Verificentros y gasolineras deben denunciar corrupción, pide Sheinbaum ante presunta red de extorsión en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los propietarios de gasolineras y verificentros del Estado de México presentar denuncias formales si han sido víctimas de actos de corrupción o extorsión por parte de servidores públicos.

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre la actuación de presuntas redes que habrían exigido pagos ilegales a empresarios para permitirles continuar con sus operaciones.

Sheinbaum señaló que las investigaciones deben partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, acompañada de los elementos probatorios disponibles. También recomendó a los afectados solicitar reuniones directas con los titulares de las fiscalías para garantizar que los casos sean atendidos y evitar un posible encubrimiento.

Sheinbaum pide acudir ante fiscales y entregar pruebas

El planteamiento surgió después de que un reportero expusiera la presunta existencia de otra estructura de extorsión que habría afectado a concesionarios de verificentros mexiquenses. Durante su intervención mencionó nombres de supuestos involucrados y afirmó que algunas personas señaladas habrían salido del país.

Sin embargo, Sheinbaum no confirmó las acusaciones ni se pronunció sobre las personas mencionadas. Su respuesta se concentró en la necesidad de que los empresarios conviertan los señalamientos públicos en denuncias formales para que las autoridades puedan abrir las investigaciones correspondientes.

La presidenta explicó que la difusión de un caso en medios de comunicación puede ayudar a hacerlo visible, pero no sustituye los procedimientos legales necesarios para investigar y, en su caso, ejercer acción penal.

“Se puede hacer a través de un medio de comunicación, pero los medios no son Ministerio Público. Tenemos que promover que se presenten denuncias”, expresó.

Agregó que este procedimiento resulta especialmente importante cuando los señalamientos involucran a funcionarios de gobiernos estatales o de alguna otra entidad pública.

En esos casos, consideró necesario que los empresarios afectados soliciten hablar personalmente con los fiscales responsables, además de presentar las evidencias que permitan sustentar sus acusaciones.

“Que pidan hablar incluso de manera personal con los fiscales, con las fiscales, para poder atender una situación, para que no haya ningún encubrimiento”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que cualquier nuevo señalamiento relacionado con el caso del Estado de México debe ser entregado a la Fiscalía competente para que ésta determine si existen responsabilidades penales.

“En este caso en particular, pues que se presente también la denuncia a la Fiscalía para que pueda hacer sus investigaciones”, concluyó.

¿Cómo operaba la presunta red de extorsión a verificentros del Edomex?

La respuesta de Sheinbaum ocurre después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) diera a conocer una investigación contra una presunta red integrada por servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal.

Según la información difundida por la Fiscalía, desde octubre de 2023 se habrían exigido cuotas ilegales a propietarios, administradores y encargados de centros de verificación vehicular.

Las investigaciones señalan que los presuntos operadores habrían solicitado inicialmente pagos de hasta 200 mil pesos mensuales por verificentro, aun cuando los establecimientos contaran con la documentación necesaria para funcionar.

Algunos concesionarios habrían acordado entregar cantidades de entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales, dependiendo del volumen de vehículos atendidos. Posteriormente, presuntamente se les exigió un pago adicional de 162 mil 500 pesos por centro, presentado como un cobro retroactivo.

Uno de los principales mecanismos de presión habría sido el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular, plataforma que podía ser desactivada a distancia desde el Centro de Control de la dependencia ambiental.

El bloqueo impedía que los verificentros continuaran prestando servicio. De acuerdo con las indagatorias, las suspensiones podían justificarse con supuestas irregularidades menores, como logotipos deteriorados, equipos sin actualizar o diferencias entre el momento de la revisión y las imágenes captadas por las cámaras.

Además, la entrega de hologramas habría sido condicionada al pago de las cuotas. Cuando los establecimientos agotaban los engomados autorizados, no podían seguir operando hasta recibir una nueva dotación.

Red pretendía recaudar más de 430 millones de pesos

La FGJEM también investiga una exigencia realizada en 2026 de 500 mil pesos por cada línea de verificación para tramitar revalidaciones de funcionamiento que presuntamente ya habían sido autorizadas desde 2024.

El Estado de México cuenta con 878 líneas activas distribuidas en 163 verificentros. Bajo ese cálculo, la estructura buscaba obtener más de 430 millones de pesos adicionales, sin contar los pagos mensuales que supuestamente ya cobraba.

Parte del dinero habría sido entregado en efectivo en oficinas y domicilios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Las reuniones presuntamente eran coordinadas mediante citas o accesos controlados con códigos QR.

Por estos hechos, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el pasado 10 de agosto. Seis días después quedaron vinculados a proceso: el primero por el delito de extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad. Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada y deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

Las investigaciones siguen abiertas, mientras el llamado de Sheinbaum busca que otros concesionarios de verificentros, gasolineras o establecimientos afectados aporten testimonios y pruebas que permitan identificar a todos los posibles responsables y determinar si existen otras redes de corrupción dentro de las instituciones públicas.