la Secretaría de Hacienda no había revelado la identidad de las personas físicas y morales beneficiadas. La dependencia argumentó que esa información estaba protegida por el secreto fiscal.
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En Guadalajara, las organizaciones registraron una reorientación de recursos públicos hacia seguridad, inteligencia, videovigilancia y control territorial. El documento señaló que esas acciones trascendieron la preparación operativa del torneo y permanecieron como parte de la política pública estatal.
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