Alito Moreno califica de “persecución política” la captura del contador de su hermano y justifica denuncia contra el INE ante EEUU

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, escaló a nivel internacional su disputa con el Instituto Nacional Electoral (INE). A través de su cuenta de X, el también senador defendió la denuncia que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del organismo electoral, luego de que este le prohibiera calificar a Morena como “narcopartido”.

“Nuestra lealtad es con la ciudadanía”: la defensa de Moreno

En su publicación, Moreno rechazó que exista contradicción entre haber marchado en defensa del INE en el pasado y denunciar hoy su actuación. “Millones de mexicanos salimos a las calles (...) porque advertimos el riesgo de que el poder político capturara al árbitro electoral”, escribió, y acusó al oficialismo de “meter las manos” en una institución que, dijo, debería servir a los ciudadanos.

El priista fue más allá y calificó al gobierno como un “narcogobierno” que busca silenciar a la oposición, y reiteró que como legislador está protegido por el artículo 61 constitucional, que garantiza la inviolabilidad de los senadores por las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo.

El origen: una medida cautelar del INE

El conflicto arrancó cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, por unanimidad, procedente una medida cautelar contra Moreno y el PRI, tras una queja de Morena. La resolución obliga a retirar nueve publicaciones —cinco de la cuenta personal de Moreno y cuatro del PRI— en las que se usaron términos como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

Para el INE, estas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al vincular a Morena con el narcotráfico sin sustento probatorio. El organismo también rechazó una segunda petición de Morena —una tutela preventiva— por considerarla referida a hechos futuros inciertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había celebrado públicamente la resolución del INE, respaldando la decisión de impedir el uso del término “narcopartido”.

La denuncia ante EEUU y la Ley Magnitsky

De acuerdo con el documento difundido por el propio Moreno, la queja ante el Departamento de Estado busca que se revisen las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, con base en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, ley que permite a Washington imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas señaladas por corrupción o violaciones a derechos humanos.

Como antecedente, Moreno citó la sanción impuesta en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes, a quien —según su versión— se le revocó la visa por represión a la libertad de expresión. Esta información corresponde a la narrativa expuesta por el propio Moreno y no ha sido contrastada de forma independiente con fuentes oficiales estadounidenses.

Otros frentes legales anunciados:

• Impugnación ya presentada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
• Denuncias adicionales ante la ONU
• Quejas ante la OEA
• Recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)

El PRI busca “esquivar” la prohibición en redes

Horas después de conocerse la medida cautelar, la cuenta oficial @PRI_Nacional publicó imágenes con patrones visuales que, según ha circulado en redes, permitirían leer el término prohibido sin usarlo textualmente, acompañadas de la leyenda “¡Lo seguiremos diciendo!”. Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado sobre si estas publicaciones representan un incumplimiento de la medida.

Tampoco hay respuesta pública de los consejeros señalados ni indicios de que el Departamento de Estado haya aceptado tramitar la solicitud de Moreno.

Alejandro Moreno acusa “persecución política” tras detención de contador vinculado a su hermano

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como una “persecución abierta del Estado mexicano” la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador señalado como representante de empresas de su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. En entrevista con Azucena Aristegui, el priista afirmó que se trata de una “cacería contra los opositores” y sostuvo que “no tengo nada que ocultar” respecto al caso. Moreno responsabilizó directamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien cuestionó por permitir, según sus palabras, que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, utilice las fiscalías federales y estatales para perseguir a “servidores profesionales, contadores, abogados, familiares, colaboradores” cercanos a la oposición.

El dirigente priista describió el estado de Campeche como un “laboratorio de represión y venganza política de Morena” y afirmó que este tipo de operativos buscan “montar espectáculos mediáticos sin sustento jurídico”, a lo que denominó “terrorismo judicial”. Moreno también cuestionó la falta de acciones contra otros gobernadores, mencionando por nombre a Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y al dirigente de Morena, Mario Delgado, de quienes dijo que existe “protección” e “impunidad total”. Al ser consultado sobre si el exgobernador Ernesto Ruffo podría tener relación con el caso, el entrevistador señaló que se trata de la segunda detención consecutiva vinculada a figuras de oposición, ante lo cual Moreno respondió que no teme a las consecuencias porque “no tengo nada que ocultar”.