Polos del Bienestar en Puebla afectan a comunidades indígenas, acusa colectivo: señalan hostigamiento a defensores de agua

Las comunidades indígenas de San José Chiapa y la Cuenca Libres-Oriental en Puebla enfrentan una serie de afectaciones por la ejecución de los llamados Polos del Bienestar, que promueve el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

El colectivo señaló en un comunicado que estos proyectos se desarrollan sin respetar derechos fundamentales de las comunidades, como el acceso a la información, la consulta y la participación.

De acuerdo con Red TDT, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Futura Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla (PODECOBI) fue declarado inicialmente sobre una superficie de 275.2 hectáreas en los municipios de San José Chiapa y Nopalucan. Una nota aclaratoria modificó la extensión a 217.68 hectáreas.

En tanto, el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI) comprende 40.4280 hectáreas en San José Chiapa, según un acuerdo publicado el 2 de marzo de 2026.

La organización advierte que se trata de una transformación territorial de gran escala, con posibles consecuencias sobre el agua, los ecosistemas, la salud y las actividades agrícolas.

Asimismo, aseveró que el avance de los Polos ocurre sin mecanismos efectivos de consulta ni participación, y sin acceso completo a estudios y autorizaciones ambientales.

Exige detener imposición y hostigamiento

La Red TDT solicitó a los gobiernos federal y estatal detener cualquier proceso de imposición de los Polos del Bienestar que afecte derechos humanos, hasta garantizar plenamente mecanismos de consulta y participación.

Demandó que se haga público el acceso a la información ambiental y se transparenten los estudios, permisos y evaluaciones ambientales y sociales relacionados con los proyectos.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursso Naturales (SEMARNAT), el colectivo exige publicar la Manifestación de Impacto Ambiental y todos los instrumentos ambientales, además de informar sobre los impactos acumulativos en agua, suelo, aire, biodiversidad, salud y territorio.

Mientreas que a la Secretaría de Energía (SENER), le solicita transparentar los Manifestaciones de Impacto Social del Sector Energético y demás instrumentos sociales de los proyectos vinculados.

El llamado al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) es a publicar los criterios y estudios usados para determinar la existencia de pueblos indígenas afectados, y garantizar que ninguna determinación administrativa limite el derecho a la consulta indígena.

Preocupación por criminalización de la defensa del agua

La Red TDT pide al gobierno de Puebla, encabezado pro Alejandro Armenta, y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, cesar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o criminalización contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de San José Chiapa y otras personas defensoras.

Solicita abstenerse de usar el sistema penal para inhibir la protesta social y retirar cualquier despliegue policial que busque intimidar la organización comunitaria.

“No existe bienestar cuando el desarrollo económico se construye sin las comunidades; no existe justicia ambiental cuando se niega información; no existe participación cuando las decisiones ya están tomadas; y no existe democracia cuando se criminaliza a quienes defienden su territorio”, sostuvo la Red TDT.

La organización convocó a colectivos, pueblos, organizaciones campesinas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y sociedad civil a mantenerse vigilantes ante la situación en San José Chiapa y la Cuenca Libres-Oriental.

Llamó a organismos públicos de derechos humanos, instituciones nacionales e internacionales y mecanismos de protección a observar y documentar actos de hostigamiento, criminalización o violación de derechos humanos asociados a la defensa del territorio.

El colectivo exigió que no se convierta a San José Chiapa en “territorio de sacrificio en nombre del desarrollo” y recuerda que el Estado mexicano debe garantizar la compatibilidad de cualquier proyecto con los derechos humanos y ambientales.