Un servidor público en funciones del Ayuntamiento de Toluca y un exfuncionario municipal, identificados como Enrique “N” y Hugo Antonio “N”, fueron detenidos por su presunta participación en una red de extorsión que operaba contra comerciantes, a quienes presuntamente exigían pagos para evitar inspecciones, sanciones administrativas y la clausura de sus negocios.
La captura de ambos fue resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias ciudadanas que alertaron sobre presuntos actos de corrupción cometidos contra propietarios y encargados de establecimientos comerciales del municipio.
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Los dos hombres fueron asegurados durante un operativo realizado en la comunidad de San Lorenzo Tepaltitlán y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que determinará su situación jurídica.
Así presuntamente operaban
De acuerdo con las investigaciones, Enrique “N” y Hugo Antonio “N” intimidaban a comerciantes al asegurar que podían intervenir para evitar inspecciones, multas, sanciones administrativas o la clausura de sus establecimientos, siempre y cuando entregaran determinadas cantidades de dinero.
Las indagatorias establecieron que Enrique “N” se desempeñaba como servidor público adscrito al Departamento de Inspección y Control Comercial de la Dirección General de Gobernación del Ayuntamiento de Toluca.
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En tanto, Hugo Antonio “N” ya no formaba parte de la administración municipal. Sin embargo, presuntamente continuaba presentándose como integrante de esa misma área para participar en las extorsiones y dar mayor credibilidad a las amenazas dirigidas contra los comerciantes.
Las autoridades señalaron que la detención fue resultado del análisis de información, la recopilación de evidencias y labores de seguimiento que permitieron documentar la presunta forma de operar de ambos implicados.
La investigación inició tras denuncias de comerciantes
La investigación comenzó luego de que varios comerciantes denunciaran exigencias de dinero relacionadas con las actividades de inspección comercial.
Según las indagatorias, los ahora detenidos habrían aprovechado su presunto vínculo con el área encargada de supervisar la actividad comercial para convencer a las víctimas de que podían librarse de procedimientos administrativos a cambio de realizar pagos.
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Tras las detenciones, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción y advirtió que ningún servidor público podrá utilizar su cargo para obtener beneficios personales o afectar a la ciudadanía.
El gobierno municipal informó que continuará fortaleciendo las investigaciones para prevenir y combatir delitos como la extorsión y exhortó a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción o cobro ilegal por parte de funcionarios o de personas que se hagan pasar por ellos.
Enrique “N” y Hugo Antonio “N” permanecerán a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía mexiquense integra la carpeta de investigación y define su situación jurídica. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, ambos serán considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.
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Inspecciones comerciales: por qué los verificadores tienen capacidad para suspender actividades de negocios
La Dirección de Inspección y Control Comercial del Ayuntamiento de Toluca es la dependencia encargada de supervisar que los establecimientos cumplan con la normatividad municipal. Entre sus funciones se encuentran realizar visitas de verificación, revisar permisos y licencias, así como iniciar procedimientos administrativos cuando detectan irregularidades.
De acuerdo con los manuales de organización y procedimientos del municipio, durante las inspecciones los verificadores pueden levantar actas, ordenar medidas preventivas e incluso asegurar mercancía en los casos previstos por la normatividad aplicable, facultades que convierten estas revisiones en un proceso de alto impacto para comerciantes y propietarios de negocios.
Precisamente esa capacidad de iniciar inspecciones o advertir sobre posibles sanciones es la que, según la investigación, habrían aprovechado Enrique “N” y Hugo Antonio “N” para intimidar a comerciantes y exigirles dinero a cambio de no aplicar multas, inspecciones o clausuras.
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El caso también ocurre en un contexto en el que comerciantes de Toluca habían denunciado públicamente presuntos actos de corrupción y cobros irregulares relacionados con trámites e inspecciones municipales, acusaciones que derivaron incluso en denuncias penales contra funcionarios en años recientes.
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