Información sobre fosas clandestinas en México es opaca tras desaparición del INAI, revela Artículo 19

La organización Artículo 19 aseguró que a un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) las respuestas de transparencia sobre las fosas clandestinas en México han sido más escasas, menos completas y menos útiles, para conocer la magnitud de la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país.

Por medio del informe Enterrar la verdad: Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, Artículo 19 señaló que la transparencia sobre las fosas clandestinas en México registró un retroceso entre 2024 y 2025.

El análisis señalado fue basado en solicitudes de acceso a la información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), y , de acuerdo con la información compartida, revela un deterioro en la cantidad y calidad de la información proporcionada con las autoridades.

Se señala que, entre los principales hallazgos, se destaca que las respuestas de buena calidad disminuyeron de 57.6% en 2024 a 39.3% en 2025, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de 27.3% a 39.3%. Aunado a esto, ocho fiscalías que habían proporcionado información en 2024 dejaron de hacerlo en 2025.

El informe, señala el texto, identifica un grupo de entidades donde la opacidad fue particularmente preocupante. El estado de Quintana Roo registró el mayor retroceso al pasar de una calificación perfecta a no entregar información útil. Por su parte, el estado de Baja California reservó por cinco años los datos sobre fosas clandestinas. Coahuila y Nayarit respondieron meses después, con cero fosas. Colima remitió a un enlace inactivo y Guanajuato canalizó a un portal sin información suficiente para identificar fosas clandestinas.

“A estos casos se suman Morelos, que acumula cuatro años consecutivos sin responder solicitudes; Hidalgo, que se declaró incompetente para proporcionar la información; Tamaulipas, que dejó de responder tras haber entregado datos en ejercicios anteriores; y Veracruz, que limitó el acceso mediante respuestas administrativas insuficientes", se señala.

El diagnóstico del estudio también documentó prácticas que restringen el derecho de acceso a la información, como la entrega de datos incompletos, el uso de enlaces inactivos, la ampliación injustificada de las causales de reserva y respuestas que trasladan a la ciudadanía la carga de reconstruir información que las autoridades deberían sistematizar y publicar de manera proactiva.

Olimpia Montoya, quien es parte del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato, durante la presentación del informe, dijo que la opacidad del Estado no permite que las familias tengan acceso a la información para buscar a sus seres queridos.

“Una herramienta puede ser la diferencia para encontrar a nuestros familiares. A pesar de la promesa del Banco Nacional de Datos Forense, hoy no es útil para nosotras”, dijo.

Por su parte, Penny Ramírez y Leslie Salazar, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señalaron que la omisión del Estado era doble, pues no solo obligaba a las familias a buscar a sus seres queridos con sus propias manos, sino que las condena a reconstruir la información que el gobierno en ocasiones se esfuerza por ocultar. “Desde 2017 se estableció la creación del Registro Nacional de Fosas y hasta hoy es una deuda cruel y una barrera directa contra la justicia”, se señala.

Por su parte, Pamela Benítez, de Data Cívica, explicó que la falta de información de calidad sobre fosas clandestinas limita la posibilidad de conocer la magnitud de la crisis forense en México. Además de que con ello, se traslada a la ciudadanía la responsabilidad de reconstruir información que el Estado debería generar, organizar y publicar de manera continua.

Jessica Alcázar, de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, sostuvo que es indispensable garantizar respuestas completas, claras y verificables. “El vacío institucional que persiste sobre la información pública relacionada con fosas clandestinas limita el derecho de acceso a la información y debilita la rendición de cuentas, particularmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde el Estado tiene una obligación reforzada de transparencia, principalmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.