Desapariciones de personas indígenas rebasan los registros oficiales: documentan 152 casos en siete estados

El número de personas indígenas desaparecidas podría ser considerablemente mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contiene información sobre 21 personas pertenecientes a pueblos indígenas, una investigación comunitaria documentó 152 casos en siete estados.

La diferencia fue identificada por Voces del Territorio, una organización civil que recopiló información directamente en comunidades de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora. De acuerdo con la organización, sólo 13.8% de los casos que logró documentar tiene presencia en los registros oficiales consultados.

El contraste no sólo evidencia un problema de registro. También muestra las dificultades que enfrentan las familias para encontrar información y acceder a mecanismos de búsqueda después de una desaparición.

En 47.7% de los casos, los familiares señalaron que realizan la búsqueda por cuenta propia, sin acompañamiento ni recursos institucionales. En otro 20.5% reportaron que ni siquiera se realizó una búsqueda de la persona desaparecida.

Además, 77.8% de las familias consultadas dijo no tener información sobre lo ocurrido.

La investigación fue realizada mediante 152 encuestas y 45 entrevistas a profundidad en 26 municipios. Oaxaca concentra la mayor cantidad de casos, con 102, seguido de Puebla, con 18; Chiapas, con 12; Sonora, con 11; Guerrero, con siete, y Chihuahua, con dos.

La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 30 años

Entre los casos documentados por Voces del Territorio destaca la edad de las personas desaparecidas. 46.7% tenía entre 18 y 30 años, por lo que los jóvenes representan el grupo más numeroso dentro de la consulta.

La organización presentó estos resultados en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a pocas semanas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la iniciativa, la diferencia entre los casos identificados en las comunidades y los registrados oficialmente dificulta conocer la dimensión de la violencia que ocurre en regiones indígenas y rurales.

El problema no termina con la ausencia de un registro. La consulta encontró que, en numerosos casos, las familias tampoco cuentan con información suficiente para reconstruir lo ocurrido o continuar una búsqueda.

El miedo puede impedir que una desaparición llegue a las autoridades

La ausencia de denuncias es uno de los elementos que las comunidades relacionan con el subregistro.

Los testimonios recopilados señalaron a distintos actores como posibles responsables de las desapariciones. En 39 casos se señaló al crimen organizado, mientras que en 19 se mencionó a policías municipales, en 17 a autoridades estatales y en 14 a autoridades federales, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas.

Estos datos corresponden a los testimonios recogidos por Voces del Territorio y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre la responsabilidad de los hechos.

Anabel Flores, mujer yaqui e integrante de los procesos de documentación, explicó que algunas familias no presentan denuncias por temor a posibles represalias o porque desconfían de las autoridades.

Según su relato, en algunos casos los familiares han recibido amenazas para evitar que hablen sobre las desapariciones. El temor, dijo, alcanza también a quienes intentan acompañar a las familias.

La organización también identificó dificultades relacionadas con el desconocimiento de los procedimientos para denunciar y exigir una búsqueda. En algunas comunidades, señaló Flores, no existen herramientas suficientes para conocer cómo iniciar o dar seguimiento a un proceso institucional.

La consulta registró además 21 casos en los que hubo consecuencias fatales para personas cercanas a las víctimas, entre asesinatos y encarcelamientos, de acuerdo con los testimonios recopilados.

La desaparición también afecta la organización de las comunidades

Los testimonios recogidos por Voces del Territorio muestran otro elemento que aparece de manera recurrente: varias de las personas desaparecidas participaban en procesos comunitarios de defensa del territorio.

La organización señaló que entre las víctimas había líderes comunitarios o integrantes de pueblos que participaban en acciones relacionadas con la defensa de sus tierras y que, en algunos casos, se oponían a determinados proyectos.

Anabel Flores sostuvo que esta coincidencia resulta relevante porque varias de las desapariciones ocurrieron en regiones donde también existen procesos de transformación territorial.

Oaxaca es nuevamente el principal punto de referencia. Además de concentrar 102 de los 152 casos documentados, el estado alberga proyectos de infraestructura de gran escala, entre ellos el Tren Interoceánico.

Flores señaló que ambos fenómenos ocurren de manera paralela, aunque aclaró que la coincidencia temporal y territorial no permite establecer que el proyecto sea responsable de las desapariciones.

Desde la perspectiva de la iniciativa, la violencia contra integrantes de las comunidades puede tener un efecto que va más allá de la víctima y afectar las estrategias colectivas de defensa territorial.

“Somos un obstáculo grande para empresas y crimen organizado”, afirmó Flores al describir la percepción de algunos pueblos sobre las amenazas que enfrentan.

Voces del Territorio considera que uno de los patrones identificados es el intento de debilitar las estructuras comunitarias mediante distintas formas de intimidación.

Las agresiones también se trasladaron al entorno digital

La investigación incluyó además un análisis sobre las nuevas formas de violencia que enfrentan los pueblos indígenas en espacios digitales.

Aunque persisten brechas en el acceso y uso de tecnología en distintas comunidades, la organización encontró que internet también se ha convertido en un espacio donde pueden presentarse agresiones relacionadas con intereses políticos, empresariales y del crimen organizado.

Ante estas situaciones, algunas comunidades han desarrollado mecanismos propios para proteger su información y mantener sus procesos de organización. Entre ellos están los medios de comunicación autónomos, controles comunitarios sobre la información y estrategias colectivas para responder a ataques.

Para Voces del Territorio, las amenazas, agresiones físicas, ataques digitales, desapariciones y asesinatos forman parte de distintas expresiones de violencia que pueden limitar la defensa territorial y la participación política de los pueblos indígenas.

El siguiente paso de la iniciativa será promover un diálogo entre comunidades para construir propuestas y mecanismos de prevención desde los propios territorios.

El objetivo es que las desapariciones puedan ser identificadas y documentadas desde las comunidades y que las familias cuenten con mayores herramientas para exigir búsquedas, incluso en aquellos casos que hasta ahora no aparecen en las estadísticas oficiales.