Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU en la red de Los Chapitos, no será destituido: su licencia vence en noviembre

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó este miércoles destituir al vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, uno de los diez funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Término de licencia o renuncia voluntaria

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que Castro Zaavedra permanece con licencia sin goce de sueldo, que ese permiso vence en noviembre de 2026 y que solo una renuncia voluntaria del propio funcionario podría adelantar su salida definitiva de la institución.

“La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró Sánchez Kondo a medios de comunicación en Culiacán.

La fiscal precisó que la Fiscalía estatal no cuenta con información oficial que confirme que la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) haya concluido. Mientras tanto, la Vicefiscalía General del Estado permanece bajo la conducción provisional de José Roberto Quiñonez Coronado, designado tras la separación temporal de Castro el 5 de mayo de 2026.

Sánchez Kondo también aclaró que desconoce el paradero actual de Castro, quien ya compareció ante la FGR en mayo pasado. La fiscal no proporcionó detalles sobre el avance de esa investigación ni sobre si existen nuevos requerimientos contra el funcionario.

Acusado por Estados Unidos y señalado en el caso Cuén

Dámaso Castro Zaavedra ocupaba el cargo de vicefiscal general de Sinaloa desde octubre de 2021 y es uno de los personajes con mayor exposición judicial dentro del grupo de diez funcionarios sinaloenses acusados por el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026.

El expediente S9 23 Cr. 180 lo señala de haber recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos a cambio de alertar al cártel sobre operaciones de la DEA, incluyendo qué laboratorios y miembros eran objetivo de investigaciones. En las listas de pago del cártel aparece bajo el nombre clave “Culiacán Regio”.

Los cargos formales en su contra incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. Dámaso Castro ha negado los señalamientos y compareció ante la FGR en mayo de 2026 para atender los requerimientos de la investigación federal.

La exposición del vicefiscal no se limita a la acusación estadounidense. También está en la mira por su actuación en el caso del asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Junto con la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez, sostuvo la versión inicial de que el homicidio ocurrió durante un intento de robo de vehículo en una gasolinera y respaldó la difusión de un video de una estación de servicio para sustentar ese relato.

La FGR atrajo la investigación, detectó múltiples irregularidades y determinó que el video de la gasolinera fue un montaje. La indagatoria federal demostró que Cuén fue asesinado en la misma finca donde se ejecutó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa trasladado a Estados Unidos en julio de 2024.

El caso de Dámaso Castro es uno de los nueve que permanecen sin resolución judicial firme en México dentro del grupo de funcionarios sinaloenses acusados por Washington. El único que está confirmado bajo custodia en Estados Unidos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente el 11 de mayo en Arizona y desde el 11 de agosto permanece fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, bajo resguardo en un domicilio no revelado mientras avanza su colaboración con las autoridades estadounidenses.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien encabeza la lista de acusados, solicitó una segunda licencia indefinida el 23 de agosto tras el rechazo político que generó su efímero regreso al cargo el 22 de agosto. El Congreso de Sinaloa aceptó por voto unánime su separación y designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.