La Fiscalía General de la República destruyó más de 184 kilogramos de narcóticos como marihuana, cocaína y metanfetamina, además eliminó 806 objetos vinculados a actividades delictivas en el estado de Quintana Roo, en un operativo interinstitucional que reunió a las principales fuerzas de seguridad y defensa del país.
La incineración se realizó en las instalaciones de la 10.ª Brigada de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo (Zona Continental). El procedimiento contó con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Marina), y fue supervisado por agentes del Ministerio Público Federal y representantes del Órgano Interno de Control de la FGR para garantizar su apego a la normativa vigente.
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Más de 184 kilogramos de droga eliminados
El total de narcóticos destruidos ascendió a 184 kilos 422 gramos 970 miligramos, distribuidos en tres sustancias.
La marihuana representó la mayor parte del volumen incinerado, con 176 kilos 109 gramos 290 miligramos. Le siguió la cocaína, con seis kilos 54 gramos 780 miligramos, y la metanfetamina, con dos kilos 258 gramos 900 miligramos.
Las tres sustancias fueron sometidas al proceso de incineración conforme a los procedimientos establecidos por la normativa aplicable, bajo la verificación directa de peritos y funcionarios de control interno.
806 objetos del delito destruidos
Junto a los narcóticos, la FGR procedió a la destrucción de 806 objetos vinculados a actividades ilícitas decomisados en el estado.
El inventario incluyó cayucos, celulares, chalecos tácticos, una báscula, lámparas, bolsas, documentos, maletas, cajas, bidones, mangueras y cigarros, además de diversos artículos adicionales.
La variedad de los objetos destruidos refleja el alcance de los aseguramientos realizados en la entidad, que abarcaron tanto medios de transporte y comunicación como equipamiento operativo utilizado en actividades delictivas.
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Operativo legal con múltiples instancias
La coordinación jurídica del proceso estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Fiscalía Federal de Quintana Roo.
Estos funcionarios coordinaron la identificación de los bienes y realizaron las diligencias de conteo y pesaje necesarias para validar el procedimiento. La Policía Federal Ministerial (PFM) también participó en las labores de verificación, junto con peritos especializados.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR estuvo presente para constatar que cada etapa del operativo se desarrollara en estricto apego a la norma, desde el inventario hasta la destrucción final de los bienes.
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Aseguramientos producto de la coordinación y la denuncia ciudadana
Los narcóticos y objetos destruidos fueron resultado de una acumulación de aseguramientos logrados mediante el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
La FGR destacó también el papel de los ciudadanos, cuyas denuncias contribuyeron a la detección y decomiso de los bienes.
La variedad de los objetos destruidos refleja el alcance de los aseguramientos realizados en la entidad. Un patrón que se repite a nivel nacional
La FGR realiza incineraciones periódicas en todo el país. En agosto de 2026, la fiscalía destruyó más de tres toneladas 448 kilogramos de narcóticos decomisados en la zona noreste, que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esos materiales estaban vinculados a 587 carpetas de investigación.
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Opacidad en el proceso, según el OIC
Un informe del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, entregado al Poder Legislativo en enero de 2026, documentó irregularidades en al menos 294 eventos de incineración de drogas registrados durante el segundo semestre de 2025.
El documento advirtió además que la norma que regula el aseguramiento y destrucción de estupefacientes data de 1994.
Entre las fallas detectadas figuraron ausencia de estadísticas, inconsistencias en reportes y falta de verificación de equipos. El documento advirtió además que la norma que regula el aseguramiento y destrucción de estupefacientes data de 1994.
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