Prevención, registro de orfandad y capacitación: esto proponen modificar en la iniciativa de la Ley contra el Feminicidio

El Senado de la República inició el debate para modificar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio en México con la participación de especialistas, autoridades, familiares de víctimas y activistas colocaron en el centro demandas que buscan transformar la manera en que el Estado enfrenta la violencia feminicida.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y actualmente en análisis en el Senado previo a su discusión formal en el Congreso de la Unión, fue analizada por los espcialistas con propuestas que insisten en la prevención, el reconocimiento de la niñez afectada y la eliminación de la impunidad.

El fenómeno del feminicidio no es solo un problema penal ni un asunto aislado. Las voces reunidas en las mesas de diálogo convocadas por las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado coincidieron en que la violencia contra las mujeres es sistemática, tiene raíces estructurales y requiere respuestas profundas desde el Estado.

La urgencia, dijeron, es prevenir los feminicidios desde los primeros signos de violencia, no solo castigar cuando ya es demasiado tarde.

Prevención, registro de orfandad y una perspectiva de niñez

Las y los especialistas señalaron que la ley debe homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas; sin embargo, plantearon también la necesidad de establecer criterios uniformes para acreditar el delito, protocolos homologados de investigación y un lenguaje jurídico que incorpore perspectiva de género y derechos de la infancia.

En este marco, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal central del Estado de México, advirtió que el feminicidio infantil debe atenderse como una prioridad, ya que muchos agresores son personas cercanas a las víctimas y las condiciones en que ocurren estos crímenes son brutales.

Subrayó que la impunidad y la falta de protocolos claros permiten que muchos casos no sean perseguidos ni judicializados.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, propuso fortalecer 24 artículos y transitorios de la iniciativa con perspectiva de infancia y reparación integral.

Insistió en la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y en garantizar la restitución de derechos a las hijas e hijos de víctimas, incluyendo atención inmediata, salud, alimentación, apoyo psicológico y representación jurídica autónoma.

Villavicencio planteó que la pérdida de patria potestad del responsable no debe extinguir su obligación alimentaria y que sus bienes contribuyan a la reparación económica de las víctimas indirectas.

También propuso un protocolo nacional de atención para niñas, niños y adolescentes en orfandad, coordinado entre el Sistema Nacional DIF y el SIPINNA.

El feminicidio, crimen político y deuda del Estado

La antropóloga Marcela Lagarde señaló que el feminicidio es un crimen político que involucra relaciones de poder y oprobio en toda la sociedad. Planteó que este delito no debe abordarse solo como una violencia, sino como un fenómeno complejo que exige una respuesta política y democrática.

Lagarde llamó a que el respeto a la vida de las mujeres pase de la teoría a la acción política.

En el mismo sentido, Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada de la Fiscalía General de la República, advirtió que la ley debe construirse escuchando a quienes investigan, juzgan y acompañan a las víctimas, pero sobre todo a las familias que han aprendido a exigir justicia en medio del dolor.

Recordó que la obligación del Estado comienza mucho antes del feminicidio, en la prevención y la atención temprana de las violencias.

Capacitación y responsabilidad institucional

El debate resaltó la necesidad de capacitar y certificar a los servidores públicos que intervienen en la investigación y atención de feminicidios, dotándolos de altos estándares en derechos humanos y perspectiva de género.

Las y los participantes señalaron que la fragmentación actual del tipo penal dificulta la atención y propusieron homologar agravantes y penas, así como crear protocolos comunes para la investigación, atención y reparación.

La defensora de derechos de las mujeres Karla Micheel Salas recordó que la ley permitirá a México cumplir con sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos de Campo Algodonero, Digna Ochoa y García Andrade.

Explicó que estos precedentes establecen cómo debe actuar el Estado ante señales de riesgo, la búsqueda de desaparecidas y la protección de familiares de víctimas.

El especialista David Peña destacó que la impunidad en los feminicidios se agrava por la falta de personal, deficiencias institucionales, servicios periciales insuficientes y errores en la clasificación de casos.

Subrayó que la homologación del tipo penal y la creación de protocolos claros son fundamentales para evitar resistencias institucionales y garantizar el acceso a la justicia.

Piden participación social

Las modificaciones propuestas para la Ley General contra el Feminicidio buscan que la norma deje de ser una suma de buenas intenciones y se convierta en un instrumento real de protección, justicia y reparación.

Quienes participaron en el análisis coincidieron en que la ley debe funcionar en la realidad mexicana y ser capaz de transformarse, enriquecerse y adaptarse a las necesidades de las víctimas y sus familias.

La iniciativa, que será discutida en el Senado, incorpora demandas históricas: prevención desde el primer signo, registro de orfandad, capacitación institucional, homologación nacional y la voz de quienes acompañan y exigen justicia. El reto es que ninguna vida quede fuera del alcance de la protección del Estado.