
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que existen indicios contundentes de la presunta implicación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la destrucción de evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Luego de que se informó la detención de Aguirre Rivero por su probable participación en el ocultamiento de pruebas, la fiscal general detalló que se trataba de grabaciones del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, en el que se observaba la detención por parte de policías municipales y estatales del autobús en el que se trasladaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2026.
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La unidad Estrella de Oro con número 1531 fue videograbada por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado, en el momento exacto cuando era detenido; sin embargo, las versiones oficiales señalaron que el material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero las indagatorias permitieron comprobar que era falso.
Testigos señalaron a Ángel Aguirre de haber ordenado que se ocultaran las grabaciones

La fiscal general detalló que en enero de 2026 un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregárselas de manera directa a Ángel Aguirre Rivero, además de que acusó haber recibido amenazas “que explicaban su silencio previo”.
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En mayo del mismo año, un segundo testigo protegido señaló al exgobernador de haber ordenado en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno a desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en Iguala.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, aseguró Godoy.
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Los delitos de los acusa la FGR al exgobernador

Derivado de lo anterior, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.
Cabe señalar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, entre ellos la desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia en Iguala.
Fue en mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que el exgobernador difundió un comunicado en el que negó tener alguna responsabilidad en la desaparición de los materiales y aseguró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.
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Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, pero tras la indignación y controversia que causó el caso, renunció a su cargo. Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos, represión y violencia.

Debido a la presión pública que provocó la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque intentó en 2018 postularse como diputado federal, finalmente abandonó la precampaña.
El caso está a poco más de un mes de cumplirse 12 años, en los que familiares de los 43 normalistas no han dejado de exigir justicia y que se esclarezcan los hechos; sin embargo, también han dicho haber sido abandonados luego de que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se les prometió una respuesta.
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