Arely de 10 años fue abusada por adolescente de 13 años que intentó matarla al tirarla de puente en Zacatecas

La agresión contra Arely, 10 años, en Tabasco, Zacatecas, dejó a la niña hospitalizada en estado grave y abrió un proceso penal contra un adolescente de 13 años por feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, aunque la ley vigente impidió que fuera privado de la libertad por su edad. El ataque ocurrió el 10 de julio, cuando la menor salió de la escuela y fue interceptada en el municipio; días después, el caso provocó exigencias de justicia en la comunidad.

La menor fue trasladada de urgencia en un helicóptero Black Hawk desde el Hospital Comunitario de Tabasco al Hospital General de Zacatecas por la gravedad de las lesiones. En un primer reporte oficial se informó que se encontraba estable, aunque delicada, pero después la familia y autoridades reportaron un estado reservado y crítico.

El adolescente quedó vinculado a proceso el 13 de julio y continuó sujeto a medidas de supervisión y seguimiento. La Fiscalía de Zacatecas sostuvo que la disposición legal que impidió su internamiento no significó impunidad.

La agresión ocurrió cuando la niña salió de la escuela en Tabasco

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incluida en el caso, Arely salió de la escuela cuando el adolescente la interceptó y se la llevó por la fuerza hacia un puente. Después la aventó y la arrastró hasta una huerta o un predio ubicado en un arroyo, donde fue abandonada inconsciente.

Otro niño de la comunidad observó parte de lo ocurrido y alertó a los habitantes. Vecinos iniciaron la búsqueda y siguieron un rastro de sangre hasta localizar a la menor con lesiones graves.

Durante una marcha realizada en el municipio, habitantes difundieron una versión según la cual la niña habría sido arrojada desde un puente y después arrastrada varios metros por un vehículo. Esa versión difirió de la información que había circulado al inicio del caso.

Guadalupe Muñoz, una de las personas que participó en la localización, explicó que hubo un momento en que el rastro desapareció y por eso pidieron apoyo a más vecinos. Minutos después encontraron a la menor y la llevaron al hospital del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desplegó ese 10 de julio un operativo de apoyo aéreo para concretar el traslado urgente. Arely ingresó después al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció en terapia intensiva e intubada.

La ley impidió que el adolescente fuera enviado a prisión

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que el adolescente fue sujeto a proceso penal, pero precisó que pertenece al Grupo Etario 1 previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esa norma estableció que los menores de entre 12 y menos de 14 años no pueden recibir medidas privativas de la libertad.

Por esa razón, el presunto agresor quedó bajo custodia y resguardo institucional, pero no detenido en prisión. La autoridad indicó que el procedimiento continuó conforme a derecho y que el menor quedó a disposición de las medidas que determinara la autoridad competente.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del SEDIF asumió el resguardo del adolescente en un espacio distinto a la Casa Hogar para Jóvenes. El titular de la institución, Álvaro García Hernández, explicó que fue alojado en otra sede para proteger también a quienes viven en ese albergue.

García Hernández añadió que se esperaba la determinación judicial sobre si el menor permanecería en alguno de los albergues de la Procuraduría. También señaló que el juzgador definiría si requería atención psicológica o psiquiátrica para evitar la repetición de conductas como las que motivaron el caso.

La asistencia social al adolescente podía extenderse durante varios meses mientras la Fiscalía concluía la investigación y reunía elementos para determinar su responsabilidad penal. El funcionario también dijo que la comunidad estaba alterada por la forma en que ocurrieron los hechos y porque al parecer existían indicios de otras agresiones.

El caso desató indignación social y coincidió con una propuesta federal sobre feminicidio

La agresión provocó un ambiente de enojo en Tabasco y en redes sociales comenzó a circular la fotografía del adolescente. También aparecieron comentarios de personas que hablaban de buscarlo para hacer justicia por su cuenta.

En el municipio se realizó una marcha multitudinaria en la que participaron familias, niñas, niños y otros habitantes para exigir justicia y un castigo ejemplar. La movilización ocurrió mientras la niña seguía hospitalizada y el proceso penal avanzaba bajo las reglas aplicables a adolescentes.

En paralelo, el 15 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa para homologar las sanciones por feminicidio en México. La propuesta fijó penas de 50 a 70 años de prisión, según las agravantes, aunque solo para personas mayores de edad y todavía debía ser revisada por el Congreso federal.

La Fiscalía de Zacatecas informó además que mantuvo coordinación con instancias especializadas para brindar atención integral a la víctima y a su familia. En esas acciones participaron la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas.

La institución también estableció comunicación con Beatriz Olívar Espinal, responsable del programa federal Reconecta con la Paz. Mediante ese esquema, el adolescente fue incorporado a un proceso sociocognitivo orientado a su reintegración integral.

• Arely, de 10 años, fue atacada el 10 de julio en Tabasco, Zacatecas, y permaneció hospitalizada en estado grave tras sufrir agresión física y sexual.

• El adolescente de 13 años fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, pero la ley impidió que fuera privado de la libertad por su edad.

• El caso derivó en marchas y exigencias de justicia, al tiempo que el gobierno federal presentó una iniciativa para establecer penas de 50 a 70 años por feminicidio en adultos.