
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rescató a 34 personas retenidas en el centro de rehabilitación contra las adicciones “La Tribu de Judá”, en el municipio de Chimalhuacán, donde los internos eran golpeados, sometidos a castigos físicos y alimentados con comida en estado de descomposición. En el operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, fueron detenidos dos encargados del lugar investigados por privación ilegal de la libertad.
El cateo se ejecutó tras una denuncia recibida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que solicitó y obtuvo de un juez la orden de técnica de investigación para intervenir el inmueble. Al ingresar, policías de investigación encontraron a 30 hombres y 4 mujeres, varios de ellos con lesiones visibles e infecciones en la piel.
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Golpes, castigos y comida echada a perder
La información recabada por la FGJEM durante la diligencia reveló un patrón sistemático de maltrato. Los internos eran golpeados de forma habitual y sometidos a castigos físicos que incluían permanecer de pie durante todo el día.

A eso se sumaba que los alimentos que recibían se encontraban en mal estado. Las condiciones documentadas apuntan a un entorno de sometimiento que se extendía tanto al plano físico como al cotidiano.
Las víctimas presentaban diversas lesiones al momento del rescate, así como infecciones en la piel, señales compatibles con las condiciones de encierro y maltrato descritas en la investigación.
El cobro para salir: 15 mil pesos por interno
Uno de los elementos que determinó la calificación del delito como privación ilegal de la libertad fue el esquema de cobro que operaba el centro. Según la información reunida por la FGJEM, las familias de algunos internos debían pagar 15 mil pesos para que sus seres queridos pudieran salir del lugar.
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La investigación se abrió precisamente a partir de una denuncia por ese delito. Con base en ella, la FGJEM solicitó ante un juez la orden de cateo que permitió el despliegue del operativo conjunto entre la Fiscalía, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Chimalhuacán.
Dos detenidos y el inmueble asegurado
Al momento del cateo, Ángel Ricardo “N” y Luis Alberto “N” fungían como encargados del centro. Ambos fueron detenidos en el lugar y presentados ante la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal.

La FGJEM precisó que los dos individuos deben ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana.
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Las 34 personas rescatadas fueron reintegradas a sus núcleos familiares y el inmueble quedó asegurado tras el operativo.
Aplicando la corrección del bloque Michoacán: elimino la referencia a Heraldo de México y mantengo únicamente la atribución al vicefiscal Israel Vega Rodríguez como fuente primaria.
El contexto nacional: anexos bajo la lupa
El caso de Chimalhuacán se produce en medio de una ofensiva de las autoridades mexicanas contra centros de rehabilitación que operan al margen de la ley. En Jalisco, las fiscalías realizaron 131 operativos entre enero y el 23 de julio de 2026, según informó la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo. Al menos 14 establecimientos fueron clausurados y en nueve de las intervenciones se detectaron casos vinculados a privación ilegal de la libertad o alguna actividad delictiva, con 10 personas detenidas o vinculadas a proceso.
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En Michoacán, la Fiscalía General del Estado detuvo a ocho personas, cuatro encargados y cuatro internos, por el homicidio de un hombre que fue atado a un pilar y golpeado hasta morir tras negarse a participar en una actividad deportiva, informó el vicefiscal Israel Vega Rodríguez. Los hechos ocurrieron el 27 de julio en un centro del municipio de Tarímbaro; el cuerpo fue abandonado en los alrededores de Copándaro para desviar las investigaciones.
En Sinaloa, un incendio en un centro de rehabilitación del sector Centro de Los Mochis dejó dos muertos y cinco personas con intoxicaciones por monóxido de carbono. Tres empleados del lugar fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva mientras la Fiscalía General del Estado investiga las causas del siniestro.
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