ARTICLE 19 México y Centroamérica promovió un juicio de amparo indirecto contra el Tribunal de Disciplina Judicial por incumplir las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
La organización acusa al órgano de no haberse registrado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, pese a que la legislación establece dicha obligación.
El reclamo ocurre en un momento clave para el nuevo Poder Judicial, cuya estructura comenzó a modificarse a partir de la reforma judicial de 2024.
Con esos cambios desapareció el Consejo de la Judicatura Federal y fueron creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
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Reforma de transparencia obliga a las autoridades judiciales
En marzo de 2025 se modificó la LGTAIP para establecer que las nuevas autoridades debían incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia.
El artículo 18 transitorio fijó un plazo máximo de 30 días naturales para que el Tribunal de Disciplina Judicial cumpliera con este requisito.
Sin embargo, ARTICLE 19 sostiene que, más de un año después, el órgano continúa sin habilitar esta vía para que la ciudadanía solicite información.
La ausencia del registro impide realizar trámites básicos y dar seguimiento formal a las peticiones.
Entre las consecuencias señaladas por la organización se encuentran:
- Imposibilidad de presentar solicitudes de información mediante la plataforma.
- Falta de un folio que permita identificar y rastrear cada petición.
- Dificultades para recibir respuestas formalmente válidas.
- Obstáculos para presentar recursos de impugnación ante una negativa u omisión.
La Ley General de Transparencia tiene como finalidad garantizar que cualquier persona pueda solicitar y recibir información pública sin necesidad de explicar las razones de su petición.
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Su aplicación alcanza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de otros sujetos que ejercen recursos públicos.
¿Qué establece la Ley General de Transparencia?
Uno de sus principios centrales es el de máxima publicidad, bajo el cual la información que poseen las instituciones públicas debe ser accesible, salvo las excepciones previstas por la legislación.
Existen datos que pueden clasificarse como reservados cuando su divulgación representa riesgos específicos, así como información confidencial, principalmente aquella relacionada con datos personales.
Además, las instituciones deben contar con unidades responsables de atender las solicitudes ciudadanas.
Para ARTICLE 19, estas reglas no pueden quedar suspendidas por procesos de reorganización institucional, ajustes administrativos o problemas de coordinación entre autoridades.
Nueva autoridad garante, otro reto para el Poder Judicial
La organización también cuestionó que la Autoridad Garante del Poder Judicial de la Federación haya comenzado a operar apenas en junio pasado. Este órgano tiene entre sus funciones revisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Judicial.
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Desde la perspectiva de ARTICLE 19, la puesta en marcha tardía de esta instancia evidencia que el nuevo modelo judicial comenzó a funcionar sin contar desde el inicio con todos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información.
La organización pidió al Tribunal de Disciplina Judicial, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Autoridad Garante y al Órgano de Administración Judicial que adopten medidas para corregir la situación y asegurar que el Tribunal opere dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.
ARTICLE 19 exige transparencia en la nueva estructura judicial
El amparo busca que el derecho de acceso a la información sea efectivo dentro del nuevo diseño institucional y que ninguna autoridad quede fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.
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ARTICLE 19 advirtió que la transparencia debe acompañar la creación y funcionamiento de las instituciones públicas desde el primer momento, particularmente cuando se trata de un órgano encargado de vigilar la disciplina judicial.
El litigio plantea así un desafío para la nueva estructura del Poder Judicial: garantizar que las obligaciones de transparencia no dependan de decisiones administrativas ni de que la ciudadanía tenga que acudir a los tribunales para obtener mecanismos básicos de acceso a información pública.
Para la organización, la rendición de cuentas debe formar parte del funcionamiento ordinario de las instituciones y no ser una medida que se active únicamente después de un conflicto legal.
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