La reforma indígena pretende evitar que algunas comunidades “simulen lo que no son”, adelanta Hugo Aguilar Ortiz

La futura ley indígena reconocerá derechos plenos a la cuarta parte del país, de acuerdo con lo planteado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien sostuvo que la norma abrirá la puerta para que pueblos indígenas y afromexicanos sean tratados como sujetos de derecho público y ya no tengan que “simular lo que no son” para acceder a servicios o reconocimiento jurídico.

Ese cambio se discute mientras ya están en marcha las consultas sobre la iniciativa presidencial. Según La Jornada, las asambleas regionales comenzaron el pasado 7 de agosto, están dirigidas a 16 mil comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, y concluirán el 13 de septiembre.

Hugo Aguilar afirmó que el reto de fondo es que el Estado reconozca el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de esos pueblos, históricamente marginados. Desde su visión como integrante del pueblo mixteco y como titular del Máximo Tribunal, dijo que la ley general representa una oportunidad para romper con las “inercias estatales”.

“No se trata de incorporar a alguien, sino de abrazar esa diversidad. Este es otro reto, porque muchos van a decir ‘no, nos estás metiendo en un problema (con esta ley)’… Puede ser que sí, incluso que nuestros programas informáticos tengan que agregar una casilla, una hipótesis más. Implica una gran reforma a nuestra forma cotidiana de atender la realidad del pueblo, pero cercana a lo que realmente ocurre”, dijo al diario.

Consulta sobre la ley concluirá el 13 de septiembre

La SCJN fue invitada por el Ejecutivo federal a participar como observadora en el proceso de consulta. Aguilar Ortiz rechazó que esa tarea convierta al tribunal en juez y parte frente a posibles impugnaciones futuras contra la legislación, porque su papel, explicó, se limitará a escuchar a las comunidades, tomar nota de sus planteamientos y elaborar un informe al final.

“Tampoco vamos a hacer un juicio de valor, o sea, no vamos a decir a la gente apruébenla o no la aprueben”, sostuvo el ministro. Añadió que el conocimiento reunido en este ejercicio servirá como acervo para la Corte y como material para enriquecer el análisis de eventuales controversias relacionadas con la ley.

Aguilar Ortiz vincula la reforma con la deuda legal del México independiente

En la entrevista, el ministro sostuvo que en más de 200 años del México independiente no ha existido una ley que otorgue reconocimiento pleno a los pueblos que integran la nación. A su juicio, esa ausencia legal obligó a muchas comunidades a encajar en figuras ajenas a su organización real para poder acceder a derechos, servicios o personalidad jurídica.

Como ejemplo, mencionó el caso de una comunidad que compró autobuses pero tuvo que constituirse como sociedad anónima para obtener la concesión de transporte. Para Aguilar Ortiz, la futura norma debe terminar con esa distorsión y adecuar el marco jurídico a la realidad de un sector que representa una cuarta parte del país.

“Creo que ese es el objetivo (de la futura ley), que un marco jurídico acorde con la realidad y para nuestra realidad, que no esté obligado un sector amplio –porque estamos hablando de la cuarta parte del país– que tenga que simular lo que no es para ser atendido por el régimen jurídico. Esto yo creo que se tiene que acabar”, declaró a la publicación.

Presidente de la Corte liga la ley al EZLN

El ministro también vinculó la iniciativa con una ruta de cambios abierta desde el conflicto zapatista. Recordó que el levantamiento del EZLN en 1994 colocó los derechos indígenas en el centro del debate nacional y señaló que él mismo integró en 1996 el cuerpo asesor del movimiento para la redacción de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena.

“El levantamiento zapatista generó un eco importante en el país, puso en los primeros temas del debate nacional y en lo personal abrigaba esperanzas de que ahí fuera el parteaguas para los pueblos. No fue así, la reforma constitucional de 2001 no reconoció a los pueblos como sujetos de derecho y se quedó en una expectativa. De hecho, de 2001 a 2011 la reforma fue prácticamente letra muerta; con la reforma en materia de derechos humanos adquirió un poco más de relevancia”, narró.

Para Aguilar Ortiz, el punto de inflexión llegó con la reforma al artículo segundo constitucional de 2024. Según explicó, ese cambio reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y abrió la posibilidad de construir un sistema jurídico más incluyente.

“Está ganando terreno una nueva perspectiva. Sigue habiendo resistencias, veo yo, pero cada vez va ganando más terreno la posibilidad de que los indígenas y los pueblos y las comunidades tengan una presencia real en la vida del país, que formen parte del proyecto del país y obviamente que formen parte de la acción cotidiana de las instituciones y la Corte no queda exenta de ese mandato”, enfatizó.