María del Rosario, alias “La Señora” del CJNG, se declara culpable de tráfico de personas hacia EEUU

María del Rosario Navarro-Sánchez, alias “La Señora”, de 40 años y nacionalidad mexicana, se declaró culpable este jueves ante la justicia federal de Estados Unidos de tráfico de personas, tráfico de armas y suministro de apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado organización terrorista extranjera. Navarro-Sánchez operó una red criminal en la frontera de El Paso, Texas, que combinó el contrabando de personas con el tráfico de armas y metanfetamina para beneficio del cartel.

En la misma audiencia, su coacusado Gustavo Castro-Medina, de 29 años, también de nacionalidad mexicana, se declaró culpable de posesión con intención de distribuir metanfetamina y de conspiración para traficar armas de fuego. Ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La fecha de sentencia aún no ha sido fijada.

Cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La fecha de sentencia aún no ha sido fijada.

El caso de Navarro Sánchez tiene un peso simbólico para Washington que va más allá de la condena individual. La administración estadounidense lo citó en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 como el primer proceso donde la etiqueta de terrorismo aplicada al narco mexicano se tradujo en una acción real, binacional y exitosa. “La Señora” es, hasta ahora, la primera persona acusada formalmente en Estados Unidos de proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera bajo esa nueva figura legal.

Personas como engranaje del crimen organizado

El tráfico de seres humanos no fue un delito paralelo en esta operación: fue una pieza estructural del esquema criminal. Navarro Sánchez contrató traficantes de personas para introducir ilegalmente a individuos desde México hacia Estados Unidos, y al menos uno de esos individuos fue destinado a administrar sus escondites en El Paso.

En esas casas de seguridad, según documentos judiciales, se almacenaban armas de fuego y narcóticos. El contrabando humano sirvió para reclutar operadores locales que se encargaran de la logística del tráfico de drogas y armas en territorio estadounidense.

Navarro Sánchez admitió los cargos de conspiración para introducir extranjeros ilegalmente al país, junto con otros tres: posesión con intención de distribuir metanfetamina, conspiración para traficar armas de fuego y conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

El arsenal para el CJNG y la operación encubierta

A principios de agosto de 2023, Navarro Sánchez negoció con agentes encubiertos la compra de veinte fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre .50. El precio pactado fue de 66 mil dólares. Las armas estaban destinadas a ser entregadas a personas que las introducirían ilegalmente en México. Navarro Sánchez planeaba usarlas para facilitar el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos hacia Estados Unidos. Castro Medina, por su parte, también reconoció que el armamento sería exportado ilegalmente desde territorio estadounidense para facilitar delitos de narcotráfico.

Castro Medina actuó como intermediario financiero. Transfirió 3 mil dólares mediante transferencia bancaria como pago inicial. El 21 de agosto de 2023, dos cómplices de ambos acusados llegaron al punto de encuentro en El Paso para entregar los 63 mil dólares restantes en efectivo y tomar posesión de las armas.

Tras el intercambio, los agentes encubiertos entregaron el armamento y los cómplices fueron arrestados de inmediato por agentes que los aguardaban en el lugar. Castro Medina se declaró culpable de posesión con intención de distribuir metanfetamina y de conspiración para traficar armas de fuego.

El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta

Navarro Sánchez sabía, según los documentos judiciales, que el CJNG participaba en actividades terroristas: toma de rehenes, asesinatos y uso de explosivos y armas de fuego. Aun así, conspiró para proveer armamento al cártel.

La administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, junto con otros 19 cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Esa categoría convierte el apoyo al cartel en un delito federal de mayor gravedad y amplía las herramientas legales disponibles para los fiscales.

“La designación por parte de la Administración Trump del CJNG como organización terrorista extranjera, junto con otras 19 organizaciones criminales transnacionales y cárteles, nos otorga otra herramienta poderosa en nuestra lucha contra quienes anteponen sus ganancias a la vida y el bienestar de los demás”, afirmó el fiscal federal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas.

“La condena de Navarro Sánchez por brindar apoyo a una organización terrorista extranjera es una de las muchas que vendrán, mientras continuamos golpeando a estas organizaciones terroristas extranjeras donde son más vulnerables: sus bolsillos. Estoy muy orgulloso de nuestros fiscales federales adjuntos y de nuestros socios en el cumplimiento de la ley de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional por su trabajo para hacer posible esta condena”, agregó.

Antecedentes, extradición y agencias involucradas

El caso tiene un antecedente directo. En noviembre de 2020, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a Castro Medina mientras conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas. Una inspección secundaria del vehículo reveló paquetes ocultos bajo una trampilla no original, cubiertos de líquido de transmisión. El análisis confirmó que contenían 36,36 kilogramos de metanfetamina cristalina.

Navarro Sánchez, Castro Medina y sus cómplices fueron acusados formalmente en abril de 2025. El gobierno mexicano los transfirió posteriormente a Estados Unidos en virtud de su Ley de Seguridad Nacional.

La investigación estuvo a cargo del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso, con asistencia de la Patrulla Fronteriza. Los agregados legales de la ATF en Ciudad de México y la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) de México brindaron asistencia sustancial durante la investigación.

El caso fue respaldado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), principal iniciativa del Departamento de Justicia contra el tráfico y la trata de personas cometidos por cárteles, que acumula hasta la fecha más de 482 arrestos, más de 433 condenas en Estados Unidos y más de 369 condenas de prisión significativas impuestas.