
El estrecho de Ormuz parece geográficamente remoto para América Latina. Está entre Irán y Omán, a más de diez mil kilómetros de muchas de nuestras capitales. Sin embargo, basta observar el precio de la gasolina, el costo del transporte o la factura eléctrica para descubrir que, dentro del capitalismo global, las distancias geográficas importan mucho menos que las cadenas de dependencia.
Esta semana, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán volvieron a estancarse. El acuerdo interino alcanzado en junio pretendía detener permanentemente las operaciones militares y abrir un periodo de 60 días para negociar el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses.
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Duró poco. Washington y Teherán se acusaron mutuamente de incumplirlo; Donald Trump lo declaró terminado a principios de julio y ahora Irán condiciona la normalización del estrecho de Ormuz al cumplimiento de sus exigencias, entre ellas, algunas relacionadas con las sanciones y los activos congelados.
Ormuz, una arteria del capitalismo mundial
Pero Ormuz no es simplemente un estrecho. Es una arteria del capitalismo mundial. En el primer semestre de 2025 circularon por allí 20.9 millones de barriles diarios de petróleo y derivados, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petroleros y alrededor de una cuarta parte del petróleo comercializado por mar.
Además, pasaron 11.4 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado, más del 20% del comercio mundial de GNL. Las alternativas terrestres de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apenas podrían desviar alrededor de 4.7 millones de barriles diarios.
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La diferencia entre la normalidad capitalista y la crisis puede resumirse, todavía más brutalmente, en otro número. Antes de la actual guerra, circulaban por Ormuz aproximadamente 130 o 140 embarcaciones diarias. Este martes, Reuters registró apenas ocho, según datos de Kpler.
El barril de Brent rondaba este miércoles los 88.91 dólares, mientras la Agencia Internacional de Energía proyectaba que la oferta mundial de petróleo podría caer 4.3 millones de barriles diarios en 2026, lo que dejaría un déficit de alrededor de 1.27 millones de barriles diarios frente a la demanda.
El mercado también es una relación política
La lectura convencional de esta crisis dirá que estamos ante un problema de “seguridad energética”. Desde una perspectiva postmarxista, la pregunta debería ser distinta: ¿seguridad para quién?
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El petróleo no circula simplemente como energía. Circula como mercancía, como instrumento financiero, como fuente de renta, como mecanismo de coerción y como elemento fundamental para la construcción de hegemonía.
El poder estadounidense sobre el sistema financiero internacional permite convertir las sanciones, el acceso a los mercados, los activos congelados y las rutas comerciales en instrumentos políticos. Irán, por su parte, transforma su posición territorial sobre Ormuz en un contrapoder estratégico.
No estamos, entonces, ante un mercado neutral interrumpido accidentalmente por la política. El mercado es ya una relación política.
Aquí resulta útil la intuición postmarxista: la hegemonía no consiste únicamente en poseer fábricas, ejércitos o pozos petroleros. Consiste también en lograr que determinadas relaciones históricas de poder parezcan naturales.
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Nos acostumbramos a escuchar que “los mercados reaccionaron”, como si el mercado fuera un sujeto con emociones propias. Pero, cuando aumenta el precio del petróleo, alguien captura una renta extraordinaria; alguien especula con futuros; alguien traslada el aumento al consumidor; y alguien termina pagando más por el autobús, la electricidad o los alimentos. Ese último alguien rara vez está sentado en Wall Street.

América Latina paga la guerra que no decidió
La región no es marginal en este tablero. América Latina y el Caribe produjeron aproximadamente el 11% del petróleo mundial en 2025. Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Guyana y Ecuador concentraron alrededor del 87% de la producción regional, y aproximadamente el 46% del petróleo producido en la región terminó en mercados externos. China recibió cerca del 31% de esas exportaciones; Estados Unidos, el 18%; y la Unión Europea, el 15%.
