Procesan a dos funcionarios por extorsionar a tres adolescentes migrantes en un albergue de Puebla

La Fiscalía General de la República llevó a proceso a dos servidores públicos por presuntamente extorsionar a tres adolescentes migrantes en un albergue de Puebla de Zaragoza, al solicitarles dinero a cambio de agilizar su retorno al país de origen y amenazarlos con prolongar su estancia en México si no pagaban. Los imputados, identificados como Amador “N” y Carolina “N”, enfrentan cargos por el delito de cohecho agravado.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando las tres víctimas se encontraban alojadas en un albergue provisional en Puebla de Zaragoza por contar con situación migratoria irregular. La amenaza apuntaba directamente a la vulnerabilidad de los adolescentes: su condición migratoria irregular los dejaba sin capacidad de negociación frente a quienes, en teoría, debían garantizar su protección.

Quiénes son los imputados y de qué se les acusa

Amador “N” y Carolina “N” se desempeñaban como personas servidoras públicas al momento de los hechos, según informó la FGR en su comunicado. La institución no precisó el área específica a la que estaban adscritos ni el monto del dinero presuntamente solicitado a las víctimas.

El delito imputado es el de cohecho agravado, previsto en el Artículo 222, fracción I del Código Penal Federal. Ese tipo penal se configura cuando un servidor público, por sí o por interpósita persona, solicita o recibe ilícitamente dinero u otro beneficio para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones. La condición de servidor público es precisamente el elemento que distingue esta figura del cohecho simple.

Cómo avanzó la investigación hasta la vinculación a proceso

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), fue la instancia que condujo la investigación. Tras reunir los datos de prueba suficientes, el MPF solicitó audiencia inicial para formular la imputación en contra de los dos servidores públicos.

En esa audiencia, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla dictó el auto de vinculación a proceso. La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la determinación judicial de que existen datos suficientes para continuar el proceso penal contra los imputados.

Las fiscalías especializadas detrás del caso

La FGR señaló que, ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes, actúa a través de dos instancias especializadas: la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR).

Ambas fiscalías tienen competencia documentada en delitos federales cometidos contra personas en contexto de migración. La FEMDH, en particular, ha intervenido en casos de retención irregular de migrantes en Puebla, entidad que en años recientes concentró varios señalamientos por el trato dado a personas en situación migratoria irregular en sus estancias y albergues.

El albergue de Puebla, escenario de la presunta extorsión

El albergue provisional en Puebla de Zaragoza donde ocurrieron los hechos funcionaba como espacio de resguardo para personas en situación migratoria irregular. Las víctimas, tres adolescentes, se encontraban ahí precisamente por esa condición, a la espera de la resolución de su situación legal y de su eventual retorno al país de origen.

Ese contexto de confinamiento y dependencia institucional es el que, según la investigación, aprovecharon los imputados para presionar a las víctimas. La promesa de acelerar el proceso de retorno a cambio de dinero, y la amenaza de retrasarlo en caso contrario, constituyen el núcleo del presunto cohecho. La FGR no precisó la nacionalidad de los adolescentes ni el monto específico que les fue solicitado. Tampoco informó si las víctimas llegaron a realizar algún pago.

Un patrón que la FGR busca combatir

El caso de Amador “N” y Carolina “N” no es aislado en el historial reciente de la FGR. La institución ha procesado a servidores públicos por cohecho en contextos migratorios en distintos estados del país.

En uno de los antecedentes más recientes, la FGR obtuvo en abril de 2026 la vinculación a proceso de dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Matamoros, Tamaulipas, identificados como Pelagio “N” y Edson “N”, luego de que un video en redes sociales los mostrara presuntamente solicitando dinero a connacionales mexicanos que regresaban desde Estados Unidos. En ese caso, la investigación la condujo la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), no la FEMDH.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, emitió en 2023 la Recomendación 158/2023 dirigida a la propia FGR, tras documentar la retención irregular de 27 personas migrantes, entre ellas tres adolescentes de nacionalidad hondureña, en la estancia migratoria del INM en Puebla, con señalamientos a servidores públicos de esa fiscalía.

La FGR subrayó en su comunicado que actúa “con rigor frente a cualquier probable responsable” en casos que involucren la vulneración de los derechos de quienes migran.