Exfuncionario de Guadalajara denuncia a periodista que reveló contratos millonarios con empresas fantasma durante su gestión

El exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses de Guadalajara, Allan León Aguirre, denunció ante autoridades judiciales al periodista Jesús Patiño Olalde tras la publicación de investigaciones que exhiben contratos millonarios con empresas fachada durante su gestión. El proceso legal comenzó después de que el exfuncionario difundió un video en redes sociales donde anunció la presentación de una denuncia penal por publicaciones que consideró “sin fundamento legal”.

La denuncia incluye acusaciones de “acecho” y medidas preventivas de protección en favor del exfuncionario, entre ellas la prohibición para que el periodista se acerque a León Aguirre. Jesús Patiño confirmó la notificación judicial el 21 de julio de 2026, cuando recibió las restricciones impuestas por la autoridad competente. El señalamiento surge tras reportajes que documentan cómo el ayuntamiento de León, Guanajuato, otorgó contratos a empresas vinculadas a la familia de León Aguirre, incluida su esposa.

El video difundido por León Aguirre en junio de 2026 sirvió como anuncio público de la denuncia. El exfuncionario sustentó su demanda en publicaciones que considera presuntamente infundadas y en capturas de pantalla de conversaciones por Whatsapp. En dichas imágenes, el periodista solicita una entrevista para recabar su versión de los hechos, lo que fue presentado como evidencia de “acecho” ante la autoridad.

La denuncia también acusa a Jesús Patiño de sobrevolar un dron sobre el domicilio de León Aguirre, aunque el periodista niega hacer uso de estos equipos en su labor informativa. Las investigaciones que motivaron la acción legal refieren a una red de proveedores y contratos millonarios otorgados durante la administración municipal a familiares del exfuncionario.

Denuncia judicial busca inhibir investigaciones sobre contratos públicos

La organización Artículo 19 rechazó el hostigamiento judicial por la vía penal contra periodistas y advierte que este tipo de denuncias constituyen un pleito estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En este caso, la denuncia estaría dirigida a amedrentar o inhibir investigaciones sobre hechos de interés público, en línea con prácticas que buscan limitar el escrutinio a servidores públicos.

De acuerdo con Artículo 19, los estándares interamericanos sobre libertad de expresión establecen que los servidores públicos están sujetos a mayor escrutinio. Aunque León Aguirre renunció a su cargo en abril de 2026, las investigaciones periodísticas sobre su gestión mantienen vigencia y relevancia pública. La organización insiste en que la cobertura sobre la administración de Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, y la asignación de recursos públicos, son “discursos especialmente protegidos” por los marcos normativos en materia de libertad de expresión.

Libertad de expresión, derecho protegido ante acciones judiciales

Artículo 19 subrayó que, conforme al artículo 13.2 de la Convención Americana, toda limitación al derecho a la libertad de expresión debe cumplir con el llamado “test tripartito”: estar definida en una ley formal y material, ser precisa y necesaria en una sociedad democrática. Por ello, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato abstenerse de investigar o archivar el caso, pues “los hechos no constituyen un delito por estar amparados bajo el ejercicio legítimo del periodismo”.

La organización también demandó a los gobiernos municipales de Guanajuato condenar el uso de recursos públicos para hostigar a la prensa y reconocer la función de la labor periodística en la vigilancia del poder público. “La opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social, debiendo interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin, que es el bien público, social y general”, aseguró el organismo.