Las denuncias por despojo en el Edomex crecieron casi 9% en un año y ya superaron las 7 mil

La Operación Restitución de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México superó las 7 mil denuncias por delitos de despojo y contra la propiedad en poco más de un año de operaciones, con mil 452 inmuebles devueltos a sus legítimos dueños, 478 personas detenidas y acciones desplegadas en 83 municipios de la entidad.

Más de 7 mil denuncias y 2 mil 307 inmuebles asegurados

Hasta el 29 de julio de 2026, la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la FGJEM había recibido 7 mil 18 carpetas de investigación. De ese total, el 50.54% derivó en el aseguramiento de inmuebles o se encuentra en condición de serlo.

Del universo de propiedades intervenidas, 2 mil 307 fueron aseguradas: mil 852 casas habitación, 422 predios y 33 inmuebles de uso comercial. De ese conjunto, 1,452 ya fueron restituidos a quienes acreditaron su legítima propiedad, mil 192 casas habitación, 257 predios y tres locales comerciales.

El ritmo de las restituciones equivale, en promedio, a una familia mexiquense que recupera la certeza jurídica de su propiedad cada ocho horas.

Qué es la Operación Restitución y quiénes participan

La Operación Restitución surge como parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, a través de la Unidad Especial de la FGJEM. En ella participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del estado, la propia FGJEM y policías municipales.

Las acciones operativas se han desplegado en 83 municipios, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Bravo y Zumpango, entre muchos otros a lo largo de la entidad.

Por qué no todas las denuncias avanzan penalmente

Del total de carpetas de investigación, el 38.72% fue descartado tras un análisis jurídico por no ser viable en la vía penal. Esos casos corresponden a disputas civiles o familiares sobre herencias o sucesiones, o a situaciones en las que el denunciante no logró acreditar su derecho de posesión o propiedad.

El 5.56% de los expedientes se resolvió mediante acuerdo reparatorio, y en el 1.28% se determinó el no ejercicio de la acción penal.

El respaldo de la Suprema Corte y el aumento de denuncias

El 20 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia que reconoce la facultad del Ministerio Público para devolver bienes asegurados a la parte ofendida durante la investigación, sin que ello vulnere derechos humanos ni invada funciones judiciales. El criterio establece que dicha medida busca restituir derechos a quien acredite la propiedad o posesión, sin resolver de forma definitiva sobre la titularidad del inmueble.

Ese marco jurídico, sumado al despliegue operativo, impulsó un incremento del 8.75% en las denuncias entre los periodos abril 2024–abril 2025 y abril 2025–abril 2026. En el primer lapso se registraron 5 mil 085 denuncias; en el segundo, 5 mil 530, es decir, 445 casos más.

478 detenidos, 53 de ellos objetivos prioritarios

A través de la operación, autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron a 478 personas: 404 en flagrancia y 74 mediante órdenes de aprehensión. Todas se encuentran en distintas etapas procesales ante autoridad judicial.

Entre los capturados figuran 53 sujetos identificados como objetivos prioritarios. Destacan Hugo Francisco “N”, líder de la organización “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder de “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, al frente del grupo “Los 300” y/o “Unión 300 A.C.”; José Luis “N”, de la “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille”, y Gulliver Cándido “N”, de “Los Gulliver”.

También fueron detenidos Juan Manuel “N”, integrante del grupo “Los Mayas”, y Ulises “N”, de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON). Varios de estos sujetos enfrentan proceso penal por el delito de extorsión, además de los cargos relacionados con el despojo.