
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) recibió 15 mil 196 demandas durante 2026, entre las que destaca un aumento de controversias relacionadas con cobros por el suministro de agua, clausuras y verificaciones de establecimientos mercantiles.
Durante un encuentro con medios de comunicación realizado esta semana, el magistrado presidente del organismo, Andrés Ángel Aguilera Martínez, informó que el ingreso de demandas distintas a las multas de tránsito creció 15% en comparación con el periodo anterior.
El funcionario presentó los resultados de los primeros ocho meses de su gestión y destacó que el 31% de las demandas fue promovido mediante la Defensoría del Tribunal, área encargada de ofrecer orientación, representación y asesoría jurídica gratuita a las personas que buscan impugnar actos de las autoridades capitalinas.
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¿Qué asuntos puede resolver el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX?
El TJACDMX es el órgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias entre la ciudadanía y las autoridades administrativas de la capital. Entre los actos que pueden ser impugnados se encuentran multas, clausuras, verificaciones, cobros de agua y resoluciones relacionadas con determinadas prestaciones y pensiones.
“No somos una autoridad tradicional; somos una autoridad que hace que las autoridades cumplan lo que tienen que hacer y que defiende a la ciudadanía ante la arbitrariedad”, señaló Aguilera Martínez durante la reunión.
El magistrado presidente puntualizó que el Tribunal debe mantener su imparcialidad al estudiar cada expediente. Por ello, explicó que, “si las personas tienen la razón, su derecho será defendido; y si no la tienen, será defendida la actuación de la autoridad”.
Las multas de tránsito, que anteriormente representaban uno de los asuntos más recurrentes, registraron una disminución considerable. En contraste, han aumentado las inconformidades por:
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- Cobros relacionados con el suministro de agua.
- Clausuras de establecimientos.
- Procedimientos de verificación administrativa.
- Cálculo de pensiones de cajas de previsión.
- Otros actos emitidos por autoridades de la Ciudad de México.
De acuerdo con el Tribunal, parte del incremento en asuntos relacionados con establecimientos responde a una mayor vinculación con el sector empresarial. El convenio firmado con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) ha permitido que pequeños negocios y empresas familiares conozcan las opciones legales para inconformarse.
La organización empresarial agrupa a cerca de 60 mil afiliados, quienes pueden recurrir a la justicia administrativa cuando consideren que una clausura, sanción o verificación no se encuentra debidamente sustentada.
Controversias por pensiones mantendrán una tendencia al alza
Otro de los rubros atendidos por el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX corresponde a las controversias vinculadas con las cajas de previsión de integrantes de la policía y de trabajadores del Gobierno capitalino.
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Estas demandas se concentran principalmente en la revisión del cálculo de las pensiones. Aunque la administración de las cajas corresponde a otras instituciones, el Tribunal puede analizar la legalidad de las resoluciones reclamadas y determinar si las prestaciones fueron calculadas conforme a derecho.
Andrés Ángel Aguilera Martínez anticipó que esta clase de casos mantendrá una tendencia permanente al alza, debido al incremento en el número de personas jubiladas y a una mayor expectativa de vida.
Bajo ese escenario, cada vez más beneficiarios podrían acudir al órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de los montos otorgados o de las resoluciones emitidas por las instancias responsables de administrar sus prestaciones.
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Juicio en línea busca reducir tiempos y traslados
En materia de modernización, el magistrado presidente destacó la implementación del juicio en línea y el desarrollo del Sistema Digital de Juicios (SIDIJ v2), herramientas con las que se pretende facilitar la presentación y seguimiento de los procedimientos.
El sistema permite disminuir los tiempos de atención y evitar traslados de las personas usuarias a las instalaciones del Tribunal. Como parte de un esquema de colaboración institucional, la plataforma también será compartida con el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca.
La cooperación entre ambas instituciones busca ampliar la adopción de herramientas digitales y fortalecer el acceso remoto a la justicia administrativa en el país.
La digitalización forma parte del Plan de Gestión 2026-2028, que se encuentra organizado alrededor de tres ejes: fortalecimiento de la función jurisdiccional, justicia social y cercana a la población, así como administración eficiente y responsable del presupuesto.
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¿Cuándo llegará “El Tribunal en tu Alcaldía” a Coyoacán?
Además de las herramientas digitales, el TJACDMX puso en marcha el programa “El Tribunal en tu Alcaldía”, mediante el cual lleva orientación legal gratuita a distintos espacios públicos de la capital.
El lunes 24 de agosto se realizó una Jornada de Vinculación con la Sociedad en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de estas actividades territoriales, la institución ha atendido a más de 750 personas y otorgado más de 200 asesorías directas.
“Nuestro gran reto es que la gente sepa que el Tribunal es su aliado”, expresó Aguilera Martínez, quien señaló que incluso la mascota institucional, llamada “Tribuhito”, forma parte de la estrategia para explicar de una manera sencilla las funciones del organismo.
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La próxima Jornada de Vinculación con la Sociedad se llevará a cabo el 7 de septiembre en la alcaldía Coyoacán. Durante la actividad, la población podrá solicitar orientación sobre posibles actos irregulares de las autoridades y conocer las alternativas disponibles para presentar una demanda.
El Tribunal recordó que el acceso a la justicia administrativa no debe depender de los recursos económicos de los ciudadanos. Por ese motivo, su Defensoría proporciona asesoría y representación jurídica gratuita a quienes necesiten defenderse frente a una multa, clausura, cobro o resolución administrativa que consideren ilegal.
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