El fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, emitió un comunicado sobre los avances en el caso de Dafne Zapata, la menor de 13 años que falleció dentro de un instituto militarizado tan solo dos días después de haber ingresado.
A través de un video publicado en redes sociales, el fiscal del estado aseguró que las investigaciones continúan y aclaró que “cualquier dato técnico o información dada a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales o por cualquier otra vía, no ha sido, desde luego, proporcionada por esta Fiscalía”.
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La declaración del fiscal se produce en medio de una creciente presión social y denuncias públicas de la familia de la víctima. Govea Orozco afirmó que la investigación avanza bajo el protocolo de feminicidio y que el análisis se centra en el contexto del deceso, descartando que la indagatoria esté dirigida hacia los aspectos administrativos de la academia militarizada donde ocurrieron los hechos.
El fiscal enfatizó que la fiscalía no ha difundido información técnica ni ha autorizado la circulación de datos sobre el caso, por lo que pide a la sociedad atender solo a los comunicados oficiales.
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La madre de la adolescente denuncia la ausencia de detenidos y la falta de resultados concretos en la indagatoria, mientras la Fiscalía de Tamaulipas asegura que el proceso avanza y que la información oficial será comunicada conforme avance el procedimiento.

Irregularidades en instituto militarizado han sido ignoradas
Alejandra Quintos, madre de la menor, manifestó públicamente que ha recibido información sobre presuntos malos tratos recurrentes en instituciones militarizadas y convocó a otras familias a presentar sus experiencias.
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La madre detalló que varias personas le han narrado prácticas como la sumersión forzada y los castigos físicos, además de que algunos testimonios refieren que los alumnos eran obligados a golpearse entre sí o a consumir sustancias para soportar los entrenamientos.
Quintos insistió en el riesgo de que los responsables puedan salir del país y pidió acciones urgentes para evitarlo. Según su reconstrucción, la adolescente ingresó al campamento en buen estado de salud y sufrió un deterioro progresivo que le fue reportado por el personal de la academia a través de llamadas y mensajes, pero nunca recibió una receta médica ni evidencia de atención profesional.
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Fiscalía ignora acusaciones de tortura por otros estudiantes
El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, defendió la reserva informativa sobre el fallecimiento de la menor y subrayó que la fiscalía no ha difundido información técnica sobre el caso.
El funcionario insistió en que la indagatoria avanza hacia una nueva etapa procesal, enfocada exclusivamente en el contexto en que sucedió el deceso: “Las investigaciones han permitido a esta fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima”.
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Dejó claro que la investigación no se centra en el funcionamiento administrativo de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sino en las circunstancias específicas del fallecimiento, a pesar de las acusaciones de tortura que han surgido después de este lamentable hecho.
“La investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron”.
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En ese sentido, el fiscal reiteró que la fiscalía comunicará avances únicamente en la medida en que el debido proceso lo permita. Sostuvo: “En la medida de lo conducente y siempre cuidando el debido proceso, se darán a conocer a la opinión pública avances del caso”.
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