El Congreso de Veracruz votará este miércoles 5 de agosto si retira el fuero a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, una decisión que, de alcanzar la mayoría requerida, permitiría a la Fiscalía General del Estado ejercer acción penal en su contra.
La sesión extraordinaria fue convocada por la Diputación Permanente y reunirá a los 50 integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso de Veracruz, según Imagen del Golfo. Los dictámenes se discutirán y votarán por separado.
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Para aprobar cada declaración de procedencia se necesita el respaldo de las dos terceras partes del Congreso. Si esa votación se concreta, cada presidente municipal perderá la inmunidad procesal.
La declaración de procedencia no define culpabilidad penal
El procedimiento que llegará al pleno no establece responsabilidad penal de los ediles. El Congreso solo resolverá si existen elementos para retirarles el fuero y permitir que enfrenten el proceso correspondiente.
La Comisión Permanente Instructora resolvió que “ha lugar a proceder” en ambos casos. Con esa determinación concluyó el análisis de las solicitudes y turnó al pleno la decisión final sobre el posible desafuero.
Dicha comisión fue presidida por Facundo Fernández de la Cruz y estuvo integrada por Ramón Díaz Ávila como secretario y Felipe Pineda Barradas como vocal. El órgano revisó las carpetas de investigación, los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas.
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Los dos alcaldes comparecieron el jueves 30 de julio en las audiencias de pruebas y alegatos realizadas en la sala Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. Bravo Montero acudió por la mañana y González Martínez por la tarde.
La FGE investiga dos casos distintos contra los alcaldes
En el caso de Raúl González Martínez, la investigación lo señala como presunto autor intelectual en la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
De acuerdo con la indagatoria presentada ante el Congreso, el alcalde habría pedido a un presunto integrante de un grupo delictivo que privara de la libertad a la comunicadora después de enterarse de que supuestamente tenía una fotografía en la que aparecía con un arma de fuego.
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La defensa rechazó ese señalamiento. Sostuvo que la acusación se basa en la declaración de un testigo que no presenció la supuesta conversación y agregó que la fotografía mencionada por la Fiscalía no está incorporada a la carpeta de investigación.
En el expediente de Bertín Bravo Montero, la solicitud de desafuero está relacionada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, registrada el pasado 14 de mayo. Ambos fueron vistos por última vez después de acudir a un inmueble vinculado con el alcalde en Barra de Chachalacas.
La Fiscalía busca establecer qué ocurrió después de su llegada a ese sitio y si el presidente municipal tuvo participación en los hechos, de acuerdo con el diario. La defensa negó vínculos del edil con organizaciones delictivas y afirmó que el encuentro referido por la Fiscalía estuvo relacionado con una operación de compraventa de adoquín.
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También cuestionó los informes de telefonía por diferencias en horarios y ubicaciones registradas. A eso sumó señalamientos sobre presuntas omisiones en la integración del expediente.
Roxana Berenice Guzmán fue sepultada el pasado 7 de julio en Nanchital, Veracruz, después de que su secuestro y asesinato derivaran en la detención de ocho presuntos implicados y en una investigación que, según la SSPC, sigue abierta para capturar a más personas.
La periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue localizada sin vida 24 días después de que un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpió en su casa y se la llevó por la fuerza el pasado 2 de junio. Entre los detenidos están cuatro presuntos integrantes de Grupo Sombra o Mafia Veracruzana y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
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