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Esto significa que un petróleo caro puede beneficiar temporalmente las cuentas externas de exportadores como Brasil, Guyana, Colombia, Venezuela o Ecuador. Pero reducir el efecto latinoamericano a “más petróleo = más ingresos” sería repetir precisamente la lógica que debemos cuestionar. América Latina continúa atrapada en una paradoja histórica: exporta naturaleza e importa vulnerabilidad.

La región posee petróleo, gas, litio, cobre, alimentos, agua y biodiversidad, pero la propiedad de un recurso no equivale automáticamente a autonomía económica. Buena parte de nuestras economías continúa organizada alrededor de la extracción, la exportación y la obtención de divisas. Los precios se deciden internacionalmente, el financiamiento se encuentra altamente internacionalizado y las ganancias extraordinarias no necesariamente se transforman en salarios, infraestructura pública o soberanía tecnológica.
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Incluso dentro de una región productora existen profundas asimetrías. Mientras un exportador puede recibir más dólares por barril, las economías importadoras del Caribe y Centroamérica enfrentan el encarecimiento de los combustibles, el transporte marítimo y la generación eléctrica. El impacto termina trasladándose a los alimentos y los productos de consumo.
México muestra otra contradicción: América Latina produce enormes cantidades de hidrocarburos, pero el mercado regional de gas mantiene una fuerte dependencia externa. En 2025, aproximadamente el 59% de las importaciones latinoamericanas de gas natural procedió de Estados Unidos, fundamentalmente por los flujos destinados a México.
La crisis de Ormuz revela así algo más profundo que la vulnerabilidad energética. Revela la arquitectura desigual de la globalización.
Nos dijeron durante décadas que la interdependencia produciría paz. Pero la interdependencia, bajo relaciones profundamente asimétricas, también puede producir coerción.
Una sanción financiera en Washington, un ataque en el Golfo Pérsico o el paso de solo ocho barcos por Ormuz pueden modificar los costos de producción y consumo en Ciudad de México, Santiago, Bogotá o Santo Domingo.
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El capitalismo global socializa las crisis mientras privatiza buena parte de las ganancias. Cuando el precio internacional cae, a los Estados latinoamericanos se les exige austeridad porque disminuyen sus ingresos.
Cuando sube, los consumidores enfrentan inflación, mientras las empresas extractivas y financieras capturan rentas extraordinarias. En ambos escenarios, el resultado se presenta como una consecuencia inevitable de “los mercados”.
No lo es.
Existe una decisión política detrás del mantenimiento de economías dependientes de los combustibles fósiles. Existe una decisión política detrás de la falta de redes energéticas regionales suficientes. Existe una decisión política cuando los ingresos extraordinarios provenientes de las materias primas no se convierten en infraestructura, transporte público, ciencia o transición energética.
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De los recursos a la autonomía energética
La respuesta latinoamericana a Ormuz no debería consistir en elegir entre Washington y Teherán. Tampoco debería consistir en celebrar automáticamente el aumento del precio del petróleo porque algunos países exportadores puedan recibir más divisas.
Una mirada verdaderamente autónoma tendría que preguntarse por qué una región que representa alrededor del 11% de la producción petrolera mundial continúa siendo tan vulnerable a una crisis energética originada fuera de ella.
Tal vez la crisis de Ormuz sea, precisamente, una oportunidad para abandonar la idea de seguridad energética entendida solamente como la garantía de contar con más barriles. Seguridad también significa transporte público, diversificación, energías renovables, integración regional y capacidad estatal para impedir que una guerra distante termine convertida en inflación doméstica.
Porque Ormuz no demuestra solamente que el mundo necesita petróleo. Demuestra cuánto poder hemos permitido que una mercancía tenga sobre nuestras sociedades. ¿Cuántas guerras más tendrán que trasladarse al precio de nuestra comida y nuestro transporte antes de que América Latina convierta sus recursos en verdadera autonomía? ¿Y quién se beneficia de que sigamos llamando “mercado” a relaciones de poder que son profundamente políticas?
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