Especialista alerta sobre nuevas reglas para radio y tv: insuficientes contra desinformación y podrían incentivar autocensura

Los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, con los que se busca regular a los medios de comunicación, han intensificado la confrontación entre el gobierno y la oposición, que acusa la intención de censurar a la prensa bajo el argumento de combatir la desinformación.

En este escenario,la doctora Grisel Salazar, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana, adviertió que la propuesta resulta insuficiente para enfrentar la desinformación y podría incentivar la autocensura en los medios.

La especialista sostiene que, aunque los objetivos de los lineamientos —garantizar información verificada, proteger derechos de las audiencias y combatir la desinformación— generan consenso, deben analizarse en un contexto de debilitamiento institucional.

Destaca la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano sin autonomía constitucional y subordinado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Poder Ejecutivo federal.

Salazar cuestiona la independencia de la CRT, pues será la instancia que decida en controversias cuando los defensores de las audiencias de radio o televisión resulten insuficientes.

La investigadora advierte que el debate no debe limitarse a las sanciones previstas, sino a la facultad de intervención de la autoridad reguladora y las garantías de imparcialidad.

Señala que, en experiencias previas, las consultas públicas han dejado fuera las observaciones de especialistas, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de la participación anunciada.

Salazar también cuestiona que la preocupación gubernamental por proteger a las audiencias no vaya acompañada de una política integral de fortalecimiento de la libertad de expresión y protección a periodistas.

Señaló como antecedentes el debilitamiento de instituciones de transparencia y el entorno adverso para medios críticos.

La propuesta es considerada desfasada, ya que se concentra en radio y televisión, mientras que la mayor parte de la información y la desinformación circula en plataformas digitales y redes sociales, fuera del alcance de la regulación.

Además, fenómenos como las conferencias matutinas de la Presidencia no encuentran definición en el marco vigente.

Aunque las sanciones se dirigen a concesionarios y no a periodistas, Salazar advierte que pueden generarse efectos indirectos: las empresas tenderían a prevenir sanciones limitando el periodismo de investigación y promoviendo la autocensura.

Herramientas como los defensores de audiencias, los códigos de ética o las etiquetas para distinguir opinión de información no bastan para enfrentar la desinformación.

La especialista concluye que el reto real está en fortalecer la alfabetización digital y la capacidad crítica de las audiencias, y no solo en imponer nuevas reglas administrativas.

Consulta pública

En junio pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en radio y televisión.

Los lineamientos buscan garantizar derechos como recibir información veraz, distinguir entre noticia y opinión, y asegurar la accesibilidad para personas con discapacidad.

El debate ha generado críticas, pues sectores acusan al gobierno de intentar censurar o controlar contenidos mediáticos, mientras la administración federal niega que los lineamientos busquen sancionar a la prensa y asegura que los propios medios serán responsables de vigilar sus contenidos.

La consulta está abierta hasta el 21 de agosto de 2026 y cualquier ciudadano puede participar a través del sitio oficial de la CRT: https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15

Es necesario registrarse, leer los documentos y enviar comentarios u observaciones.

Los lineamientos aún no están vigentes ni publicados en el Diario Oficial, por lo que pueden ser modificados con base en la consulta.

Entre las obligaciones para los medios está la implementación de un Código de Ética y la designación de una persona defensora de las audiencias.