
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) inició su Colecta anual de útiles escolares 2026 para reunir material destinado a niñas, niños y adolescentes en Jalisco cuyos padres o madres fueron víctimas de feminicidio o desaparición forzada. La organización mantiene abierta la campaña hasta el 8 de agosto, con la meta de facilitar que las y los estudiantes continúen con su educación en el próximo ciclo escolar.
La convocatoria se enfoca en respaldar el derecho a la educación de menores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a la violencia contra las mujeres y las desapariciones, a través del acceso a materiales indispensables para el inicio de clases, según el propio comité.
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Quienes decidieron sumarse pueden hacerlo de tres formas: al apadrinar una lista de útiles escolares proporcionada por las familias beneficiarias, mediante donaciones económicas o con la entrega directa de útiles nuevos en los centros de acopio habilitados. Para los aportes en dinero, la organización indicó que se realizaron por transferencia bancaria con el concepto “Donación”.
Los centros de acopio se ubican en Guadalajara y en San Pedro Tlaquepaque. Entre los puntos señalados están Savia Alquímica, El Komalito Guisados Veganos, Monaladona Sabrosura Vegana, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia y Galería Ajolote. Cladem informó que las direcciones y los horarios de recepción se consultaron en la convocatoria difundida por la organización.
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- La colecta reune útiles para hijas e hijos de víctimas de feminicidio y desaparición forzada en Jalisco.
- La campaña estuvo abierta hasta el 8 de agosto y contempló apadrinamiento, donación económica o entrega de útiles nuevos.
- Los centros de acopio operaron en Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, con sedes específicas indicadas en la convocatoria.
Ley General de Feminicidio en México: envían al Congreso iniciativa para homologar investigación y sanciones
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.

Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.
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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recordó que actualmente cada estado tiene sus propias normativas para la investigación del feminicidio, así como diversas sanciones y agravantes, lo cual genera irregularidades en los procesos de investigación.
“Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios.
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“Las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, explicó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.
A esto se suma, según la funcionaria federal, la falta de mecanismos de información, de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica.
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Alcalde Luján indicó que la iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso de la Unión, sin precisar a qué cámara.
¿En qué consiste la propuesta para crear la Ley General de Feminicidio?
La iniciativa homologa el tipo penal, al establecer que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.
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Asimismo, se establecen 10 razones de género, entre ellos que haya signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.
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¿Cuáles serían las sanciones?
La propuesta fija una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes para aumentar la sanción en distintas circunstancias.
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