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Suprema Corte ordena al gobierno de Sheinbaum emitir la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

El Máximo Tribunal establece un plazo de 180 días hábiles para expedir y publicar la norma pendiente

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La Suprema Corte indicó que el reglamento busca fortalecer la protección de los ecosistemas marinos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 10 de agosto que el Poder Ejecutivo Federal debe emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de fortalecer la protección de los ecosistemas marinos. El Máximo Tribunal fijó un plazo de 180 días hábiles para expedirlo y publicarlo.

De acuerdo con la SCJN, el caso surgió a partir de la demanda de una comunidad dedicada a la pesca de Veracruz, que sostiene que el reglamento es fundamental para proteger los ecosistemas de los que depende su actividad y forma de vida.

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En su resolución, el Pleno concluyó que contar con esa regulación fortalece la protección del derecho a un medio ambiente sano y de las comunidades que mantienen una relación directa con esos ecosistemas, según la SCJN. El asunto corresponde al Amparo en Revisión 100/2026.

Conapesca retiene 462 toneladas de producto pesquero ilegal en junio de 2026

Las retenciones y aseguramientos de pesca ilegal se registraron en Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. REUTERS/Jorge Luis Plata
Las retenciones y aseguramientos de pesca ilegal se registraron en Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. REUTERS/Jorge Luis Plata

La Conapesca retuvo 462 mil 550 kilos de producto pesquero ilegal durante junio de 2026 como parte de operativos para frenar la pesca ilegal y hacer cumplir la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, según informó el pasado 30 de julio la dependencia en un comunicado difundido por EFE.

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De acuerdo con la comisión, el resultado provino de 236 actas de inspección, 1 mil 137 verificaciones, 1 mil 216 recorridos terrestres y 236 trayectos acuáticos realizados en 19 estados del país.

Las retenciones y aseguramientos se registran en Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán, donde el producto se mantiene bajo resguardo de forma precautoria, según el reporte citado por EFE.

En el mismo balance, los oficiales federales de pesca reportaron el decomiso de 1 mil 436 artes de pesca, 24 vehículos, 17 embarcaciones menores y nueve motores, además del arresto de tres personas, según Conapesca.

La comisión añadió que los objetos y las personas quedaron a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a lo establecido en la LGPAS.

Por su parte, la Dirección General de Inspección y Vigilancia mantiene una línea telefónica disponible 24 horas, los 365 días del año, y una página web para recibir denuncias por pesca ilegal.

Suprema Corte atrae el caso por los cambios al programa urbano de Mahahual

La Suprema Corte votó por unanimidad ejercer la facultad de atracción en el caso de Mahahual. (ROYAL CARIBBEAN)
La Suprema Corte votó por unanimidad ejercer la facultad de atracción en el caso de Mahahual. (ROYAL CARIBBEAN)

La SCJN atrajo este 10 de agosto el caso sobre los cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, una decisión con la que definirá si esas modificaciones deben impugnarse como norma general o como acto administrativo y, con ello, qué vía de amparo procede, desde cuándo corre el plazo para demandar y quién puede acudir a tribunales.

Dicha determinación fue aprobada por unanimidad, según informó la propia Corte en un mensaje difundido en X y en el video de la sesión publicado en sus redes. El asunto no resuelve todavía la legalidad del proyecto turístico previsto para esa zona de Quintana Roo ni determina si puede construirse.

En la sesión, Daniel Álvarez Toledo, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte, expuso la pregunta jurídica que estudiará el pleno: cuando se impugnan cambios a programas de desarrollo urbano por la vía del amparo, debe definirse si esos ajustes son normas generales autoaplicativas o actos administrativos de efectos particulares. De esa clasificación depende también la forma de contar el plazo para presentar la demanda.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, sometió la solicitud a votación del Pleno y Álvarez Toledo informó el resultado unánime para ejercer la facultad de atracción. La decisión colocó en manos del Máximo Tribunal una discusión procesal que puede alterar el rumbo de los amparos promovidos contra el plan urbano de Mahahual.

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